Encontrar un anclaje político para Cataluña el día después del 27-S va a resultar una tarea harto complicada. Un informe de la Generalitat elaborado por el Consejo Asesor para la Transición Nacional sostiene que el federalismo no sería suficiente para colmar las aspiraciones de Cataluña.
"Una reforma federal, que extendiera el autogobierno de modo idéntico a todos los territorios: (i) no es factible porque entre el electorado español no existe demanda para hacerlo (las encuestas actuales muestran, por el contrario, una creciente oleada contra el sistema autonómico actual) y (ii) no garantizaría a Catalunya la autonomía porque seguiría teniendo un estatus minoritario (incluso en un supuesto Senado federal)", reza el documento en que se dibujan las líneas maestras de la internacionalización del proceso soberanista.
A juicio de los quince expertos que suscriben el documento, la autonomía de la que goza Cataluña es "muy limitada" porque la región recibe "un trato sistemáticamente subsidiario". "Empleando mecanismos efectivamente democráticos (en el sentido estricto de votaciones en el seno de los diversos poderes del Estado), la mayoría puede en cualquier momento modificar y reducir las competencias de la Generalitat hasta convertirlas en triviales", concluye el texto.
En opinión de los sabios contratados por la Generalitat, el Estatut precisamente trataba de atajar lo que tildan de "invasión competencial". Sin embargo, debido al revés que le propinó el Tribunal Constitucional, ya "no existen parámetros jurídicos claros que garanticen la posibilidad de ejercer un control jurídico mínimamente seguro y previsible de la actuación del Estado". Esa falta de controles combinada con la condición de estar en minoría se traduce en agravios como el déficit fiscal y la política de inversiones o la lingüística.
¿Y cómo podría entonces solventarse esta intrincada situación? Según el informe encargado por la Generalitat, "ante esta realidad, la única solución posible sería conceder a Catalunya el poder para vetar aquellas normas o intervenciones españolas que fueran en perjuicio de los intereses catalanes". Una cosa que ellos mismos admiten que equivale a brindar un grado de soberanía igual que si fuese otro Estado.
En pleno choque de trenes, semejantes afirmaciones suponen un torpedo directo a la línea de flotación de algunas corrientes más conciliadoras. Aunque todavía sin definir, el PSOE ha optado por "desarrollar el federalismo implícito" y reconocer la singularidad de Cataluña, algo que en principio favorecerían las encuestas llevadas a cabo entre los catalanes. Por el contrario, el Gobierno de Rajoy ha frenado cualquier reforma de la Constitución aludiendo a ese carácter insaciable de los nacionalistas.
"Ahora mismo todo está muy viciado por los dos procesos electorales. Pero después de los comicios de diciembre habrá que buscar una solución política, un anclaje de Cataluña en España que zanje este debate. El problema es que los nacionalistas han sembrado el camino de simplificaciones, falacias y medias verdades. Salvo los privilegios de las comunidades forales, Cataluña no está discriminada, ni en la financiación ni en las inversiones. Pese a lo que digan, el grado de descentralización del Estado español es de los mayores del mundo. Hay que hacer una política allí para reconducir esas opiniones. Y sobre todo hay que emplear mucha imaginación para buscar fórmulas que atraigan a los catalanes y desacrediten el discurso independentista", comentan diversas fuentes de los cenáculos políticos de Madrid.
