La 'Operación Enredadera' salpica de lleno a la empresa pública Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). Tras la detención el pasado martes de al menos seis de sus cargos en distintas provincias españolas por su presunta implicación en la "organización criminal" montada por la empresa sevillana Fitonovo SL para amañar concursos públicos, un escrito de la juez Mercedes Alaya al que ha tenido acceso Vozpópuli detalla que las corruptelas de los empleados de la compañía vienen de lejos. En concreto desde 1997, cuando la mercantil considerada el epicentro del escándalo entregó supuestamente 911.000 pesetas (5.475 euros) al entonces gerente de Adif en Jaen, J. Romero, a cambio de conseguir un contrato. Este pago y otros fueron presuntamente ordenados por el director general de Fitonovo, Juan Andrés Brugueras Foye, quien los guardaba en formato informático en un "programa de contabilidad" localizado por la Guardia Civil en el registro realizado en diciembre de 2013 en las oficinas de Fiverde, filial de la mercantil. Todo ello viene reflejado en el auto con el que la magistrada ordenaba el martes el ingreso en prisión de Brugueras Foye eludible con el pago de una fianza de 180.000 euros. Este miércoles, la juez ordenaba el ingreso en prisión de un directivo de la empresa pública, Antonio Rodríguez Jurado, gerente en Sevilla.
La evidencia documental del primer pago a Adif fue localizado por la Guardia Civil en un disco duro intervenido en el registro de las oficinas de una filial de Fitonovo SL, la empresa 'epicentro' de la trama
El pago de 1997 es, de hecho, "la primera evidencia" del pago de 'mordidas' a Adif por parte de la 'trama Enredadera' que ha conseguido constatar documentamentalmente la Unidad Central Operativa (UCO), el grupo de élite del Instituto armado que se encarga de la investigación, aunque no ha sido el único soborno ni mucho menos. De hecho, el auto de Alaya detalla numerosas entregas de dinero y dádivas a directivos de la compañía en diferentes lugares de España, y que van desde simples abonos de 300 euros a otros de miles, hasta sumar, en el caso de un directivo de la empresa pública en Córdoba, más de un millón de euros. El mayor detectado de toda la trama. El documento judicial destaca que estos pagos a empleados de Adif se habían convertido en una "práctica permanente" para Fitonovo SL hasta el punto de que el acta de la reunión celebrada por la dirección de esta empresa en noviembre de 2008 recogía expresamente el acuerdo de pagar un soborno a un funcionario de la empresa pública del 4% del importe del contrato. Un coste que la empresa compensó con la no ejecución de parte de los trabajos comprendidos en dicha licitación.
El objetivo de estos pagos, según la investigación, era que Fitonovo se asegurase adjuciaciones de ADIF, entre ellos un macrocontrato en 2008 para "la prevención de incendios en líneas convencionales y de alta velocidad" en trabajos de desbroce de cunetas y taludes por el que recibió del Estado cerca de 19 millones de euros. En este sentido, la juez destaca que el Grupo de Delitos contra la Administración de la UCO (el mismo que realizó la 'Operación Púnica') ha constatado cómo Fitonovo registró una "importante facturación" con Adif a partir, precisamente, de ese año. Los investigadores apuntan, además, que la mercantil sevillana pagaba tanto al gerente como al técnico de Infraestructuras de la empresa en las provincias donde actuaba con el fin de asegurarse que se haría con los contratos. Eso sí, con diferentes cuantías según el puesto. Así, los directivos recibían cantidades superiores a los 100.000 euros, mientras que a los técnicos los importes variaban de los 30.000 euros a cantidades de poco más de 2.000. Todos ello a cargo de la caja B de Fitonovo.
1,6 millones en 'mordidas' a Adif
Siempre según el escrito de la magistrada, Fitonovo habría sobornado al menos a once técnicos de Adif para hacerse con contratos. 'Mordidas' en las que habría invertido hasta 1,6 millones de euros en los últimos años. Así, el gerente en Jaén que recibió el primer soborno en 1997 presuntamente fue el destinatario de otro tres años más tarde por un millón de pesetas (6.000 euros). Sin embargo, el gran beneficiado por estos cobros fue Enrique José Finch Ramos, directivo de la empresa pública en Córdoba. Según la magistrada, este supuestamente se embolsó 1.004.624 euros entre los años 2003 a 2012. Este cargo de la compañía fue detenido el martes por la Guardia Civil junto a un "mando intermedio" de la misma, Luis M.R., que supuestamente también cobró 'mordidas' aunque muy inferiores. En concreto, 22.904 euros en el año 2007 y en el periodo que va desde 2009 a 2012.
La trama distinguía entre directivos y "mandos intermedios" de Adif a la hora de pagar. A uno del primer grupo le llegó a entregar más de un millón de euros. Los del segundo cobraban entre 30.000 euros y poco más de 2.000
Otro directivo de Adif que presuntamente recibió grandes cantidades de dinero fue el responsable de las mismas en Sevilla, Antonio Rodríguez Jurado, al que este miércoles ha enviado a prisión Alaya. Según la investigación de la UCO, este directivo de la compañía cobró 418.191 euros entre los años 2000 y 2011. También en Sevilla, el soborno que recibió el técnico de infraestructuras y Vías, José G.M., fue sensiblemente inferior: 3.700 euros repartidos entre los años 2005, 2009 y 2010. Cantidades muy similares entregaron supuestamente a Juan Carlos M.C., empleado de la empresa en Jaén. En esta misma provincia, otro trabajador, José R.C., recibió 15.250 euros de comisión "por facilitar los trabajos y el beneficio de Fitonovo SL entre 2003 y 2004". Fuera de Andalucía, principal foco de actuación de la red Enredadera, Fitonovo SL también pagó mordidas a cargos de Adif. Así, el responsable en Zaragoza de la compañía pública, José Antonio G.P., se embolsó un buen 'pellizco'. Nada menos que 100.400 euros. Un dinero que recibió entre 2003 y 2009. Un técnico a sus órdenes, Miguel Angel M.T., cobró por el mismo concepto 9.000 euros en dádivas. En Valencia, el presuntamente sobornado fue el delegado de mantenimiento de la red convencional de la 'Línea Este', Pedro M.P., quien en 2007 recibió un pago por un total de 20.000 euros. El último trabajador de Adif señalado es Francisco C.F., destinado en Bárcelona, quien recibió 2.500 euros en 2009.
En su escrito, la juez Alaya alaba el informe elaborado por la UCO que desembocó el martes en la detención de 32 personas, entre ellos media docena de directivos de Adif. Así, señala que el mismo "ha sido exhaustivo, pormenorizado, descendiendo a los mínimos detalles que permiten relacionar no solamente las cantidades con los funcionarios públicos sobornados, sino los expedientes de contratación concretos de Fitonovo que se vieron favorecidos por las dádivas recibidas por tales funcionarios públicos". Además, agrega que "todo esto se ha puesto de manifiesto en el atestado de la Guardia Civil, cuya excelencia en el análisis de prueba permite concluir que los indicios existentes contra los imputados son extraordinariamente sólidos y consistentes".
