Una 'caja B', un extesorero y mucho dinero negro. La 'Operación Cirene' que este lunes ha concluido con la detención de 14 personas y el registro de cinco empresas y un domicilio particular ha permitido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil destapar la principal vía ilícita de financiación de la Unión General de Trabajadores (UGT) de Andalucía en los últimos doce años. Ésta no era otra que librar facturas falsas o infladas que posteriormente se cargaban a la Junta de Andalucía como gastos de los cursos de formación para el empleo que impartía el sindicato. De este modo, el dinero público acababa en un 'bote' cuyos fondos servían para pagar todo tipo de gastos de la organización. Al frente de la trama, los investigadores sitúan a Federico Fresneda, máximo responsable de las finanzas del sindicato durante quince años. Él era el 'Luis Bárcenas' de este supuesto sistema de financiación irregular.
Fresneda, que fue detenido ayer en Canarias donde pasaba unos días de vacaciones, es señalado, de hecho, como el creador de esta práctica que se extiende al menos desde 2002 y que fue "perfeccionando en el trascurso del tiempo", según la Guardia Civil. En el mismo, eran pieza clave los empresarios de confianza de Sevilla, Jaén y Madrid con los que el sindicato contrataba de manera sistemática determinados servicios y suministros. Algunas de estas empresas ofrecían jugosos descuentos a la UGT que, sin embargo, no debían reflejarse nunca en las facturas. De este modo, éstas quedaban 'infladas' por importes más elevados de lo que finalmente recibían como pago.
Más adelante, y tras modificar a conveniencia el concepto de las mismas, éstas eran incorporadas a los expedientes de los cursos de formación para el empleo que el sindicato tenía adjudicados para que la Junta de Andalucía las abonase como parte de los gastos de la enseñanza. En algunos casos, incluso ni siquiera había contrapartida real detrás de la partida y reflejaban, por ejemplo, el alquiler de aulas para impartir las clases que nunca se ocupaban. El dinero que el Gobierno regional pagaba de más era el que presuntamente nutría la 'caja B' de la UGT hasta convertirse en "la vía más importante en la financiación de este sindicato", según la describe la propia Guardia Civil.
Seis empresas, diez directivos
En la trama participaban supuestamente los diez empresarios detenidos (cuatro en Sevilla, cinco en Madrid y uno más en Jáen) quienes, a cambio de entregar la facturas con sobreprecios y manipuladas, se aseguraban a la UGT como clientes habituales. En esta trama participaban de un modo más intenso las tres mercantiles localizadas en Sevilla, epicentro de la trama, según fuentes cercanas a la investigación. Se trataba, en concreto, de Chavsa, dedicada al interiorismo de oficinas y a la que Fresneda recomenda acudir a sus subordinados en el sindicato cuando había que justificar gastos; la agencia de viajes Macarena, con la que la UGT solía contratar buena parte de sus desplazamientos, y Lienzo Gráfico SL, centrada en los trabajos de impresión.
La cuarta sociedad investigada era KND, de Jaen, especializada precisamente en impartir cursos de formación, y que hace tiempo admitió haber pagado supuestamente comisiones a UGT Andalucía e, incluso, haber fraccionado pagos en una quincena de cheques de menos de 3.000 euros para evitar los controles del Banco de España. Las compañía restante tenía su sede en Madrid. Se trata de Servicios de Información y Organización SA (SIOSA), una empresa informática. Junto a las sedes de todas ellas, la Guardia Civil también registró el domicilio particular de Fresneda en el sevillano barrio de Los Remedios.
En este trama jugaban presuntamente un papel clave tres compañeros del extesorero de la UGT. Todos ellos ocupaban puestos de administrativos en el departamento de finanzas del sindicato y eran los encargados de dar instrucciones concretas a los empresarios sobre qué conceptos concretos debían plasmar en sus facturas, el importe que debía figurar e, incluso, cuando tenían que hacer una ex profeso, según diversos correos electrónicos intervenidos durante la investigación que precedió a las detenciones de ayer. Uno de estos arrestados es Dolores S., exjefa de compras del sindicato y cuya firma aparece en numerosa documentación relacionada con la presunta falsificación de facturas que se intervino ya en diciembre, durante el registro que la UCO hizo a la sede sevillana del sindicato.
El registro de diciembre
Éste ha sido, de hecho, la pieza clave de la' Operación Cirene', aunque curiosamente el mismo se hizo cuando al frente de la instrucción del caso se encontraba la juez Mercedes Alaya, quien también dirige el 'caso de los ERE'. Entonces, la Guardia Civil intervino para su análisis abundante documentación contable, discos duros de ordenadores y un elevado número de correos electrónicos que el departamento financiero del sindicato intercambiaba con sus proveedores. De todo ello se desprendía ya la existencia de prácticas fraudulentas en las facturaciones y, por extensión, la utilización por parte del sindicato de una caja B que se nutría, precisamente, del dinero que la Junta destinaba a los cursos de formación. Las declaraciones que en las semanas posteriores tomaron los agentes a varios testigos terminaron de apuntalar los sólidos indicios.
Sin embargo, el pasado mes de marzo la Audiencia Provincial de Sevilla obligó a la juez Alaya a inhibirse en la instrucción de la causa, que recayó finalmente en el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla, dirigido por Juan Jesús García Vélez, que es el que había recibido en primera instancia las denuncias del sindicato Manos Limpias contra los dirigentes del sindicato. En éstas se recogían las informaciones del diario El Mundo que revelaban que parte de los fondos de formación habían terminado financiando una cena para 150 personas en la Feria de Sevilla que costó más de 12.000 euros y la compra de 700 maletines de imitación y un millar de bolígrafos para repartir entre los afiliados en un congreso. En las denuncias se acusaba también a estos dirigentes de "falsear facturas para pagar pancartas y publicidad para la huelga general de 29 de septiembre de 2010".
Fuentes cercanas a la investigación destacaban ayer a este diario que dichos gastos, pese a ser escandalosos, no pasaban de ser anécdotas dentro de un sistema más complejo y organizado que tenía como único fin el supuesto desvío de cientos de miles de euros de dinero público a la caja B de la UGT. De hecho, la cantidad que tras una investigación interna que se cerró en falso admitió en enero el propio sindicato como "gastos inconvenientes", 80.000 euros, es sólo un mínima parte del fraude de los fondos de formación, según estas mismas fuentes. Éstas, sin embargo no se aventuran a hacer aún una estimación del dinero finalmente desviado hasta no analizar la abundante documentación intervenida ayer. Lo único que tienen claro es que había una supuesta caja 'B', un extesorero al estilo Bárcenas y mucho dinero negro.
