La condición de imputada en el 'caso Púnica' de la ex consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, puede tener fecha de caducidad: el próximo mes de enero. Ese es el plazo que se ha dado el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, para tratar de reforzar o descartar definitivamente las acusaciones que pesan contra ella y contra el también exconsejero de la Comunidad de Madrid Salvador Victoria por las presuntas irregularidades en sus departamentos a cuenta de los trabajos de reputación 'online' realizados por el 'conseguidor' de la trama, Alejandro de Pedro.
Así lo aseguran a Vozpópuli fuentes jurídicas y cercanas a la investigación, que coinciden en señalar que las cuarenta nuevas comparecencias de testigos e imputados acordadas por el magistrado para que se inicien la próxima semana y se extiendan hasta diciembre buscan, precisamente, decidir antes de fin de año a qué imputados lleva a juicio y sobre cuáles archiva la imputación. Con esos interrogatorios también pretende averiguar si son ciertas las graves acusaciones contenidas en la confesión que el cerebro de la trama, David Marjaliza hizo el pasado mes de junio.
Tanto el juez como la Fiscalía consideran que por el momento no hay indicios sólidos contra Lucía Figar
En el caso de Lucía Figar, tanto el juez como la Fiscalía Anticorrupción consideran que, por ahora, no hay indicios sólidos contra ella como para sentarla en el banquillo de los acusados de la vista donde se enjuicie a la trama corrupta capitaneada por Francisco Granados. Fuentes cercanas a la investigación explican a este diario que algunos de los indicios que apuntaban a que la ex consejera de Educación de la Comunidad de Madrid medió con el 'conseguidor' –reflejados en los pinchazos telefónicos que llevó a cabo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil- han perdido fuerza desde el momento en el que esos contratos no llegaron a ser firmados.
Victoria, a juicio
Del sumario de la operación Púnica se desprende, por ejemplo, que Alejandro De Pedro trató de contactar con Figar en los meses de agosto y septiembre de 2014 para acceder a un contrato dependiente de la Consejería de Educación que había sido adjudicado a Telefónica. El conseguidor de la trama quería que la ex dirigente del PP le ayudase a que esta empresa subcontratase parte de los trabajos con él. Sin embargo, el estallido de la operación Púnica en el mes de octubre del año pasado –cuando se produjeron las primeras detenciones y registros por orden del juez- hizo que esos contratos nunca llegaran a firmarse.
La investigación también ha intentado dilucidar si se pagaron con dinero público los trabajos de reputación 'online' que las empresas del 'conseguidor' también hizo para Figar. En concreto, aquellos que trataron de 'tapar' las noticias sobre el polémico cobro por parte de la entonces integrante del Ejecutivo autonómico de un cheque guardería de su propia consejería para su hija pequeña. Una empleada de Alejandro de Pedro llegó a asegurar al juez que minimizar éstas fue "uno de nuestros huesos porque no podíamos bajarla". La trabajadora llegó a asegurar que tuvieron que dedicarle varias horas a la semana durante diferentes meses. "No puede desaparecer en web. Lo único que haces es generar mucho contenido [positivo] e intentar que este otro contenido coja más fuerza para que ese baje", explicó a preguntas de Anticorrupción.
Los investigadores, en cambio, entienden que sí hay "convicción indiciaria" suficiente contra Salvador Victoria como para que el que fuera 'número 2' de Ignacio González sea juzgado. El exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, que está imputado por los delitos de prevaricación, cohecho, fraude y malversación de caudales públicos, declara este viernes ante el juez Eloy Velasco tras haberlo solicitado de forma voluntaria después de negarse a hacerlo cuando fue citado para ello en dos ocasiones anteriores.
Acotar los indicios contra los aforados
Por otro lado, se da la circunstancia que el exsocio de Granados, David Marjaliza, señaló el pasado mes de junio durante las cerca de once horas de su confesión ante Velasco la supuesta implicación en la trama del actual consejero de Medio Ambiente y 'número 3' de Cristina Cifuentes en Madrid, Jaime González Taboada; del diputado regional del PP, Bartolomé González; y de la diputada de Ciudadanos en la Asamblea madrileña, Eva Borox.
Lo cierto es que al ser todos ellos aforados regionales el juez no los puede llamar a declarar como imputados –fórmula necesaria para garantizar su derecho de defensa- por lo que la estrategia de Velasco y Anticorrupción pasa por tratar de recabar el máximo de indicios posibles contra los mismos para, también en enero, decidir si la Audiencia Nacional debe inhibirse a favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
