La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha vuelto a decretar un año después el ingreso en prisión del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, imputado en la causa que investiga las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la administración autonómica.
Así lo establece el auto dictado sobre las 20:30 horas por la magistrada, que atiende la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, que pedía el envío a prisión de Guerrero por considerar que existe "riesgo de fuga", de que pueda "destruir o alterar pruebas" y de que pueda entrar en contacto con otros imputados.
Guerrero, que fue director general de Trabajo durante nueve años (1999-2008), declaró durante tres días que todos sus superiores conocían que los fondos millonarios se repartían "discrecionalmente" y "sin publicidad", por lo que solo eran conocidos por "los más próximos" a la Administración. Guerrero ya estuvo en la cárcel por este caso, pero la Audiencia de Sevilla ordenó su puesta en libertad bajo fianza.
Guerrero subió a un furgón de la Guardia Civil que le esperaba a las puertas del juzgado donde prestó declaración ante la juez Alaya durante tres horas y a las 20:30 horas salió camino de la prisión de Sevilla, según confirmó a los periodistas su abogado, Fernando de Pablo.
El letrado, al ser preguntado por los motivos del ingreso en prisión de Guerrero, ha exclamado "si yo no me lo explico, difícilmente se lo puedo explicar a ustedes", y a la pregunta de si considera que la juez Alaya abusa de la prisión preventiva, ha contestado que se reserva su opinión pero ha añadido que no se actúa de la misma forma en otros "casos mediáticos".
Al ser cuestionado sobre si a Guerrero se le han imputado nuevos cargos, De Pablo ha respondido que no puede dar más detalles por encontrarse la causa en secreto de sumario pero ha insistido en decir que se le acusa de los mismos delitos por los que ya ingresó en prisión hace un año, que son cohecho, prevaricación, falsedad documenta, malversación de caudales públicos.
