Policías que inician una investigación y les apartan de ella. Un tribunal que ordena que se les reponga. Una fiscal que lo rechaza e insiste en que sigan los agentes que les sustituyeron. Una juez instructora que no sabe qué hacer y pregunta a una instancia superior cómo actuar mientras insiste en pasarle la causa a otro magistrado. El 'caso Interligare', que investiga la supuesta existencia de un red corrupta para amañar contratos públicos con conexiones en el Ministerio del Interior en la época de Alfredo Pérez Rubalcaba y su sucesor, Antonio Camacho, sigue atascado casi dos años después de que se iniciaran las pesquisas. El motivo: el rifirrafe que en los últimos meses están protagonizando policías y jueces para decidir en qué órgano judicial se continúan las pesquisas y qué unidad del Cuerpo Nacional de Policía se hace cargo de ellas.
La Fiscal se negó a tener "ningún contacto ni entrevista" con el comisario que inició el caso, al que le ha ordenado "abstenerse de realizar cualquier acto relacionado con la mencionada investigación"
La actual polémica, silenciada por el secreto de sumario que hasta fechas recientes ha pesado sobre la causa, se inició en septiembre del pasado año, cuando los tres policías que hasta entonces llevaban la investigación, el comisario Jaime Barrado y dos inspectores de la Brigada de Delincuencia Económica, fueron apartados del caso después de que el primero fuera acusado de un delito de amenazas tras un oscuro incidente con un estrecho colaborador de Ignacio Cosidó, director general de la Policía. A partir de ese momento, se hizo cargo de las pesquisas la Unidad de Asuntos Interior, encargada de perseguir los delitos cometidos por agentes del propio cuerpo. Sin embargo, el comisario Barrado recurrió a la Justicia y el pasado 19 de marzo la Audiencia Provincial de Madrid dictó un auto en el que se acordaba que éste (que había sido trasladado de grupo y ahora está al frente de una comisaría de distrito de Madrid) y sus dos compañeros fueran puestos de nuevo a cargo de las pesquisas.
Sin embargo, dicho retorno no llegó a producrise. El propio jefe policial defenestrado envió al tribunal que había fallado a su favor un escrito en el que le comunicaba que había intentado ponerse en contacto en dos ocasiones con la fiscal del caso Interligare para comunicarle su disposición a retomar las pesquisas, pero que ésta se había negado "a ningún contacto ni entrevista con el comisario Javier Barrado, puesto que no es el encargado del mecionado del caso". La representante del Ministerio Público insistía en que, pese a la decisión de la Audiencia Provincial, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Aranjuez (Madrid), Cristina García González, responsable del sumario, había dispuesto "la continuación de dicha investigación por parte de la Unidad de Asuntos Interiores del Cuerpo Nacional de Policía. Por tanto, el comisario citado debe abstenerse de realizar cualquier acto relacionado con la mencionada investrigación".
Inhibirse a toda costa
Pese a ello, la propia juez Cristina García, que desde que asumió la instrucción del mismo ha intentado en varias ocasiones inhibirse en favor de otro magistrado, no parecía tener tan claro qué unidad debía seguir con la investigación y remitió un oficio a la Sala que había fallado a favor del comisario para que le aclarara que grupo policial debía seguir con las pesquisas. El pasado 29 de mayo, la Audiencia Provincial le respondía que no había lugar a ninguna aclaración y que debía ser la propia instructora la que "dentro de sus facultades jurisdiccionales" debía "dirigir la investigación" y, por lo tanto, decidir en qué unidad recaía la continuación de las mismas.
Casi un mes después, en concreto el 20 de junio, la magistraba dictaba un auto por el que levantaba el secreto de sumario a la vez que daba instrucciones para que se hiciera entrega a la Unidad de Asuntos Internos "de la documentación obrante en autos" para que continuase adelante con la investigación. Eso sí, en el mismo escrito, la juez recordaba que desde abril estaba esperando la respuesta de los Juzgados de Plaza de Castilla para saber si finalmente admitían su inhibición y dejaba ella de instruir la causa como reclama. Mientras, el caso continúa prácticamente estancado, según se desprende de lo instruido hasta ahora y a lo que ha tenido acceso este diario.
