Los miembros del Gobierno de Artur Mas no están dispuestos a bajarse del coche oficial y menos ahora que andan inmersos en su desafío independentista, plantando cara de igual a igual al Estado, del que, no obstante, forman parte. En concreto, la Generalitat acaba de adjudicar un megacontrato de alquiler de vehículos oficiales para cinco consejerías (Presidencia; Economía y Conocimiento; Bienestar Social y Familia; Justicia, y Territorio y Sostenibilidad) y un organismo público, el Centro de la Propiedad Forestal (CPF). Entre las 67 unidades contratadas, hay ocho que son coches oficiales de "alta representación" y que irán destinados al departamento de Economía y Conocimiento, que dirige Andreu Mas-Colell, el hombre de Mas para las finanzas.
Según el pliego de prescripciones técnicas consultado por Vozpópuli, la adjudicación de este primer lote (hay otros nueve, según el tipo del vehículo) asciende a 352.694,28 euros (IVA del 21% incluido). Se trata de coches de alta gama, con amplias prestaciones. En este caso, el modelo elegido es el Volkswagen Passat Sport 2.0. El resto de vehículos son urbanos, interurbanos, todoterrenos y furgonetas. El importe del renting de todos los lotes supera los dos millones de euros. El plazo de ejecución de este contrato de arrendamiento comprende 48 meses consecutivos, periodo que abarca, por tanto, hasta el año 2019.
La línea exterior de los coches y los acabados interiores, principales preocupaciones de la Generalitat
En el lote de los coches de "alta representación", la Generalitat rechazó la propuesta de la empresa Athlon Car Lease SA, con sede social en Barcelona y perteneciente a la división de renting de De Lage Landen International, del grupo holandés Rabobank, al no presentar la documentación requerida. La firma ganadora resultó ser Alphabet España Fleet Management SA, domiciliada en Madrid y vinculada al grupo BMW. Esta filial española opera desde el año 2001. La matriz Alphabet se halla en Múnich (Alemania).
No obstante, el informe técnico inicial llegó a ser redactado y aquí se impuso la oferta de Alphabet, que recibió más puntuación en el "equilibrio en la línea exterior respecto a la imagen como vehículo de representación", en la "apariencia visual de los acabados interiores", en la "facilidad de uso del vehículo y la asistencia en la conducción" y en el "nivel de usabilidad del sistema de información" del coche.
La adjudicación por parte de la Comisión Central de Suministros, adscrita a la Consejería de Economía, está fechada el pasado 17 de septiembre, en pleno ecuador de la campaña electoral. Una antesala del 27-S donde el privilegio de los coches oficiales también ha estado presente en los mítines. Por ejemplo, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, se refirió en un acto de 'Cataluña Sí se puede' en Blanes (Girona) a aquellos dirigentes que "llevan 30 años sin bajarse del coche oficial". "¿Cómo va a construir un país nuevo alguien que lleva tanto tiempo viviendo de esto?", se preguntó el eurodiputado.
Falta de transparencia
Otro contrato millonario, de similares características, adjudicado por la Generalitat en esta misma legislatura alcanzó los seis millones de euros en 2013. Tal y como informó Vozpópuli, el Gobierno de Mas adquirió 217 unidades, incluyendo ocho vehículos de "alta representación" y otros 34 de "representación". Junto a ellos, la Administración catalana contrató mediante la modalidad de leasing (arrendamiento con derecho a compra) 175 coches, fundamentalmente de uso urbano e interurbano y todoterrenos.
Desde 2013 no han transcendido más datos sobre el tamaño del Parque Móvil del Ejecutivo catalán. Aquel año, el Gobierno de Mas reveló al PP en respuesta a una pregunta parlamentaria escrita que disponía de una flota de 83 coches oficiales y 121 chóferes. Según las cifras que ofrecía la Consejería de Gobernación, 73 de estos vehículos estaban adscritos al departamento de Economía y Conocimiento, siete al de Territorio y Sostenibilidad y tres a organismos dependientes de esta cartera.
Tienen derecho a un vehículo de representación el presidente y expresidentes de la Generalitat, los consejeros, los secretarios generales, los delegados del Gobierno catalán, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), el fiscal superior y, según la disponibilidad de vehículos, también pueden disponer de ellos el resto de altos cargos y cargos asimilados.
