Bien aleccionado por su abogado defensor, Daniel Ortiz Espejo, el diputado del PP en la Asamblea de Madrid que tuvo que dimitir tras su implicación en el caso Púnica, esquivó este martes durante una parte importante de su comparecencia como imputado las incisivas preguntas que le planteó el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco. Sus respuestas eludían cualquier responsabilidad en la adjudicación bajo sospecha de un contrato de eficiencia energética de 73 millones de euros en el Ayuntamiento de Móstoles cuando él era alcalde. Dijo que no participó en el proceso, que todo cumplió los trámites legales, que aquel concruso recibió el visto bueno de un tribunal administrativo, que nunca filtró documentación interna del consistorio...
La estrategia de Daniel Ortiz consitió en desmarcarse de cualquier irregularidad, pero terminó reconociendo que envió los 'wasaps' que le incriminan
Sin embargo, toda su defensa se tambaleó cuando admitió que él era el autor de los dos 'wasaps' que recibió un concejal de su equipo para paralizar aquella adjudicación que finalmente ganó Cofely, una de las principales empresas implicadas en la trama. Según fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio, en ese momento el magistrado le pidió su teléfono movil para poder ver personalmente en ese acto aquellos mensajes que ya constaban en el sumario porque los había aportado el destinatario, pero también otros no conocidos hasta ahora y que pudieran tener que ver con el supuesto amaño, según fuentes cercanas a la investigación. El político dijo que no podía ser, que aquel terminal ya no estaba en su poder ya que lo devolvió cuando abandonó el cargo de alcalde y recibió otro como diputado del PP en la Asamblea de Madrid. El juez Velasco lo había acrorralado, según detallan fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio.
El magistrado había convocado a Daniel Ortiz para que compareciera en la Audiencia Nacional a las diez de la mañana. Era el primero de los ocho testigos e imputados a los que había citado para dar un nuevo impulso al sumario del 'caso Púnica'. El político llegó temprano y eludió hablar con la prensa, como haría cuando finalizó su interrogatorio y abandonó la sede judicial. Su línea de defensa, como lo había sido desde que se conoció que el exhaustivo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que detallaba hasta 28 indicios que le implicaban en uno de los mayores pelotazos de la trama, fue negar cualquier relación con las irregularidades detectadas e, incluso, la existencia de las mismas. De hecho, negó que el millonario contrato de eficiencia energética bajo sospecha fuera fraudulento o que hubiera existido algún tipo de amaño durante su tramitación.
Una filtración que le pareció "fatal"
Dicha afirmación la intentò respaldar con el hecho de que supuestamente tuvo en su momento el dictamen favorable del Tribunal de Contratación Administración. No obstante, también se esforzó en desmarcarse de cualquiera de las decisiones que desembocaron en la supuesta adjudicación irregular ya que, aseguró, él se mantuvo al margen en todo momento de dicho proceso ya que no era función del alcalde. También negó haber participado en la supuesta filtración de un documento interno del Ayuntamiento que apareció en poder de uno de los directivos de Cofely durante los registros y que demuestra que esta compañía tuvo información privilegiada que le permitió ganar el concruso. Daniel Ortiz aseguró que nunca había hecho tal cosa y que, de hecho, le parecía “fatal” si se había producido.
El juez le pidió al político el móvil para leer en ese acto los 'wasaps' que envió al concejal después de que admitiera que los había escrito él
Sin embargo, su seguridad se tambaleó cuando el juez le interrogó por los 'wasaps' que remitió el 12 de marzo de 2014 al concejal de su partido David Sánchez del Rey, responsable entonces de Infraestructuras del consistorio y que, por tanto, participaba en el proceso de adjudicación del contrato bajo sospecha. En ellos, el entonces alcalde ordenaba a su edil que "no lleves mañana tema oferta económica... Ok?" "Recibido. Te refieres a que no demos lectura de informe del sobre 2 ni abrir el sobre 3?", fue la respuesta del edil. El entonces alcalde se lo confirmaba en otro 'wasap': "Eso... ya os cuento a ti y a Vanesa", en referencia otra integrante del equipo de gobierno del consistorio, Vanesa Martínez. Ese mismo día, los dos protagonistas del intercambio de mensajes de móvil mantuvieron una reunión en la que Daniel Ortiz puso sobre la mesa la que finalmente sería la excusa para anular la mejor oferta y darle el millonario contrato a Cofely: sus "dudas sobre la capacidad económica de Fulton [la otra empresa que aspiraba al mismo] para afrontar las inversiones", según declaró Sánchez del Rey cuando aportó los mensajes a la causa.
