Tras las elecciones autonómicas catalanas del pasado 27 de septiembre, Cataluña se dirige hacia un gobierno independentista formado mayoritariamente por candidatos de Junts pel Sí, pero que si quiere gobernar de forma estable necesita el apoyo puntual o seguro mediante un pacto de legislatura con la formación antisistema y de izquierda radical de la CUP. Junts pel Sí, la candidatura que exige investir como presidente de la Generalitat por tercera vez desde 2010 a Artur Mas, dispone de 62 diputados, lejos de la mayoría absoluta de 68 escaños y necesita a los 10 diputados de la CUP, aunque de momento ésta rechaza investir a Mas.
Al margen de ver si en los próximos días prospera favorablemente la negociación política tanto para investir al futuro presidente catalán –algo que debe ocurrir antes del 9 de noviembre si no se quieren convocar nuevamente elecciones- como para pactar el futuro programa de gobierno entre Junts pel Sí y la CUP, se abren los interrogantes de cómo sería una Cataluña gobernada por ambas formaciones separatistas pero atendiendo a los postulados radicales de la CUP.
La negociación debe cerrarse antes del 9 de noviembre si no se quieren convocar nuevamente elecciones
Vozpópuli ha conversado con un grupo de cinco militantes de base de la CUP en un centro social municipal del barrio de Sants de Barcelona, muy cerca del edificio de Can Vies donde viven okupas y que el año pasado bajo mandato del alcalde de CiU Xavier Trias fue el foco de graves disturbios y protestas en las calles en contra de su derribo. Los cinco militantes –tres de ellos en paro y los otros dos trabajando uno como camarero y la chica como dependienta de unos grandes almacenes- provienen de movimientos okupas e independentistas que defienden la secesión unilateral y la desobediencia de “las leyes españolas combatiendo en las calles” porque “la independencia de Cataluña ya es irreversible”.
Marc, Enric, Jaume, Laia y Sergi –cuyas edades oscilan entre los 25 y los 42 años- relatan su idea para Cataluña y aseguran que no está muy lejos de lo que defienden los dirigentes de la formación: Antonio Baños, David Fernàndez y Anna Gabriel, entre otros. “Es cierto que en número totales de votos los partidarios de la independencia que votaron a Junts pel Sí y a la CUP suman el 47% y los partidarios del no superan el 52%, pero ese paso lo superaremos cuando negociemos los puntos básicos de nuestro programa con Junts pel Sí y desde el Parlament con 72 escaños entre los dos iniciemos la desconexión irreversible con España”, explica Marc. “En Junts pel Sí saben que deberán ceder si quieren el apoyo de nuestros 10 diputados y nosotros también lo haremos, pero no sobre lo esencial… Si no es así, pues no habrá acuerdo esté Mas o no esté Mas. Para nosotros Mas debería irse a su casa”, apostilla.
Simpatía con la “causa de liberación vasca abertzale”
¿Qué ocurrirá con las empresas, el pago de las pensiones, las fronteras y la gestión de las infraestructuras, con la deuda disparada de 67.000 millones de Cataluña y con los impuestos? Para estos militantes del partido asambleario –que no esconden en esta conversación su simpatía hacia “la causa de liberación vasca liderada por la izquierda abertzale”- la solución pasa por el impago de la deuda de Cataluña, al menos de la parte que tiene el Estado (el 60%, según adelantó este diario el pasado mes de septiembre). “Los españoles nos han ido quitando recursos en las últimas décadas, padecemos un déficit fiscal de 16.000 millones y cuando seamos independientes en uno o dos años como máximo pasaremos cuentas y si no quieren negociar pues no pagaremos la deuda y ya está”, afirma Enric con el asentimiento de sus cuatro compañeros.
