El amaño de la "obra civil" en la Comunidad de Madrid es el nuevo objetivo prioritario de la investigación de la trama Púnica. Así lo apunta el último auto del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, en el que justifica mantener el secreto de sumario un mes más precisamente por la necesidad de continuar el análisis de "los flujos monetarios" que la adjudicación de infraestructuras públicas ha generado a los principales implicados en la trama de corrupción. Aunque no lo cita expresamente, buena parte de estas pesquisas se centran en la empresa pública Arpegio Áreas de Promoción Empresarial SA (hoy rebautizada como Nuevo Arpegio SA) y en el llamado Plan Regional de Inversiones y Servicios (Prisma) del ejecutivo regional madrileño, un proyecto al frente del cual estuvo Francisco Granados y que salpica al actual número 3 del Gobierno de Cristina Cifuentes, el consejero Jaime González Taboada.
En el auto de prórroga del secreto de sumario, el magistrado sitúa "la recuperación de los lucros ilícitos" como uno de sus principales objetivos
El auto, al que ha tenido acceso Vozpópuli, tiene fecha del pasado 5 de abril y apunta las razones por las que el magistrado, con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción, ha decidido prorrogar en principio hasta el próximo 7 de mayo el secreto de sumario sobre la pieza del sumario denominada "internacional". En ella, además del contenido de las comisiones rogatorias, el instructor ha incluido otros elementos claves de las pesquisas, como la declaración de David Marjaliza y el contenido de varias agendas, entre ellas el cuaderno que se intervino a Granados y la libreta que estaba en el despacho de la secretaria del constructor, ambas con anotaciones sobre supuestos sobornos a políticos. "A la citada pieza secreta se se ha unido cuanta documental se ha considerado imprescindible para no perjudicar nuevas líneas de investigación", recalca dicho escrito del juez.
Velasco subraya que con ello pretende "dar vigor a los indicios" y "fijar responsabilidades" de los presuntos implicados, así como "asegurar que los posibles hallazgos" no sean "destruidos o manipulados", sobre todo en lo que afecta "a la recuperación de los lucros ilícitos". Es en este punto donde el magistrado alaba "la investigación financiera" realizada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que "ha permitido conocer un montante aproximado de ganancias ilícitas generadas por la trama [Púnica] en torno a la actividad inmobiliaria", pero también arrancar en el "análisis de la documentación concerniente a determinadas y diversas inversiones" de algunos de los implicados, en lo que las fuentes cercanas a la investigación interpretan como una referencia a Francisco Granados, único de los imputados que aún permanece en prisión provisional.
"Flujos monetarios"
De hecho, el auto que ha prorrogado ahora el secreto de las actuaciones incide que estas personas son las que "han estado detrás de la adjudicación de obra civil al amparo de dichas inversiones y relaciones mantenidas al efecto", frase que según las fuentes jurídicas consultadas apunta al Plan Prisma de la Comunidad de Madrid en el periodo que va entre 2004 y 2011, tiempo en el cual Granados ocupó cargos de relevancia en el Ejecutivo autonómico de Esperanza Aguirre. "Es muy importante el estudio de los flujos monetarios sin injerencia, en aras de poder aportar elementos probatorios de la realización de las diversas infracciones penales cometidas y conseguir recuperar y decomisar los activos que la actividad delictiva generó y que todavía no han podido ser recuperados", recalca el juez en su escrito para justificar su decisión.
El juez apunta en su escrito a las personas que "han estado detrás de la adjudicación de obra civil", en referencia a Granados y el Plan Prisma
De este modo, el juez Velasco centra parte de las actuales pesquisas del 'caso Púnica' en una línea de investigación que llevaba tiempo abierta y que ya había recibido un importante impulso el pasado mes de junio. Entonces, el constructor David Marjaliza acudió tres días a la Audiencia Nacional para, tras llegar a un acuerdo con Anticorrupción, confesar durante cerca de once horas las corruptelas en las que había participado. Aunque el contenido de dicho testimonio aún permanece secreto, sí ha transcendido que el socio de Granados habló de la empresa pública Arpegio y de obras supuestamente amañadas del Plan Prisma. Además, según confirman a este diario fuentes cercanas a la investigación, citó expresamente al consejero González Taboada, quien en el periodo investigado tenía capacidad de decisión en dicho programa de inversiones en su condición de director general de Cooperación con la Administración Local.
