El juez que instruye el 'caso Bárcenas', Pablo Ruz, ha decidido este lunes imponer una fianza civil de 8 millones de euros al extesorero de Alianza Popular (AP) Ángel Sanchis, colaborador del también extesorero popular Luis Bárcenas en la trama de blanqueo de dinero que investiga la Audiencia Nacional. Esta cantidad serviría para cubrir la responsabilidad civil que podría derivarse en un futuro juicio.
En un auto dictado este martes, el juez sostiene que Bárcenas utilizó la cuenta que la sociedad Brixco, propiedad de Sanchis, mantenía en el HSBC de Nueva York para "ocultar sus fondos de procedencia indiciariamente ilícita".
Así, Bárcenas habría dado instrucciones para transferir tres millones de euros de la cuenta de la Fundación Sinequanon, vinculada a Bárcenas, en el Dresdner Bank de Ginebra hasta este depósito en Estados Unidos. Sanchis atribuye este movimiento a un préstamo para sus negocios en Argentina.
Ruz acuerda el comiso de los bienes que provengan del delito y las ganancias que se hubiera obtenido tras constatar que Sanchis pudo haber cooperado para "ocultar el verdadero origen del dinero así como su real propietario e incluso repatriar una parte de los fondos a España a través de distintas operaciones y diversas sociedades".
Salida y entrada de seis millones de euros
Ruz, que eleva el dinero evadido por Bárcenas con ayuda de Sanchis a seis millones de euros y le suma la tercera parte establecida en la ley para fijar la responsabilidad civil en ocho millones, acuerda el comiso de los bienes que provengan del delito y las ganancias que se hubieran obtenido en estas operaciones.
Además, da un plazo de diez días al extesorero de AP para que formalice esta fianza, que podría alcanzar con el saldo de las cuentas de TQM Capital y las acciones que resultan necesarias de La Moraleja, la productora de cítricos en Argentina propiedad de la familia Sanchis.
Cuando se culmine esta operación, que evitaría el embargo, el juez anuncia su intención de desbloquear las cuentas de La Moraleja, tal y como el propio Sanchis reclamó en un escrito que presentó el pasado 15 de octubre. En concreto, el extesorero ofrecía como aval 7.585.978 acciones de sus empresas familiares, que estarían valoradas en más de 27 millones de euros.