Tras leerle los mensajes, el magistrado pidió a Daniel Ortiz que le confirmarse si los había escrito él. Cuando el político le explicaba que los mismos formaban parte del trabajo diario con su equipo de Gobierno, que eran "comunicaciones ordinarias entre un alcalde y sus concejales", el magistrado le pidió que no los “interpretase”y que se ciñera a la cuestión de la autoría. El político ratificó que, efectivamente, él los había escrito, pero intentó justificar la orden de paralizar el proceso de adjudicación en las dudas que le habían surgido sobre la capacidad de la compañía que en primera instancia iba a llevarse el contrato, Fulton, para realizar unos trabajos de eficiencia energética que afectaban a un centennar de edificios municipales. En ese momento, el juez Velasco le pidió que le entregase su teléfonos móvil para ver en ese acto estos mensajes y otros posibles relacionados con la causa, según fuentes cercanas a la investigación. Fue entonces cuando el político se escudó en que ese era el terminal que tenía cuando era alcalde Móstoles y que lo devolvió cuando dejó el cargo y asumió sus nuevas funciones de diputado en la Asamblea de Madrid. El juez Velasco lo habìa acorralado.
ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA ADJUDICACIÓN
La exposición razonada que el pasado mes de mayo elevó el juez Eloy Velasco al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que investigara al entonces aforado Daniel Ortiz detallaba todos los indicios recabados contra el político en las fases de licitación, adjudicación y ejecución del “contrato administrativo mixto de suministros y servicios energéticos y mantenimiento integral con garantía total de los edificios municipales y centros educativos del municipio de Móstoles”, licitado el 12 de diciembre de 2013 y adjudicado el 20 de 2014 por importe de 73.143.434,76 euros por un periodo de 12 años. Daniel Ortiz, según el juez de la Audiencia Nacional, recabó información del avance de la fase de licitación del contrato presionando continuadamente sobre empleados públicos y autoridades municipales, “prevaliéndose de su posición como alcalde de la localidad”. Muy especialmente, sobre el concejal promotor del expediente, David Sánchez Rey. A éste llegó a solicitarle la interrupción del procedimiento de adjudicación, interfiriendo en el proceso reglado de decisión de la Mesa de Contratación, único órgano competente sobre el contrato, del que no formaba parte.
Según Velasco, durante la tramitación del procedimiento puso en marcha “una dinámica de mensajes e intercambios de informes confidenciales que generaron un auténtico circuito paralelo encubierto de licitación, remitiendo subrepticiamente a los empleados de Cofely (…) documentos confidenciales de la oferta de un licitador competidor”. Dicha actuación se hizo, continúa el juez, al objeto de que los cuadros técnicos de esa multinacional realizaran “como efectivamente realizaron, un contrainforme anónimo para excluir al competidor mejor baremado hasta entonces”, con el fin de ayudar a Cofely “facilitándole información que no podía adelantar y que sólo filtró a ella”. Todo ello,"con un ánimo de lucro personal como contrapartida". El magistrado llega a hablar de pagos de entre 240.000 y 500.000 euros de los que supuestamente se beneficaron él, el concejal del mismo municipio Alejando Utrilla, y el hermano de éste, Mario, que fuera alcalde de Sevilla La Nueva y parlamentario regional la pasada legislatura autonómica.
