El ‘caso Interligare’, que investiga la supuesta existencia de una trama de corrupción en el Ministerio del Interior en la última etapa del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se extiende más allá de este departamento. El juez Juan Antonio Toro, que dirige el caso tras inhibirse la primera instructora y que es el mismo que se ha hecho cargo del ‘caso Blesa’ tras la suspensión de su compañero Elpidio José Silva, ha ordenado a la Policía centrar ahora parte de las pesquisas en un proyecto sobre Memoria Histórica que encargó en 2008 el entonces juez Baltasar Garzón y que le costó a la Audiencia Nacional 100.000 euros. El testimonio de una de las empleadas de la empresa de consultoría de seguridad que da nombre al caso apunta que el informe se limitó a recoger una simple “horquilla de víctimas del franquismo” cuya utilidad fue nula y que, además, los pagos se derivaron a una segunda empresa para que no figurara Interligare, con deudas entonces en la Seguridad Social. El magistrado ya ha ordenado a los agentes que intervengan la documentación que esta trabajadora dice poseer en un ordenador portátil y ha tomado declaración a dos directivos de sendas compañías bajo sospecha.
Una empleada de Interligare aseguró al juez que la Audiencia Nacional pagó 100.000 euros por el programa informático Memoria Histórica
La declaración que ha llevado a la apertura de esta nueva línea de investigación se produjo el 23 de agosto de 2012. Ese día, Elsa Acereda Sequeiro, quien ya había prestado testimonio en octubre del año anterior ante la Policía, compareció como testigo en las dependencias de la Unidad de Asuntos Internos en su condición de consultora y “directora de Inteligencia” de Interligare, la empresa que recibió al menos 2,4 millones de euros públicos en contratos supuestamente irregulares en la época de Alfredo Pérez Rubalcaba al frente de Interior y a la que aparecen ligados tres altos cargos policiales: Gabriel Fuentes, ex comisario general de Información, Miguel Ángel Fernández Rancaño, ex jefe superior de Policía de Madrid, y Luis Luengo, director de Infraestructuras de Interior en aquella época. Según esta empleada, entre los trabajos en los que intervino se encontraba un proyecto para “el Juzgado de la Audiencia Nacional del que era titular el juez Baltasar Garzón relativo a la Memoria Histórica”. Sobre el mismo, Elsa Acereda añadió que del mismo “nunca más se supo y que los equipos informáticos [que se utilizaron en él] se quedaron en un rincón en las oficinas” sin que ningún organismo los reclamase.
Dos meses después de aquel testimonio, la trabajadora de Interligare volvía declarar, en esta ocasión ante la juez de Aranjuez que aún entonces instruía el caso. Entonces, la empleada de la consultoría de seguridad aportó nuevos datos. Así, detalló que los informes que realizó sobre aquel trabajo los guardó en “la torre del ordenador” y que los mismos se elaboraron sin existir un contrato por escrito, sino “un acuerdo verbal dado que Interligare llevaba mucho tiempo intentado hacer un proyecto con la Audiencia Nacional”. Elsa Acereda también aseguró que la empresa que formalmente realizó dicho proyecto y, posteriormente, cobró no era la compañía para la que ella trabajaba, sino una segunda llamada Mnemo Evolution & Integration Services SA, ligada a la primera. La trabajadora también aseguró que hubo reuniones con el propio Garzón y “con antropólogos y asociaciones que el juez había convocado para que ellos les explicaran el objeto del informe”.
En aquel acto, la empleada entregó a la juez para su incorporación al sumario un correo electrónico enviado a “miembros del Consejo General del Poder Judicial” por el presidente de Mnemo, Antonio Vicens. El email aportado también revelaba que el entonces magistrado Baltasar Garzón llegó a facilitar a la empresa el sumario sobre Batasuna “que acaba de concluir” para “realizar una prueba del sistema [informático que pretendían instalar] y poder mostrar los resultados al resto de magistrados”. En dicho mensaje, el directivo de Interligare presumía ante sus interlocutores del CGPJ de las “buenas relaciones” del excomisario Gabriel Fuentes “con numerosos magistrados”, entre los que mencionaba expresamente a Fernando Andreu, Santiago Pedraz y Fernando Grande-Marlaska.
Dos informes y una carta
Sin embargo, no es éste el único documento sobre aquel proyecto de Memoria Histórica incorporado ya a la causa. Así, en el sumario figuran también sendos informes de dos folios cada uno en los que el denominado “equipo de proyecto de Mnemo-Interligare” informa al propio Garzón del avance de los trabajos. En el primero, fechado el 24 de diciembre de 2008, da cuenta al magistrado de “los primeros resultados derivados del proceso de digitalización de la documentación” presente en el sumario 53/08 que el juez había abierto ese mismo año para investigar la represión del franquismo. En el segundo, del 19 de enero de 2009, se da cuenta de la entrega de una memoria externa con los datos ya completamente procesados. Según el primero de estos documentos, el análisis de los 177.098 “registros” existentes ya en los listados electrónicos aportados al sumario habían permitido verificar las identidades de un número de víctimas que se situaba en una horquilla entre las 136.062 personas y las 152.237, con al menos 1.064 personas sin datos personales. En el segundo documento, los autores del mismo facilitan al magistrado toda la información digitalizada en un disco duro externo y las instrucciones para acceder a los diferentes archivos y registros del mismo. En este informe se concreta ya el número de “presuntas víctimas” del franquismo en 138.097 personas. Por último, Mnemo-Interligare remitió a Garzón una carta del 16 de febrero de 2009 junto a 50 copias de la memoria informática.
