Tuvalu Gestión SL, Sega Integrales SL, Circuito de Prácticas Pista Sur, Ayjopen Consulting SL, Himalaya 2002 SL, Norean 2000 SL, Match Golf Consulting SL, Servicios Patrimoniales de Obras y Vías SL, Bustren SA... Son el nombre de parte de las "diez o doce empresas" que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, sospecha que son en realidad sociedades instrumentales de Francisco Granados con las que éste "guardaba" el dinero de las 'mordidas' recibidas. Así lo revela el interrogatorio al que el magistrado y las fiscales Anticorrupción sometieron al matrimonio formado por Ignacio Palacios, antiguo jefe de gabinete del político 'popular', y María José Marijuán. Ambos, que se negaron a contestar a las preguntas que les plantearon, son considerados por los investigadores los presuntos testaferros de las sociedades con las que Granados ocultaba ser el presunto propietario de una finca en Ávila e intentaba evadir dinero de España.
Anticorrupción cree que la trama sirvió a Granados para ocultar una finca en Ávila y gestar operaciones para evadir dinero
El interrogatorio de la pareja se produjo el pasado 19 de noviembre tras su detención, aunque el contenido del mismo había permanecido bajo secreto de sumario hasta ahora. Dos días antes, el magistrado ya había ordenado el embargo y bloqueo de los bienes y cuentas de estas compañías. La primera en comparecer ante el juez Velasco fue María José Marijuan, que era la que figuraba como administradora única o propietaria de acciones en buena parte de estas empresas. Poco después le tocaba el turno a su marido. Ambos coincidieron en acogerse a su derecho a no declarar. Sin embargo, ello no impidió que el magistrado y las fiscales Anticorrupción dejaran entrever en sus intervenciones que consideraban al matrimonio como la pieza "nuclear" de un entramado de empresas 'fantasma' creado con el fin de que "el señor Granados cobrara comisiones de ciertos empresarios".
Se trata, según palabras de las representantes de Anticorrupción, "de diez o doce empresas" que presuntamente permitían "obtener la dádiva, ocultarla y distribuirla entre los funcionarios públicos", pero también "poner a buen recaudo ganancias ilícitas". De hecho, la grabación de ambos interrogatorios apuntala la sospecha de que a través de estas mercantiles se orquestaron operaciones "para la salida de fondos a terceros países". No era el único fin de las mismas. El juez y las fiscales también las consideran claves para ocultar que Granados era propietario de ciertos bienes, entre ellos una finca valorada en más de un millón de euros situada en la localidad abulense de Higuera de las Dueñas y donde el político acudía muchos fines de semana con sus amigos, incluidos Palacios y su esposa, a montar a caballo y en 'quad'.
"Datos objetivos y fuertes indicios"
Anticorrupción considera que todas estas sospechas están respadadas por "datos objetivos y fuertes indicios". Entre ellos, las declaraciones de varios imputados. Uno es, precisamente, el constructor David Marjaliza, quien en su testimonio autoinculpatorio del pasado 13 de noviembre no dudó en calificar a Ignacio Palacios y su mujer de "testaferros de Paco". El constructor también explicó al juez la maniobra societaria para ocultar que Granados era el verdadero propietario de una parte relevantes de las mismas. Así, explicó que en el caso de Servicios Patrimoniales de Obras y Vías SL figuraba formalmente con el 49% de las acciones una mercantil del propio constructor, que otro 49% era del también empresario Ramiro Cid y que el 2% restante aparecía a nombre de Ayjopen Consulting SL, administrada por María José Marijúan. Sin embargo, todo ello era una pantalla ya que aseguró que el verdadero reparto de poder y de beneficios de la compañía era del 33% para cada uno de los tres socios, incluido el 'oculto' Granados.
Marjaliza detalló al juez Velasco como se valía el político de testaferros para ocultar su participación en las mercantiles bajo sospecha
Unas afirmaciones que más adelante fueron respaldadas en parte por Alfonso Luna, cuñado de Marjaliza y administrador de muchas de las sociecdades del constructor. Durante su declaración como imputado, Luna admitió conocer que detrás de ese 2% minoritario en la empresa Servicios Patrimoniales de Obras y Vías SL estaba Ignacio Palacios. "No lo puedo asegurar, pero siendo Ignacio y siendo el brazo derecho de Granados, podemos intuir..." Palacios aportó durante su testimonio información sobre dicha mercantil y, en concreto, sobre lo que le costó en octubre de 2005 al entonces consejero del Gobierno de Esperanza Aguirre hacerse con ese mínimo porcentaje en la compañía: poco más de 31.000 euros.
La Fiscalía Anticorrupción le preguntó entonces si esta compañía y otras que figuraban como filiales de la misma servían para "guardar determinadas cantidades que iba a recibir Granados". "Puedo pensar, pero no he visto nada firmado", fue la respuesta del cuñado de Marjaliza, quien también ha comenzado a colaborar con la Justicia. Servicios Patrimoniales de Obras y Vías SL era, de hecho, una pieza clave en este supuesto entramado societario, ya que figura como propietaria al 100% de al menos otras tres mercantiles bajo sospecha. Entre ellas aparece Tuvalu Gestión SL, que consta en el registro de la propiedad como titular de la finca Fuentenebro en la provincia de Ávila.
La conexión con Matas y Fabra
Otra de las empresas relevantes de la trama es Match Golf Consulting SL, en la que María José Marijuan también figuró como administradora y que en 2010 ya fue investigada en uno de los múltiples sumarios abiertos en los Juzgados de las Islas Baleares por la gestión del expresidente autonómico Jaume Matas. El nombre de esta mercantil también se vio salpicada por la polémica por sus contratos con otro dirigente del PP hasta hace poco encarcelado, Carlos Fabra. De hecho, en la comparecencia del matrimonio ante el juez, la Fiscalía Anticorrupción señaló a la expansión de la trama hacia el Levante español precisamente por los contratos firmados por esta firma con el polémico Aeropuerto de Castellón, la Diputación de Valencia y el Instituto de Turismo balear, todos ellos entonces gobernados por el PP.
Una de las empresas 'fantasma' de Granados ya se vio envuelta en polémica por sus contratos con las Administraciones de Matas y Fabra
La Guardia Civil investiga también si Match Golf Consulting, que en abril de 2013 entró en proceso de liquidación, fue utilizada antes de su disolución en algún 'pelotazo' de la trama y, más en concreto, en la realización de actos de inauguración y de colocación de primeras piedras en obras públicas financiadas por la Comunidad de Madrid, según aseguran a este diario fuentes cercanas a las pesquisas. Unos actos financiados en muchos casos por la sociedad pública Arpegio, donde ocuparon puestos relevantes el propio Granados e Ignacio Palacios.
