El importante impulso que dio a la investigación del 'caso Rato' la entrada en escena de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha terminado provocando recelos en el otro organismo investigador, la Agencia Tributaria (AEAT). Así se desprende de un escrito que la máxima responsable de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), Marga García-Valdecasas, envió el pasado otoño al titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, y que se ha conocido ahora tras levantarse el secreto de parte del sumario. En dicho texto, la inspectora jefe del organismo dependiente del Ministerio de Hacienda pedía al magistrado que ordenase a los agentes encargados de las pesquisas que le remitieran a ella "toda la información, documentación o cualquier otro elemento de prueba [...] con trascendencia en las investigaciones" sobre el origen de la fortuna de Rodrigo Rato. La respuesta del juez llegó seis días después en una providencia en la que pedía a la UCO, pero también a la ONIF, que se coordinaran.
La ONIF recordaba al magistrado que ella sí había facilitado a la Guardia Civil documentación del caso y que, por tanto, pedía que ésta actuase "en reciprocidad"
El escrito del organismo dependiente de Hacienda tenía fecha del pasado 8 de octubre y consta de sólo tres párrafos en los que plantea dos cuestiones. En la primera, la máxima responsable de la Oficina contra el Fraude se remite al oficio que el magistrado había dictado justo cinco meses antes, el 8 de mayo de 2015, por el que ordenaba la participación de la Guardia Civil en las pesquisas, hasta entonces en manos en exclusiva de la propia Agencia Tributaria y el Servicio de Vigilancia Aduanera, dependiente también del departamento que dirige Cristóbal Montoro. En aquel oficio, el juez Serrano-Arnal pidió a la AEAT que facilitara a la UCO y, más en concreto, al Grupo de Delincuencia Económica de la misma "toda la documentación que les sea recabada y que tuviera relación las investigaciones referentes al supuesto delito de blanqueo de capitales", que era la infracción penal sobre la que el magistrado había ordenado intervenir al Instituto armado.
"Si su señoría lo estima conveniente"
Tras dicho recordatorio, la inspectora jefe de la ONIF hace al magistrado su petición, que "considera necesaria para el correcto desarrollo de las tareas que tiene encomendadas". En concreto, le solicita "si su señoría así lo estima conveniente" que "en reciprocidad" con la documentación que en su día le remitió Hacienda a la Guardia Civil, "ordene" ahora a la UCO que facilite a la ONIF "toda la información, documentación o cualquier otro elemento de prueba en poder de la misma con trascendencia en las investigaciones referentes a los supuestos delitos contra la Hacienda Pública que esta Oficina está investigando".
El juez ordenó seis días después que tanto la Agencia Tributaria como la UCO se coordinasen en "los avances de la investigación"
La respuesta del magistrado llegó en forma de providencia fechada el 14 de octubre. En un escrito en el que se recogían varias peticiones de las partes, el juez Antonio Serrano-Arnal respaldaba la solicitud de la ONIF de "estar al corriente de las investigaciones practicadas por Guardia Civil-UCO", aunque en lugar de dirigir su orden sólo al Instituto armado, pide a "ambas", en referencia también a la Agencia Tributaria, que "coordinen los avances de la investigación y se faciliten recíprocamente cuanta información sea necesario para el cumplimiento de lo ordenado por este Juzgado".
El polémico 'cogotazo' a Rato
La entrada de la Guarida Civil y, más en concreto, de la UCO se produjo en mayo del pasado año a petición de la Fiscalía Anticorrupción. Entonces, hacía menos de un mes que el exvicepresidente del Gobierno había sido detenido durante siete horas por agentes de Servicio de Vigilancia Aduanera para registrar su vivienda y su oficina. El juez Serrano-Arnal aceptó entonces que los agentes de la unidad de élite del Instituto armado se hicieran cargo de la parte de la investigación referida al delito de blanqueo. En aquel momento, el sumario contaba únicamente con dos imputados, el propio político y su asesor fiscal, Domingo Plazas. Hoy, diez meses más tarde, ya son catorce las personas encausadas y a Rato le han retirado el pasaporte y debe comparecer una vez al mes en el juzgado. Además, han aparecido numerosos indicios de un nuevo delito: corrupción entre particulares.
En los diez meses que la UCO lleva en la investigación del 'caso Rato', el sumario ha pasado de tener dos únicos imputados a catorce
Un cambio radical de situación que ha llevado al exvicepresidente del Gobierno a reconocer a su círculo más próximo que "su problema" es la UCO. Según comentaron en su día a este diario personas de su entorno, Rato está "muy preocupado" por la velocidad de 'crucero' que ha imprimido la Guardia Civil a la parte de las pesquisas en la que trabajan. La salida a la luz pública de polémico encuentro del exvicepresidente del Gobierno con su correligionario Jorge Fernández Díaz hizo que desde la oposición se lanzara el mensaje de que se estaba intentando interferir en el trabajo de la Guardia Civil. Los hechos corroboraron que, si llegó a intentarse, no se logró. Días después, los agentes detenían en el aeropuerto de Barajas al asesor del político en Bankia, el empresario Alberto Portuondo, cuando estaba a punto de regresar a México. Era el 16 de agosto y el caso recibía un impulso inesperado que ha continuado hasta ahora.
Un panorama que no se vislumbraba cuando estalló el escándalo. De hecho, en sus inicios, el 'caso Rato' no parecía demasiado amenazante judicialmente para el político pese al revuelo mediático. Los tres delitos de los que se le acusaban (fiscal, blanqueo y alzamiento de bienes) quedaron rápidamente reducidos a los dos primeros. Además, la precipitada actuación de la Fiscalía de Madrid, luego sustituida por sus colegas de Anticorrupción, y del Servicio de Vigilancia Aduanera abrió la puerta a que la defensa de Rato pidiera, y lograra, la nulidad de una parte de las pruebas recabadas en los primeros registros. Un error que se sumaba a las críticas que recibieron los agentes de Vigilancia aduanera por la célebre imagen de uno de los integrantes poniendo la mano en la nuca del exvicepresidente para introducirle en el coche donde iba a ser conducido en condición de detenido al registro de su oficina.