En el sumario figuran también interrogatorios de la Guardia Civil a testigos sobre el mecanismo de actuación de la empresa pública Arpegio durante el periodo en el que Granados, por su condición de 'número 3' del Ejecutivo de Esperanza Aguirre, fue su presidente. Fue en esta etapa en el que esta entidad comenzó a gestionar las inversiones de Prisma. Así, los agentes de la UCO preguntaron a Francisco Esquivias, actual secretario general de Nuevo Arpegio, la empresa que sustituyó en diciembre de 2010 a la antigua Arpegio tras su fusión con otro ente de la Comunidad, Tres Cantos SA, por el papel del actual consejero de Medio Ambiente en la gestión de aquellas ayudas a los consistorios. En el acta de aquella declaración figuran referencias a cinco contratos de este plan por un total de 1,5 millones de euros adjudicados en aquellos años a la constructora DICO, una de las intervenidas en la 'Operación Púnica'.
Adjudicaciones a un empresario
Meses después, en junio de 2015, el juez Velasco envió un escrito a la Agencia Tributaria para que remitiera información sobre la Declaración Tributaria 347 del año 2006 que hizo un empresario de la construcción Carlos G.R. y "su entorno societario". Entonces, el magistrado quería saber si aquel año en concreto, esta persona "ha sido beneficiario de algún tipo de adjudicación o contrato por parte de la Comunidad de Madrid y en sus entes públicos asociados [...] con especial hincapié en la empresa pública Arpegio". Tras recibir ese primer informe, en septiembre remitió un segundo oficio para pedir que dichas pesquisas se ampliaran a un periodo mayor de tiempo. En concreto, el que va entre 2004 y 2011.
Arpegio, la empresa pública que gestionaba el plan de inversiones, ha recibido en los últimos meses varias veces la 'visita' de los agentes de la UCO
También en septiembre pasado, la Guardia Civil acudió a la sede de Arpegio para reclamar los expedientes de adjudicación para la construcción en Valdemoro, epicentro de la red de corrupción, de una biblioteca y un centro lúdico que costaron al erario 9,5 millones de euros. Su materialización recayó en Begar Construcciones y Contratas SL, del empresario Luis Ulibarri, imputado en Gürtel por los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública. La financiación de ambas obras había corrido a cuenta del Plan Prisma. Dos meses después, los agentes detenían a Ignacio Palacios, mano derecha de Granados y quien durante el tiempo en el que el político aún encarcelado presidió la empresa pública Arpegio ocupó un puesto de vocal en la misma.
La mansión de Granados
Arpegio también apareció en las pesquisas sobre la mansión 'a la medida' que presuntamente iba a regalar un constructor a Granados. Un informe de la Guardia Civil incorporado al sumario el pasado 8 de enero concluía que el que fuera consejero de Presidencia con Aguirre era el beneficiario real del chalé de lujo que el constructor Ramiro Cid, también imputado en la causa, estaba levantando en el sector R-6, denominado El Caracol, de la localidad madrileña. Tras saltar en 2009 a los medios de comunicación la existencia de dicha vivienda y su destinatario final, Granados y Cid convencieron a otro empresario, Millán Jesús Pradana, para que éste simulara su compra. El político recurrió a él tras haberle beneficiado presuntamente con parcelas valoradas en 4,2 millones de euros en un convenio firmado, precisamente, entre la empresa pública del suelo y el Ayuntamiento de Valdemoro, controlados ambos por el político ahora encarcelado.
En la causa ya están imputados la que fuera gerente de la Fundación Arpegio, Carmen Plata, y un antiguo vocal de la empresa pública, Ignacio Palacios
Finalmente, el pasado 29 de febrero los agentes de la UCO volvieron a hacer una 'visita' a la sede que Arpegio tiene en el madrileño Paseo de la Castellana. Su objetivo era reclamar nuevos contratos relacionados con el Plan Prisma. Para entonces ya había trascendido que la que fuera gerente de su Fundación, Carmen Plata, había sido imputada en la causa por la concesión de un subvención para la celebración en 2007 de un macroconcierto que costó al erario más de 300.000 euros y del que se había 'encaprichado' Granados. Días después pasaba a la condición de investigado (término que sustituye al de imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) un empresario que, precisamente, había recibido adjudicaciones del organismo público.
