La batalla jurídica y política para imputar a la infanta que se resuelve hoy con el auto del juez Castro ha sido sólo el principio. Tras tres años de instrucción, a partir de ahora comienza la verdadera guerra judicial para evitar que doña Cristina se siente en el banquillo de los acusados y pueda enfrentarse a una petición de penas que puede rondar los once años de cárcel. El procedimiento para desactivar las acusaciones comenzará a andar mañana mismo.
El escrito del magistrado presenta hoy podrá ser recurrido en reforma (es decir, ante el mismo juez Castro) en el plazo de tres días a partir de mañana y en apelación (ante la Audiencia Provincial de Palma) en el plazo de cinco. La avalancha de recursos se da ya por descontada por parte tanto de la Fiscalía como de la Abogacía del Estado y los abogados defensores de la infanta. Los abogados de la defensa que dirige Miquel Roca confirman oficiosamente su intención de recurrir si hay acusación aunque “no se pronunciarán oficialmente hasta que conozcan el escrito del magistrado”.
Las partes recurrirán aunque oficialmente piden esperar a estudiar el auto
Los recursos en apelación al tribunal superior serán los que más dilaten el procedimiento ya que la Audiencia Provincial no tiene un plazo tasado para pronunciarse sobre las peticiones de las partes. La vez anterior en que ese tribunal desimputó a la hermana del rey tardó poco más de un mes. La fiscalía recurrió el primer auto de Castro un 3 de abril y la Audiencia Provincial lo anuló un 7 de mayo. En esta ocasión, sin embargo, esos plazos se dilatarán ya que lo que se resuelve no afecta sólo a la infanta sino que incluye todo el paso del sumario a procedimiento abreviado.
El siguiente hito en el calendario lo marcarán las acusaciones. Independientemente de que se presenten esos recursos, las acusaciones dispondrán de 20 días para presentar sus escritos de acusación. La abogada de Manos Limpias, Virginia López Negrete, ha confirmado a Vozpópuli que ya ha terminado su escrito y que sólo espera el auto de Castro para incorporar o modificar detalles factuales en función del magistrado. Según su análisis, la petición de penas de la acusación "puede llegar a los 11 años de prisión para la hija del rey". En el caso de sus recursos, la letrada plantea incluir un delito de fraude fiscal adicional a los que el magistrado pretende considerar a través de Aizoon.
Finalmente, una vez presentados esos escritos, las defensas de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín dispondrán de otros 20 días más para presentar sus escritos de defensa si la Audiencia Provincial no anula antes la instrucción de Castro. Será en cualquier caso la Audiencia Provincial la que decida de ahora en adelante el destino de la hija del rey Juan Carlos.
Ninguna de las partes se atreve a poner una fecha para el comienzo del juicio aunque los procedimientos habituales nadie espera que los primeros acusados se sienten en el banquillo antes de finales de 2015 o, más previsiblemente, ya en 2016.
