El Gobierno estudia recurrir por la vía contencioso-administrativa la inminente apertura de 'embajadas' catalanas en Roma y en Viena y está analizando también la constitucionalidad de la ley catalana de Acción Exterior, según ha anunciado el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo.
En una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press, Margallo ha puntualizado que esas delegaciones de la Generalitat "van en contra de la ley (española) de acción exterior" y que el Ejecutivo tiene de plazo hasta el día 28 para recurrirlas. En el caso de la ley catalana de Acción Exterior, el plazo es de tres meses para recurrirla al Tribunal Constitucional desde su publicación, que tuvo lugar el 11 de diciembre.
El ministro ha avisado de que futuras aperturas correrán la misma suerte "si no cumplen lo que dice la ley", que es informar a Exteriores para ver si la apertura es "coherente con la política exterior española" y a Hacienda para que diga "si hay una solución más barata o más eficiente", como instalarse en las dependencias de la Embajada de España.
En este sentido, ha subrayado que el Gobierno español está colocando funcionarios en delegaciones diplomáticas de la UE o latinoamericanas, de manera que no está pidiendo a la Generalitat nada extraordinario.
Margallo ha dejado claro que el problema es que la Generalitat, o "los partidos secesionistas", no abren estas oficinas en el exterior para defender los intereses catalanes o promover su lengua y su cultura, sino "para alentar el proceso secesionista". "Es obvio que eso no lo pueden hacer desde una embajada española, yo no lo toleraría", ha remachado.
Los intereses de Cataluña los defienden las embajadas
Es más, ha incidido en que los intereses catalanes ya los defienden las embajadas españolas -"le puedo traer un dossier así de gordo", ha dicho-, ayudando a las empresas en las licitaciones o en caso de problemas, concediendo visados e impulsando la lengua mediante la colaboración entre los institutos Cervantes y Ramon Llull. "Si es para eso pueden contar con nosotros, si es para alentar el proceso secesionista, desde luego que no", ha incidido el ministro.
Así, aunque ve "obvio que pueden abrir las delegaciones que quieran", considera "más barato y más eficiente" que los representantes autonómicos se instalen en las embajadas españolas porque allí tienen "expertos en todo" y porque "al final tienen que acudir el embajador que es el que ve a los ministros".
Y ha añadido que el dinero que se destina a abrir 'embajadas' deja de estar disponible para educación, sanidad u otros servicios, aunque eso tendrán que valorarlo los votantes.
Margallo ha querido poner en valor que si puede recurrirse la apertura de oficinas catalanas en el exterior es gracias a que el Gobierno ha aprobado una Ley de Acción Exterior y ha defendido la decisión de acudir a los tribunales, porque en un Estado de Derecho son los que hacen cumplir la ley.
"Si alguien incumple la ley o creemos que puede incumplirla nuestra obligación es recurrir a los tribunales, esa es la civilización, el Gobierno no tiene competencias para cerrar esas oficinas", ha precisado.
