Un sospechoso muy bien informado. Ángel Ojeda Avilés, el exconsejero de la Junta de Andalucía detenido el pasado 4 de agosto como creador de un entramado de empresas que presuntamente acaparó de modo irregular millonarias ayudas para impartir cursos para parados en esta comunidad, tenía en su poder cuando fue arrestado la fotocopia de un informe policial secreto sobre la investigación que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) había realizado sobre sus actividades. El hallazgo provocó la sorpresa de los agentes, pero sobre todo su alarma ya que dicho documento era de circulación restringida y había sido remitido meses antes a un juzgado de Sevilla por la Fiscalía de Málaga dentro de la llamada 'Operación Edu'. La copia intervenida al expolítico contaba, precisamente, con el escrito del ministerio público con el que fue enviado a los órganos judiciales de la capital andaluza, por lo que las sospechas sobre la supuesta filtración se centran en el ámbito judicial, según reconocen a Vozpópuli fuentes jurídicas.
El documento filtrado estaba al alcance de muy pocas personas ya que el juez de Sevilla que lo recibió en mayo aún no había abierto diligencias con él y, por tanto, no había abogados personados en la causa
El informe había sido elaborado por los agentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la UDEF durante la investigación que había destapado en la provincia de Málaga un fraude de 1,5 millones de euros supuestamente cometido por 17 empresas en una única convocatoria de formación para desempleados. En el transcurso de las pesquisas, la Policía encontró numerosos indicios de que las irregularidades en dichos cursos no se limitaban a dicha provincia y que se extendían por el resto de la comunidad. Uno de esos hilos llevaba, precisamente, a Ojeda Avilés. Cuando la Fiscalía malacitana recibió los informes, decidió separar las pesquisas sobre el exconsejero de las que iba a llevar al Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga con el fraude de las 17 empresas. El pasado mes de mayo, las remitió a Sevilla, ya que diversos datos contenidos en las mismas apuntaban a que las supuestas actividades delictivas del exconsejero de la Junta se habrían cometido en esta provincia.
El documento terminó en el Juzgado de Instrucción número 16 de la capital andaluza, cuyo titular, el magistrado Juan Gutiérrez Casillas dirige otras pesquisas sobre corrupción en esta comunidad. En concreto, el 'caso Invercaria'. Sin embargo, la investigación ha quedado paralizada en los cuatro meses transcurridos desde entonces. El responsable: el fiscal Anticorrupción de Sevilla que se ha hecho cargo de esta pieza separada del 'caso Edu', Fernando Soto Patiño, quien no ha pedido por el momento que se abran diligencias. Un estancamiento que hace, precisamente, que el documento hallado en poder de Ojeda Avilés se encontrase desde entonces al alcance de muy pocas personas. Al no haber sumario abierto, no hay personado ningún abogado ni se ha comunicado judicialmente al exconsejero andaluz. La Policía se pregunta por ello cómo pudo llegar a sus manos.
Un segundo documento en su poder
El informe confidencial de la UDEF no fue, sin embargo, el único documento de las investigaciones sobre el exconsejero andaluz encontrado durante el registro de su vivienda. En la misma carpeta que el primero, los agentes hallaron una copia del auto que la juez sevillana Mercedes Alaya había dictado el pasado 16 de julio dentro de otra causa abierta por ella por el fraude de los cursos para parados. En aquel escrito, con el que se imputaba al también antiguo integrante del Gobierno andaluz Antonio Fernández, la magistrada mencionaba expresamente hasta seis empresas de Ojeda Avilés tras constatar supuestas irregularidades en la subcontratación de actividades formativas para desempleados. Sin embargo, la presencia de este segundo documento en el registro de la vivienda del expolítico no alarmó a la Policía ya que el mismo hacía semanas que se había comunicado a las partes personadas en aquella causa e, incluso, su contenido había transcendido a los medios de comunicación.
La presencia de ambos documentos entre los papeles intervenidos al exconsejero fue hecha constar por la UDEF en la diligencia de registro que se remitió al titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz, Miguel Ángel López Marchena, que es quien dirigió la detención el pasado 4 de agosto de Ojeda Avilés dentro de la llamada 'Operación Óscar'. Sin embargo, este documento y toda la causa pasarán posiblemente en breve a manos de la juez Mercedes Alaya después de que su colega gaditano, con el apoyo de la Fiscalía provincial, haya decidido inhibirse en favor de ella. Queda por saber si entonces se investigará la filtración del informe secreto.
