El 'rostro humano' de la corrupción. La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, destaca en un escrito que uno de los 32 detenidos en la 'Operación Enredadera' por el amaño de contratos públicos presuntamente recibió como 'mordida' un viaje a EEUU para que su mujer pudiera ser tratada de la grave dolencia que padecía. Se trata, en concreto, de Cristóbal Pérez Martínez, segundo teniente de alcalde del PP en el Ayuntamiento de La Carolina (Jaén) y al que la magistrada acusa de prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho. Según detalla en su escrito, el edil supuestamente cobró entre noviembre de 2010 y julio del año siguiente cerca de 39.000 euros de la trama cuyo epicentro era la empresa sevillana Fitonovo SL. De esta cantidad, aproximadamente 3.000 euros corresponden al importe del desplazamiento que el concejal y su mujer hicieron a Detroit entre el 19 y el 26 de julio de 2011 en busca de un tratamiento médico para ella.
Alaya acusa al ya exconcejal 'popular' de los delitos de "prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho" por recibir cerca de 39.000 euros en 'mordidas'
En su escrito, la juez Alaya destaca que dichos pagos fueron la "compensación por las adjudicaciones de contratos públicos a favor de Fitonovo SL" que Cristóbal Pérez hizo supuestamente de modo irregular como edil del Ayuntamiento de la localidad jienense. En concreto, por el de las obras de reforma del estadio municipal y el del acondicionamiento del patio del colegio de educación infantil 'Manuel Andújar'. El primero fue adjudicado el 26 de de octubre de 2010 por un total de 747.250 euros a una UTE en la que la empresa bajo sospecha tenía el 80% de la participación. El segundo, fechado el 29 de septiembre del año siguiente, fue por un importe mucho menor: 36.931 euros. Entre ambas fechas se sitúan las tres mordidas supuestamente recibidas por el concejal del PP.
Así, la juez cree tener acreditada una primera entrega de 20.000 euros el 5 de noviembre de 2010, sólo unos días después de la concesión del primer contrato. A esta siguió una segunda en abril del año siguiente de 15.000 euros. Y, finalmente, el 12 de julio de ese mismo año, los 2.929,62 euros que costó el viaje que Cristóbal Pérez y su mujer emprenderían una semana más tarde. En total, 38.929,62 euros que aparecen recogidos en la supuesta contabilidad B de Fitonovo SL como "ventas Carolina-Cristóbal". Todo ello sustentado en pruebas documentales, como la copia de un recibo de retirada de dinero en efectivo de la caja 'B' firmado por un directivo de la empresa por la primera cantidad y con la anotación manuscrita "me esperaba en Andújar [en referencia al colegio donde se iba a hacer la obra] con Cristóbal".
'Emails' en el ordenador del Ayuntamiento
Por todo ello, el pasado 11 de noviembre la juez ordenó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la detención de Cristóbal Pérez y el registro de su despacho en el Consistorio. En el ordenador que usaba en las dependencias municipales, los agentes localizaron "diversos correos [electrónicos] que resultan de interés para la investigación" y que el político había intercambiado con un antiguo trabajador de Fitonovo. No eran los primeros. En los equipos informáticos de la empresa sevillana registrados en diciembre de 2013 ya aparecían mensajes incriminatorios contra el político.
Un exempleado de Fitonovo describió a Cristóbal Pérez como una persona "ciertamente particular" al que tenía que invitar a comer y que le pedía que le llenara el depósito del coche
En uno de ellos, una empleada de Fitonovo SL remitía a la dirección de 'email' particular del político tres ofertas para la instalación de juegos infantiles en el colegio de la localidad jienense. Las tres correspondían a otras tantas sociedades bajo control de la trama, con lo que ésta pretendía asegurarse la adjudicación de un contrato que finalmente no se ejecutó. No obstante, para los investigadores, de dichos mensajes "se deduce la connivencia entre el concejal del municipio de La Carolina y los responsables de la sociedad". De hecho, sobre esta obra los agentes ya habían interceptado una llamada telefónica entre Cristóbal Pérez y uno de los principales cabecillas de la trama, José Antonio González Baro, propietario de Fitonovo.
Además, la juez ha recabado en los últimos días el testimonio de un exempleado de la empresa, R.A., quien ha asegurado haber tenido varias reuniones con el edil para tratar de la adjudicación de los contratos bajo sospecha. Según detalló en su declaración como testigo, el político "era ciertamente particular ya que cada vez que iba le tenía que invitar a comer con cargo a la empresa, me pedía que le llenara el vehículo de gasolina" e, incluso, que le llevara a locales de alterne. Cuando la magistrada le preguntó sobre el destino del dinero y, en concreto, si parte del mismo fue "para un viaje para Cristóbal y su mujer a Detroit", el extrabajador de Fitonovo reconoció que no lo sabía, pero que no le extrañaba "dado el comportamiento de Cristóbal y dado que la mujer padece una grave enfermedad".
Quien aún no ha dado ninguna explicación sobre el destino de ese dinero ha sido el propio político. Éste se refugió en su derecho a no contestar tanto ante la Guardia Civil como ante la juez Alaya, quien el pasado 13 de noviembre dispuso su puesta en libertad con cargos y con la obligación de comparecer ante el juzgado los días 7 y 21 de cada mes. La Fiscalía había llegado a pedir la imposición de una fianza de hasta 100.000 para evitar su ingreso en prisión. Al día siguiente, el concejal daba una rueda de prensa para anunciar su dimisión "irrevocable" como cargo público y su baja de militancia en el PP, pero también para insistir en su inocencia. Del viaje a EEUU para tratar a su mujer no dijo entonces tampoco ni una palabra, ni siquiera para justificarse.