El trabajo sobre las vícitmas del franquismo se realizó en un edificio policial para "por la protección de la información sensible"
Tanto en sus declaraciones ante la Policía como ante la juez, la trabajadora de la consultora de seguridad detalló que el trabajo sobre la Memoria Histórica le ocupó tres meses y que para realizarlo se desplazaron al “Edificio de Servicios Múltiples del complejo policial de Canillas”, en Madrid, “por la protección de la información sensible” que supuestamente manejaron. Según aseguró, una vez que finalizaron el informe y se lo entregaron al juez Garzón, el servidor que contenía toda la documentación digitalizada “quedó en dependencias de la empresa Interligare, no teniendo ningún tipo de custodia y no siendo reclamado nunca por el órgano judicial que encargó el proyecto”. Elsa Acereda aseguró entonces que el proyectó “alcanzó los 100.000 euros” y que según uno de los directivos “cobró Mnemo sin dar parte alguna a Interligare”, la empresa para la que ella trabajaba.
Todas estas declaraciones quedaron recogidas en un informe que elaboró el grupo de Asuntos Internos que lleva las pesquisas y en el que solicitaba a la juez ya entonces que se recabara toda la información sobre este contrato y sobre otros dos también sospechosos realizados para el Ministerio de Ciencia e Innovación y con el Instituto de Comercio Exterior (ICEX). Sin embargo, la disputa policial y judicial en el que se ha visto inmerso el caso durante más de un año –los agentes que había iniciado las pesquisas y que fueron apartados reclamaron retomarlo, mientras la magistrada del caso hacia todo lo posible por desprenderse del caso- hizo que permanecieran arrumbadas hasta que la instrucción paso definitivamente a manos del juez Toro hace sólo unas semanas, quien ha reactivado unas pesquisas que parecían prácticamente paralizadas. Así, recientemente pidió a Interior los correos electrónicos de uno de sus exaltos cargos salpicados por el escándalo, el comisario Luis Luengo. Además, el pasado 18 de febrero, el magistrado ordenó intervenir el material informático sobre el proyecto de Memoria Histórica que aún pudiera tener la trabajadora de Interligare y, además, tomó declaración a José Luis Martín Juárez y Antonio Vicent, presidentes respectivamente de Interligare y Mnemo, las dos empresas que participaron en dicho trabajo.
Desde 2011
Son los principales síntomas de la reactivación de un caso que se inició hace ya 28 meses. En concreto, el 3 de noviembre de 2011, cuando agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía presentaron una diligencia informe en los juzgados de Aranjuez, localidad del sur de Madrid donde tiene su sede la empresa Interligare, en el que acusaba a los tres altos cargos de Interior de haber falseado documentos oficiales de Hacienda y la Seguridad Social para ocultar las deudas que la compañía tenía con ambos organismos y así poder contratar con Interior y otros ministerios. Fuentes y Rancaño trabajaban en la citada compañía, y Luengo tenía dos hijos en la empresa, además de ser el encargado de firmar las concesiones en el Ministerio.
El juez ya ha tomado declaración a dos diretivos de sendas empresas y ha ordenado intervenir el material informático sobre dicho programa que encargó Garzón
Con aquella entrega de documentación, los miembros de la UDEF solicitaron ya entonces a la magistrada que dictase una orden de detención contra los tres acusados. Sin embargo, la jueza hizo oídos sordos a la petición e, incluso, intentó apartarse del caso. De hecho, el 17 de noviembre de 2011, dos semanas después de recibir la denuncian, se inhibió a favor de los juzgados de instrucción de la Plaza de Castilla. Éstos le devolvieron la causa el 2 de diciembre, y la magistrada recurrió la decisión a la Audiencia Provincial de Madrid, que falló que era la magistrada de Aranjuez quien debía hacerse cargo de la investigación. Tan pronto como la denuncia volvió a su juzgado, ésta decretó el secreto de sumario, situación en la que se mantuvo durante meses.
El caso saltó a la luz pública después de que el diario El Mundo destapase la existencia del informe de la UDEF en agosto de 2012. Desde entonces, los tres altos cargos de la Policía han negado los hechos de los que les acusan y han achacado la realización del informe a un “ajuste de cuentas” entre agentes, con ellos como víctimas. El caso interligare pronto costó el puesto a varios mandos policiales. Primero, frustró el nombramiento de uno de los acusados, Gabriel Fuentes, como asesor del que era entonces secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, para el que ya trabajaba entonces de forma no oficial. Además, la Dirección General de la Policía, que siempre ha asegurado que el caso se limita a una pelea entre clanes policiales y que el informe que permitió abrir la causa se hizo al margen de la cadena de mando, ordenó a la unidad de Asuntos Internos, que investiga la corrupción en el Cuerpo, iniciar pesquisas sobre los agentes que firmaban el polémico informe. Finalmente, este grupo denunció al inspector jefe Jaime Barrado, principal responsable del mismo, por amenazas y coacciones ante el Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid. Acusaciones a las que sumó posteriormente la de revelación de secretos oficiales al considerar que había sido él quien había filtrado el documento policial a la prensa.
El caso también salpicó al entorno más cercano al actual director general de la Policía, Ignacio Cosidó. Su jefe de gabinete, el inspector Pedro Agudo, a quien supuestamente se dirigió el inspector jefe Barrado al poco de llegar el PP al poder para exigir ser repuesto en su destino porque estaba a punto de concluir una investigación muy importante, dimitió de su cargo y fue destinado a un puesto en el extranjero. El propio Cosidó, que siempre ha mantenido el más absoluto silencio sobre el asunto, se vio salpicado después de que Vozpópuli revelase que cuando aún era diputado de la oposición hizo en el Congreso una pregunta por escrito y dos solicitudes de informe para conocer la relación de la Administración con la empresa Interligare.