Lo que está proponiendo la CUP, o al menos lo que va a proponer si finalmente pacta un programa de gobierno de legislatura con Junts pel Sí, está muy cerca de lo que proponía este año tanto Syriza en Grecia como su facción segregada de la izquierda radical: el impago de la deuda con los acreedores, algo que finalmente no ha podido llevarse a cabo puesto que Grecia firmó un nuevo rescate con la troika a cambio de percibir 80.000 millones de euros más.
Eliminar peajes y plan colectivista para pobres
En cuanto a la gestión de infraestructuras, nacionalizaciones y expropiaciones los militantes de la CUP son claros y coinciden: “Nuestra idea es nacionalizar grandes empresas clave de sectores como la gestión del agua, eliminar los peajes de las autopistas catalanas y renombrar al resto de carreteras, poner a las inmobiliarias al servicio de las viviendas sociales e intervenir en el sector energético para que podamos poner en marcha un plan colectivista que atienda a los catalanes más pobres. La riqueza debe redistribuirse y los que más tengan y los ricos deberán aportar más para igualar las rentas de la sociedad catalana”.
Los militantes de la CUP son claros: "Nuestra idea es nacionalizar grandes empresas"
Ante este planteamiento, ¿qué ocurriría con los miles de catalanes que son accionistas de empresas con sede en Barcelona como Abertis, Gas Natural Fenosa vinculadas al sector de las infraestructuras y la energía?: “Pues que deberán vender esas acciones a la Generalitat o nacionalizaremos esos dividendos para redistribuirlos entre los catalanes más pobres como ha ocurrido en países socialistas como Venezuela o Cuba donde se garantiza la redistribución de los mecanismos de producción para evitar las desigualdades sociales”, responde Jaume provocando las sonrisas de sus compañeros del partido asambleario y antisistema.
“Hay países pequeños en Europa que han podido culminar procesos de independencia a través de declaraciones unilaterales de secesión, otros lo han hecho a través de guerras, pero en Cataluña tenemos la fuerza de la mayoría de los escaños en el Parlament y aquí la única soberanía que existe es la del Parlamento catalán porque no reconocemos las leyes españolas”, prosigue Laia. La hoja de ruta hacia la hipotética independencia de Cataluña pasa, en opinión de la CUP, por una declaración unilateral, que prevé mecanismos de defensa ante la oposición del Gobierno como la huelga general y manifestaciones en las calles de Barcelona y de las grandes ciudades catalanas “contra edificios españoles”.
Impago de la deuda, frenar privatizaciones y aborto libre
En cuanto al pago de la deuda “nosotros defendemos priorizar la renta mínima garantizada e ir aplazando el pago de la deuda con el Estado español, anular todos los desahucios aprobados por jueces bajo las leyes españolas en Cataluña y frenar todos los procesos de privatizaciones y deslocalizaciones industriales para que el empleo se quede en Cataluña y si eso nos lleva a salir de la Unión Europea y del euro y de la OTAN para separarnos del ejército español, pues hay que salir ya”, prosigue Sergi. Y añade: “Hay que sustituir las leyes españolas por leyes a favor de los pobres y de las clases populares catalanas y hay que desobedecer la ley mordaza, la ley Wert de Educación, la reforma laboral o el objetivo de déficit”.
Otras de las propuestas del programa electoral de la CUP, que ha recibido tan sólo el apoyo de menos de 340.000 votos de catalanes sobre un censo de 5,5 millones, figura la defensa de “una alimentación sana para los catalanes prohibiendo los transgénicos, los productos alimenticios químicos de síntesis, la aplicación del aborto libre y gratuito” y unificar a los denominados “Països Catalans: para que se sumen a la independencia aquellos territorios donde nos une el catalán como el País Valencià, el Rosellón francés, las Islas Baleares y el norte de Murcia para crear la futura República socialista catalana”, argumentan. También prevén el denominado “derecho a decidir del pueblo aranés" para que se impulse una consulta de autodeterminación en el Valle de Arán para que decidan cómo se quieren relacionar con “la República catalana”.
