Esperanza Aguirre, la 'lideresa', lo repite una y otra vez. "No ha habido, que yo sepa, financiación ilegal del PP de Madrid". Sin embargo, las palabras de la veterana política chocan frontalmente una y otra vez con los avances del 'caso Púnica'. Desde que la Fiscalía Anticorrupción iniciase hace ya dos años las pesquisas tras el hallazgo de las cuentas que Francisco Granados y su amigo David Marjaliza tenían en Suiza, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha sacado a la luz al menos cuatro vías diferentes de supuesta financiación irregular de la formación que preside. De las recientemente conocidas entregas de dinero en metálico que presuntamente refleja la agenda manuscrita intervenida al exdirigente 'popular' hoy encarcelado al pago en especie por adjudicaciones municipales y la prestación de servicios para el partido que presuntamente se camuflaban con contratos públicos para que corrieran a cuenta del bolsillo de los contribuyentes.
Los maletines: Ha sido la última en salir a la luz, pero lo ha hecho con nombres de relumbrón. Nada menos que el de Javier López Madrid. Yerno de Juan Miguel Villar Mir, amigo de Felipe VI y la reina, y consejero de OHL, el empresario ha sido identificado por el constructor Marjaliza como la persona que se esconde tras las iniciales 'JML' que figuran en el cuaderno en el que Granados anotaba la supuesta recepción de comisiones. Su domicilio y dos despachos que ocupaba fueron registrados este jueves por la Guardia Civil en una operación en la que también se buscaron nuevas pruebas de esos supuestos pagos en la contabilidad del presunto destinatario, el PP madrileño. El que fuera gerente de la formación y persona de la máxima confianza de Aguirre, Beltrán Gutiérrez, también vio cómo su vivienda y su puesto de trabajo recibían la visita de los agentes en busca de documentación en papel o en formato digital que corroboraran las revelaciones del constructor de Valdemoro que ha pasado de cabecilla de la trama a colaborador con la Justicia. Según señalaba este viernes la Cadena Ser, López Madrid entregó hasta 2 millones de euros en 'donaciones' irregulares a las arcas de la formación.
El juez Velasco ya recogía en un auto de noviembre que Granados cobró algunas de las 'mordidas' "de manera directa, mediante la recepción de cantidades en metálico entregadas por empresarios"
Sin embargo, los investigadores están convencidos que el consejero de OHL no es, ni mucho menos, el único empresario que presuntamente financió al PP madrileño mediante maletines. El juez Velasco, también. De hecho, en un auto dictado el pasado noviembre por el que puso en libertad bajo fianza a Ignacio Palacios, mano derecha de Granados desde que éste consiguió la alcaldía de Valdemoro en 1999, el magistrado ya apuntaba a la presunta entrega de dinero en efectivo por parte de mercantiles. En aquel escrito, se destacaba el papel "clave" de este colaborador del exdirigente 'popular' y le señalaba como el presunto 'cobrador' de las mordidas. Además, señalaba que éste ejercía dicho papel en algunas ocasiones "de manera directa, mediante la recepción de cantidades en metálico entregadas por empresarios". En otras, "empleando vehículos societarios que mediante la compraventa de participaciones han servido para capitalizar las comisiones pactadas", se recogía textualmente en dicho documento judicial. El magistrado también indicaba que, para ello, el político había constituido un "entramado societario" en el que Palacios y la esposa de éste, también detenida e imputada, hacían el papel de presuntos testaferros.
Las encuestas políticas. Una encuesta, una adjudicación. No todo eran pagos en metálico, ni mucho menos. La investigación sobre las irregularidades en los contratos de eficiencia energética a la multinacional Cofely GDF Suez reveló que en ocasiones las supuestas compensaciones por el amaño de los concursos se hacían en encuestas electorales para los políticos locales ansiosos de conocer sus expectativas ante una cita con las urnas. En este caso, los beneficiarios de estos sondeos eran del PP, pero también de otros partidos, como el PSOE de Parla (Madrid). Para ello, las empresas que aspiraban a hacerse con un contrato público en el municipio encargaban a una consultara, que casi siempre era TNS, una encuesta de intención de voto que se camuflaba como estudio socioeconómico de la localidad. De este modo, el partido se ahorraba el coste de sondeo demoscópico y, a cambio, la empresa recibía la adjudicación a la que aspiraba.
Los equipos de gobierno de siete ayuntamientos madrileños gobernados por el PP y otro por el PSOE recibieron como pago encuestas electorales pagadas por empresas adjudicatarias de contratos
Hasta ahora, los investigadores creen haber encontrado pruebas de esta práctica se extendió entre 2005 y 2014 y afectó a ocho municipios de la Comunidad de Madrid: Valdemoro, epicentro de la trama de corrupción, Alcalá de Henares, Móstoles, Pozuelo de Alcorcón, Alcobendas, Brunete, Torrejón de Velasco, todos ellos gobernados por los 'populares', y el ya comentado de Parla. En total, las pesquisas han sacado a la luz pagos en 'especie' de este tipo por un valor superior a los 400.000 euros realizados por hasta siete empresas diferentes. Además de Cofely, cuatro de cuyos directivos están imputados en la causa, esta fórmula de financiación salpica también a constructoras muy conocidas como FCC y Urbaser, consultoras, empresas del propio Marjaliza e, incluso, a una fundación ya desaparecida.