Noviembre de 2011, el inicio
Y ello a pesar de que el inicio del 'caso Interligare' viene de lejos. En concreto, de noviembre de 2011, cuando el comisario Barrado y sus dos subordinados presentaron un informe en los juzgados de Aranjuez, localidad del Sur de Madrid donde tiene su sede la consultora Inteligencia y Seguridad-Interligare que da nombre a la causa. En el mismo se acusaba a Gabriel Fuentes, excomisario general de Información; Miguel Ángel Fernández Rancaño, exjefe superior de Policía de Madrid, y Luis Luengo, exdirector de Infraestructuras de Interior, de haber falseado documentos oficiales de Hacienda y la Seguridad Social para ocultar las deudas que la compañía tenía con ambos organismos y así poder contratar con la Administración y, más en concreto, con Interior, al que llegaron a facturar 2,4 millones de euros. Fuentes y Rancaño trabajaban en la citada compañía, y Luengo tenía dos hijos en la empresa, además de ser el encargado de firmar las concesiones en el Ministerio. Con aquel informe, los agentes solicitaron también a la magistrada que dictase una orden de detención contra los tres acusados.
La juez ha descartado ya tres de los cinco delitos que comenzó a investigar. Sólo quedan los de cohecho y tráfico de influencias
Sin embargo, la jueza hizo oídos sordos a la petición e, incluso, quiso apartarse del caso. Así, el 17 de noviembre de 2011, dos semanas después de recibir la denuncia, se inhibió a favor de los juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla. Éstos le devolvieron la causa el 2 de diciembre y la magistrada recurrió la decisión de sus compañeros de la capital a la Audiencia Provincial de Madrid, que el pasado septiembre falló que era la titular del juzgado de Aranjuez quien debía hacerse cargo de la investigación ya que la empresa sospechosa tenía su sede en la localidad donde ella estaba destinada. Tan pronto como la denuncia volvió a su juzgado, la juez García González decretó el secreto de sumario. Una medida que ha mantenido hasta ahora con una sucesión de prórrogas.
En abril, la magistrada dictó un auto en el que anunciaba que archivaba la parte en la que se investigaba los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, la falsedad documental y la estafa, y dejaba únicamente activa las pesquisas sobre los de cohecho y tráfico de influencias. Para justificarlo, destacaba que los informes que en su día solicitó a la Agencia Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social, los organismos suspuestamente afectados por la actuación presuntamente irregular de la empresa, concluían que Interligare no "tergiversó" las declaraciones presentadas para ocultar sus deudas y así contratar con la Administración. También consideraba que los indicios en este sentido "que habían apuntado los testigos, antiguos empleados" de la compañía, tampoco se han visto ratificados. A ello se opuso la acusación popular,representada por el sindicato Manos Limpias, que en su escrito de personación había pedido la imputación de 24 personas, entre ellas los exministros Rubalcaba y Camacho, y el exjuez Baltasar Garzón.
Un caso incómodo para el PP
Aunque los supuestos delitos investigados se cometieron cuando estaba el PSOE en el Gobierno, el 'caso Interligare' se ha convertido también en una 'patata caliente' para el actual ejecutivo del PP. De hecho, ya ha costado el puesto a varios mandos policiales del equipo del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Primero, frustró el nombramiento de uno de los acusados, Gabriel Fuentes, como asesor del que fuera hasta el pasado mes de enero secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa. Mientras, desde la Dirección General de la Policía siempre se ha asegurado que la polémica se limita a una pelea entre clanes policiales y que el informe que permitió abrir la causa se hizo al margen de la cadena de mando.
El caso también salpicó al entorno más cercano al actual director general de la Policía, Ignacio Cosidó. Su jefe de gabinete, el inspector Pedro Agudo, a quien supuestamente se dirigió el comisario Barrado al poco de llegar el PP al poder para supuestamente exigir ser respuesto en su destino, dimitió de su cargo y fue destinado a un puesto en el extranjero. El propio Cosidó, que siempre ha mantenido el más absoluto silencio sobre el asunto, también se vio salpicado después de que Vozpópuli revelase que cuando aún era diputado de la oposición hizo en el Congreso una pregunta por escrito y dos solicitudes de informe al entonces Gobierno socialista para conocer la relación de la Administración con la empresa Interligare.
