El denominado caso Madeja, donde se investigan el cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de contratos públicos en ayuntamientos y diputaciones de Andalucía, Canarias y Extremadura y que además salpica a funcionarios del Ministerio de Fomento, será instruido en la Audiencia Nacional.
El titular del Juzgado Central de Instrucción 5 José de la Mata ha aceptado este miércoles la competencia para investigar este caso, que fue remitido por la juez Mercedes Alaya el pasado mes de junio, y donde se encuentran imputadas en la actualidad 96 personas. El juez acepta la inhibición del Juzgado de Instrucción Número 6 de Sevilla y ratifica además todas las actuaciones practicadas.
En un auto hecho público este miércoles, el magistrado De la Mata considera que en este caso concurre grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional, así como un perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia, además de una "compleja instrucción" derivada del elevado número personas físicas y jurídicas involucradas, lo que determina la competencia de los juzgados centrales de instrucción. La Fiscalía había sostenido que la competencia para investigar esta causa de corrupción era de la Audiencia Nacional por lo que pidió a Alaya que se inhibiese.
La resolución explica que los hechos que se investigan en la operación Madeja hacen sospechar de "la presunta existencia en la empresa Fitonovo SL de una actividad planificada dirigida a adjudicarse por medios fraudulentos contratos público".
El juez explica que "la dirección de Fitonovo SL creó una infraestructura tanto operativa como contable destinada a obtener contratos públicos irregulares, habilitando la estructura comercial de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación, y creando una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, financiar el pago de sobornos a funcionarios públicos".
4,3 millones en comisiones
José de la Mata añade que "al mismo tiempo crearon una trama societaria que, en paralelo a una actividad comercial legal, se había ocupado de acaparar contratos públicos usando medios ilícitos, causando grave daño al interés público, por cuanto pervirtieron numerosos procedimientos de contratación en detrimento de las arcas públicas, del interés público en una adecuada prestación de los servicios, además de un grave daño al orden socioeconómico al perjudicar a las sociedades que de forma legal pretenden participar en la contratación pública pero que no tienen posibilidad de resultar adjudicatarias al estar en franca desventaja por las prácticas corruptas de la trama".
Aunque la juez Alaya no pudo determinar el beneficio ilícito que habría obtenido Fitonovo, la juez sostuvo que para el pago de las comisiones concedidas entre los años 1995 y 2013, la empresa creó una caja B de la que salían las diferentes dádivas, que ascendieron a 4,3 millones de euros.
Dichos sobornos se habrían llevado a cabo desde el Ayuntamiento de Sevilla, las diputaciones de Córdoba y Sevilla, la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, las direcciones provinciales del Ministerio de Fomento en Jaén, Huelva y Cádiz, y los consistorios de Algeciras (Cádiz) y La Carolina (Jaén).
Los hechos que se investigan en el caso Madeja serían constitutivos de los delitos de cohecho, fraudes y exacciones ilegales, corrupción entre particulares, asociación ilícita, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y fraude a la Seguridad Social, así como prevaricación, malversación, maquinaciones para alterar el precio de las cosas, tráfico de influencias y falsedades documentales, con "carácter instrumental como medio para la comisión de otros delitos".
