España

El ‘número dos’ de Ignacio González, salpicado por la trama Púnica

Salvador Victoria, consejero de Justicia y Presidencia de la Comunidad de Madrid, es señalado por el exconsejero de ICM en el sumario de la trama por haber ordenado a Indra saldar una deuda de 10.000 euros con el empresario Alejandro de Pedro Llorca, uno de los cabecillas de entramado.

  • El consejero de Justicia y Presidencia de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, a la izquierda

El hombre fuerte de Ignacio González en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, podría haber ordenado pedir a la firma de tecnologías informáticas Indra saldar una deuda de 10.000 euros con el empresario Alejandro de Pedro Llorca, uno de los 35 detenidos en la ‘operación Púnica’, que sigue encarcelado como uno de los cabecillas de la misma, según las grabaciones telefónicas, mensajes  y testimonios de imputados que figuran  el sumario de la trama.

Las pesquisas apuntan a que las facturas fueron sufragadas por Indra y que se usaron para ello facturas falsas y/o camufladas en contrataciones realizadas por el Gobierno de la Comunidad

El ‘número dos’ del Gobierno  de la Comunidad y consejero de Justicia y Presidencia, fue señalado por el exconsejero delegado de la Agencia Informática y de Comunicaciones (ICM), José Martínez Nicolás, un organismo público cuyo consejo de administración preside el hombre de González, según publica este domingo el diario El País.

La deuda de la que acusa Martínez a Victoria estaba relacionada a trabajos realizados por De Pedro para mejorar la imagen en las redes sociales e Internet del Gobierno de Madrid. En el documento, según detalla el diario, figuran pruebas de que la firma de Llorca, Eico Online Reputation Management SL, recibió encargos para promocionar la imagen de Victoria y de Ignacio González, algunos de ellos financiados con dinero público, como la factura de 10.000 euros que investiga la Audiencia Nacional.

Las pesquisas apuntan a que las facturas fueron sufragadas por Indra y que se usaron para ello facturas falsas y/o camufladas en contrataciones realizadas por el Gobierno de la Comunidad que no tenían relación con las actividades acordadas.

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