La vía defendida por Soraya Sáenz de Santamaría se ha impuesto finalmente en el accidentado proceso de elaboración de la reforma de la ley del aborto impulsada por el ministro de Justicia. El texto que aprobará el Consejo de Ministros incluirá, con casi absoluta seguridad, algunas de las modificaciones sugeridas en los informes emitidos por los organismos asesores, tanto del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como del Consejo Fiscal o el Comité de Bioética.
El cambio más reseñable es la despenalización de la interrupción del embarazo en caso de malformación del feto. No se convertiría esta modificación en el tercer supuesto que se reclama desde algunos sectores sociales y políticos, pero se incluiría en la nueva normativa.
Una tramitación accidentada
Este cambio es sustancial y, en el caso de que finalmente lo apruebe el Gobierno, supondría una victoria en toda regla de la vicepresidenta del Gobierno, que nunca asumió abiertamente la necesidad de esta ley. Congeló subrepticiamente tanto su elaboración como su tramitación durante meses hasta que, finalmente, el anteproyecto pudo ver la luz finales de año.
Ruiz-Gallardón, apoyado por algunos de los ministros más 'duros' del Gobierno en esta materia, como Jorge Fernández Díaz, titular de Interior, o Ana Pastor, de Fomento, ha asegurado durante el proceloso tránsito del texto, que las líneas fundamentales de la nueva ley no sufrirían modiciaciones. Es evidente que la interrupción del embarazo en caso de malformación del feto altera de forma sustancial el espíritu del proyecto de Gallardón, basado en un pronunciamiento del Constitucional y de Naciones Unidas.
La idea es que la nueva ley esté solventada y zanjada antes de primeros del año próximo
El derecho a la vida del no nacido por encima del derecho de la mujer. De ahí que la iniciativa de Gallardón suprimiera el supuesto eugenésico por una pura cuestión de coherencia, según su impulsor: una enfermedad fetal no supone ningún conflicto con ningún derecho de la madre de rango semejante. En suma, un giro copernicano con la ley en vigor, establecida durante el Gobierno de Zapatero, en el que la vida del nasciturus queda absolutamente desprotegida durante las primeras 14 semanas de gestación. Se trata de una ley de plazos, en la línea de lo que funciona actualmente en nuestro entorno europeo.
Giro sobre la marcha
Mariano Rajoy siempre ha considerado como propia esta ley y así lo ha manifestado en numerosas ocasiones. Pese a las presiones de la oposición, no entraba en sus planes llevar a cabo modificaciones de importancia. Al cabo, es un proyecto que defiende unos postulados éticos y morales con los que considera que sintoniza su electorado. Pero el malestar en las estructuras del PP son crecientes, hasta el punto de que se va a dar marcha atrás.
Sostener esta línea puede acarrear consecuencias graves entre los simpatizantes del partido que no consideraban necesaria esta reforma
Barones autonómicos, dirigentes, locales y estructuras del Gobierno han señalado con insistencia la necesidad de introducir modificaciones. Dolores de Cospedal, en este caso, ha hecho causa común con la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, consciente también de que sostener esta línea puede acarrear consecuencias graves entre los simpatizantes del partido que no consideraban necesaria esta reforma.
"La decisión la adoptará el Consejo de Ministros", ha declarado Ruiz-Gallardón, traspasando la responsabilidad de los cambios a las espaldas del Gabinete. El PP tiene prisa. Quiere que este asunto esté solventado cuanto antes para que no se convierta en un elemento de debate durante la campaña electoral. Y cree que puede espantar al estéreo magma que vota al centro. La idea es que la nueva ley esté solventada y zanjada antes de primeros del año próximo.