Los trabajos de reputación 'online'. El juez Eloy Velasco lo recogía claramente en uno de sus autos al referirse a la actuación de la trama: "Genera situaciones de corrupción, tanto administrativa como política, en las que prima la obtención de financiación irregular, como causa eficiente de la adjudicación de obra por encima de la libre concurrencia de las ofertas". Algo que, añadía, se hacía "no en función de lo que sea más beneficioso a la sociedad, sino por lo que es más beneficioso para un partido político". Las primeras sospechas sobre que no sólo los implicados en la red de corrupción eran receptores de 'mordidas' sino que también las formaciones políticas habían salido ganando surgió por la forma en la que se financiaban determinados trabajos de reputación 'online' para sus dirigentes que se 'vestían' como resúmenes de prensa digital que se pagaban con fondos públicos. Es la parte de la investigación que tiene como personaje principal a Alejandro de Pedro, el llamado 'conseguidor', y sus empresas de consultoría. Esta fue también la vía de financiación supuestamente irregular que más extendida estaba ya que no sólo ha salpicado al PP de Madrid, donde están imputados los exconsejeros del Gobierno autónomo, sino también al máximo responsable de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón, y el Ejecutivo de la Región de Murcia, además de a varias administraciones de la Comunidad Valenciana. Todos ellos de la formación conservadora.
El magistrado considera que el pago con dinero público de trabajos de reputación 'online' para lavar la imagen de políticos en las redes sociales es otra forma de financiación ilegal del PP
El ejemplo más evidente era, sin embargo, Madrid. Así, por ejemplo, entre 2012 y 2013, la consejería de Educación que encabezaba Lucía Figar pagó 2.000 euros por informes mensuales que oficialmente estaban destinados al departamento pero que, en realidad, tenían como único fin neutralizar en las redes sociales las noticias negativas que afectaban a la imagen de la política 'popular'. El juez Velasco mantiene imputada a la ya exconsejera por destinar presuntamente 72.000 euros de fondos públicos a este fin. Además, el que fuera portavoz, Salvador Victoria, también encausado, utilizó al director general de un organismo público hasta tres veces para que Indra pagara a las empresas de De Pedro por trabajos de reputación que en realidad tenían como destinatarios a altos cargos de la Comunidad de Madrid. El propio De Pedro aseguró al juez Velasco que, aunque un ejecutivo de la compañía tecnológica le pagó 10.000 euros en metálico en un coche en un aparcamiento, la Comunidad le dejó a deber 140.000 euros por trabajos de reputación online de Ignacio González, el entonces presidente. El magistrado considera todo ello financiación ilegal del PP.
Las fiestas patronales. La Guardia Civil no tiene dudas sobre la cuarta fórmula de financiación ilegal y así se recoge en sus informes incorporados al sumario. Las decenas de adjudicaciones con las que la empresa Waiter Music resultó agraciada en una veintena de municipios madrileños se tradujo presuntamente en el pago de contraprestaciones a políticos y al propio Partido Popular. Desde fastuosas fiestas de cumpleaños, como la del propio Francisco Granados que costó 10.000 euros y que el dueño de esta empresa dedicada a la organización de espectáculos musicales ha reconocido haber pagado, hasta la organización de mítines del propio partido. En uno de esos informes, los agentes de la UCO destacan que "en algunos casos incluso hay evidencia documental de que el coste de dichos eventos habría sido incluido de forma fraudulenta cargando los importes en facturas vinculadas a contratos públicos de fiestas locales". En algunos casos, esta mercantil llegaba a acaparar los concursos. El mejor ejemplo era Valdemoro, auténtico epicentro de la trama, donde sólo en cinco años la sociedad obtuvo contratos del Ayuntamiento por más de 6 millones de euros. Uno de ellos, sólo unas semanas después de haber agasajado al presunto cabecilla de la trama.
Un informe de la Guardia Civil destaca que la empresa que organizó para el PP madrileño múltiples actos electorales cargaba los gastos de éstos en las facturas por organizar las fiestas patronales
Entre esas pruebas figuran numerosos 'emails' que la Guardia Civil localizó en los servidores de la compañía y que intercambiaban los empleados de Waiter Music entre sí y con cargos públicos. Según aseguraron en su día a Vozpópuli trabajadores de esta empresa, dichos correos electrónicos son "una clara prueba" de que algunos responsables de los consistorios que adjudicaban la organización de sus festejos a esta empresa recibieron supuestamente como contrapartida fiestas 'gratis total' para celebraciones particulares "o, en la mayoría de los casos, para actos de sus campañas electorales". "La instalación de castillos hinchables en mítines eran, de hecho, de lo más reclamado porque atraía a potenciales votantes a través de sus hijos", destacaban estas fuentes. Todo ello supuestamente sufragado con el 'inflado' de las facturas que la empresa cursaba a los Ayuntamientos por las adjudicaciones que recibía y en cuya trama intervenía presuntamente una segunda compañía con sede en Torrejón de Ardoz que también ha aparecido en los 'pinchazos telefónicos' de los principales cabecillas de la trama. Ambas se cruzaban facturas en concepto de "comisión concierto" al que añadían el nombre del artista que actuaba y la localidad en la que lo hacía para camuflar dichas 'mordidas'.
