La Guardia Civil está registrando distintos organismos de la Comunidad de Madrid en busca de facturas falsas o contratos relacionadas con la trama de corrupción destapada en la 'Operación Púnica'. Este miércoles, la Guardia Civil se llevó de la sede de la Consejería de Justicia, sita en la Gran Vía, dos contratos que se han realizado en los últimos años: el de seguridad de edificios y traductores del año 2009. "Los agentes sabían lo que querían y se les ha dado lo que han solicitado", según dijeron personas que conocen el trabajo que hicieron los guardias civiles
Fuentes de la Comunidad de Madrid indicaron que el Gobierno regional está colaborando con la investigación y entrega, “como no podía ser de otra manera, todo lo que nos solicitan”. De hecho, los agentes entraron en varias dependencias más del Ejecutivo regional donde se retiró más documentación.
Personas que conocen la Consejería de Justicia afirman que cuando Francisco Granados era responsable de este departamento ordenaba pagar contratos de hasta 60.000 euros a través de sociedades que dependían de la Consejería para evitar la fiscalización. Al tratarse de contratos de esa cantidad, menor de 60.000 euros y de una sociedad pública, no tenían que pasar la fiscalización como si se tratara del expediente de una dirección general.
El trámite cuando se trata de un organismo de la Administración es más largo y complicado y tiene que participar incluso la Intervención General, lo que retrasa el procedimiento. Si supera los 60.000 euros tiene que hacerse por concurso.
Otras versiones
Fuentes que conocen la investigación indican que la operación contra la Agencia Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) podría no tener nada que ver con la ‘operación Púnica’, aunque haya estallado de forma paralela. Personas del entorno del detenido José Martínez Nicolás, director de ICM, indicaban también que están seguros de que saldrá en las próximas horas en libertad sin cargos.
No es de la misma opinión UPyD. El portavoz de este partido, Ramón Marcos, anunció que presentarán una denuncia en los juzgados contra el responsable de ICM. En la querella relatan que un contrato de Recursos Humanos se transformó en otro de Gestión Económico Financiera que incluía “contraprestaciones” para que Price Waterhouse Coopers contratara a familiares de altos cargos de la Comunidad de Madrid.
UPyD lleva mucho tiempo denunciando la falta de transparencia de esa sociedad pública y recordó que pidió información sobre todos los contratos de la Agencia de Informática y Comunicaciones y el Gobierno les negó esa información.
Por otra parte, UPyD está también trabajando en otra denuncia que señala que algunos contratos con Indra llevarían incluido la realización de estudios electorales para el Partido Popular.
Ramón Marcos cree que los últimos hechos sobre corrupción política demuestran que “hay crimen organizado, que afecta directamente al núcleo central de los principales partidos políticos”.
La diputada socialista, Amparo Valcarce, también ha denunciado en varias ocasiones, y el miércoles lo reiteró, la mala gestión y las formas en llevar la contratación de ICAM. Las quejas de la diputada socialista incluían los sueldos de esa empresa, de la que un 80% de los cargos cobran más que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
