Luis Bárcenas y poco más. El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ya tiene sobre su mesa el informe que pidió a la Agencia Tributaria para conocer si otros 21 imputados en el caso Gürtel se habían acogido a la polémica amnistía fiscal como el extesorero del PP. Cinco folios que arrojan cifras humildes tanto en el número de encausados que presentaron la Declaración Tributaria Especial como en la cifras que con ello consiguió recaudar el erario público: sólo una persona que ingresó únicamente 342 euros. Se trata de Fernando Martín Álvarez, presidente de Martinsa-Fadesa, quien ha reconocido ante Hacienda tener 3.420 euros de dinero negro, los rendimiento de una cuenta radicada en Mónaco en la que atesoraba 57.000 euros. Fuentes de su entorno niegan que este dinero tenga nada que ver con la trama.
El empresario zaragozano Manuel Salinas pagó 7,5 millones de euros en diez declaraciones complementarias de los últimos ejercicios fiscales
El informe de cinco folios remitido al Juzgado incluye también el nombre de Alfonso García-Pozuelo Asins, un empresario que, como hizo el extesorero del PP, comunicó al juez que se había acogido a la amnistía fiscal. En concreto, el abogado de García-Pozuelo presentó un escrito el pasado 4 de diciembre en el que aportaba el modelo 750 de haberse acogido a la Declaración Tributaria Especial el pasado 30 de noviembre. Sólo habían pasado 18 días desde que la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria remitiera al juez un informe en el que proponía al magistrado librar un comisión rogatoria internacional a EEUU para que el banco Merrill Lynch informase sobre sus supuestos depósitos de dinero negro en aquel país. En octubre de 2010, este constructor, que había vendido su empresa, pagó al erario casi 20 millones de euros por delitos fiscales derivados de Gürtel y otros conceptos. Ahora, había vuelto a regularizar su situación aunque en el informe no se concreta la cantidad concreta pagada.
Más extensa es la relación de los 21 imputados de la Gürtel que, sin acogerse a la amnistía fiscal, sí han regularidado en los últimos diez años sus cuentas con el fisco por el procedimiento ordinario, las llamadas declaraciones complementarias o sustitutivas. En concreto, fueron seis personas, entre ellos, de nuevo, Fernando Martín. Este empresario presentó en junio de 2010 una declaración complementaria referida al ejercicio 2008 por la que pagó 3.258,74 euros. Mucho más elevada es la cantidad que ha abonado el constructor Manuel Salinas Lázaro, En el informe de la Agencia Tributaria consta que en los últimos años presentó diez declaraciones complementarias por un valor total de 7.503.058,9 euros. Salinas Lázaro, empresario zaragozano que está acusado de haber pagado 12 millones de euros a Francisco Correa, el cabecilla de Gürtel, a través de una cuenta en el Principado de Mónaco, presentó dos declaraciones complementarias referidas al ejercicio 2005, cuatro al 2006, dos al 2007 y una al 2008 y 2009, entre IRPF y el impuesto sobre el patrimonio. Todas ellas entrre septiembre de 2010 y febrero de 2011, según el informe incorporado ahora al sumario.
En cuantía le sigue Amando Mayo Rebollo, ligado precisamente a Salinas Lázaro. Este aparecía como el administrador de una fundación vinculada a la familia del empresario zaragozano cuyo principal activo es la tenencia del 26% de la sociedad buque insignia del grupo, Comercial Salgar. Amando presentó 8 declaraciones complementarias (seis del IRPF y dos más del Impuesto sobre el patriomonio) entre finales de 2010 y comienzos de 2011 referidas al periodo 2005-2009 por las que tuvo que abonar 1.359.019,71 euros. También numerosas 'complementarias' ha presentado José Ramón Blanco Balín, asesor fiscal y expresidente del comité de auditoria de Repsol. Blanco Balín, que es señalado por la Policía como la persona que montó la estructura en el extranjero que sirvió a Correa para evadir dinero, presentó en 2009 cuatro declaraciones complementarias de IRPF y cinco del impuesto de patrimonio referidas a los ejercicios 2005, 2006 y 2007. En total, pagó 504.742,99 euros, según refleja el documento que Vozpópuli reproduce bajo estas líneas.
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Se da la circunstancia que el juez Ruz no había solicitado los datos fiscales de José Ramón Blanco Balín, pero un error del propio magistrado, según recoge el informe de la Agencia Tributaria, ha propiciado que Hacienda también revise sus cuentas. En concreto, el juez pedía información sobre Arturo González Panero, el exalcalde de la localidad madrileña de Boadilla del MOnte, pero junto a su nombre señalaba un NIF erróneo. Ese número era en realidad el de Blanco Balín, por lo que los autores del documento remitido a la Audiencia Nacional han optado, según recogen textualmente, a incluir la "información de las dos personas indicadas".
Dos cargos del PP también presentaron regularizaciones de sus IRPF: Alberto López Viejo, por valor de 4.722 euros, y Alfonso Bosch, por 3.111
Muchos más humildes son las cantidades pagadas por los dos últimos imputados de la Gürtel sobre los que el juez Ruz preguntó y de los que Hacienda tiene datos. Se trata de Alberto López Viejo, exconsejero del Gobierno de Esperanza Aguirre, y Alfonso Bosch Tejedor. exdiputado autonómico madrileño y exconcejal de Aranjuez. El primero presentó en julio de 2012 las declaraciones complementarias de cuatro ejercicios, los que van de 2008 a 2011, por los que pagó 4.722 euros. El segundo presentó dos en junio de 2008 por las que abonó 3.111 euros para regularizar su IRPF de los años 2005 y 2006. El documento incluye también los datos de la empresa Begar SA, que en su caso solitó la devolución del impuesto del Régimen de Consolidación Fiscal de los años 2008 y 2011 por un valor de 430.600,48 euros.
Del resto de los imputados sobre los que el magistrado solicitaba información, la Agencia Tributaria no ha encontrado datos. Entre los 'no detectados' se encuentran el propio Correa y su compañero en la cúpula de la trama, Pablo Crespo, así como el exdiputado autonómico Benjamín Martín Vasco, el empresario José Luis Ulibarri y los exalcaldes Arturo González Panero y Guillermo Ortega. Tampoco ha encontrado información sobre regulaciones de la actual mujer de Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias Villar, de Jesús Sepúlveda, marido de la ministra de Sanidad, Ana Mato, ni del exdiputado del PP Jesús Merino. El juez Ruz también había pedido información fiscal de María del Carmen Rodríguez Quijano, Ginés López Rodríguez, César Tomás Martín Morales, José Galeote y Elena Villarroya, así como de una segunda empresa, UFC. Tampoco consta nada sobre ellos en los archivos de Hacienda.
