En el Gobierno se espera la próxima publicación de un informe del Parlamento europeo en el que se argumenta que si Escocia formaliza a través de un referéndum su camino hacia la independencia, tendría que salir de la Unión y, si lo considera conveniente, solicitar más tarde su adhesión en un proceso que comenzaría desde cero. El ejemplo es importante para España porque tiene traslado directo a lo que sucedería con Cataluña en el caso improbable de que Artur Mas agotara todo el guion que ha anunciado para hacer de esta comunidad un Estado independiente.
El Gobierno choca con la dificultad de que el Tratado europeo no contempla la secesión de una parte de un Estado miembro de la UE
La Comisión Europea no ha elaborado todavía ningún dictamen jurídico sobre este contencioso ya que es un territorio ciertamente inexplorado. No se conocen antecedentes de escisión interna en un Estado miembro y, además, el Tratado tampoco contempla esta posibilidad, aunque sí prevé en su articulado la hipotética salida de los socios. Hasta ahora, las experiencias más cercanas conocidas son las Groenlandia, integrante de Dinamarca cuando el país nórdico accedió a la UE en 1973, y el de la República Democrática de Alemania. En el primer caso, salió de la UE en 1985 tras un referéndum y en el segundo, entró directamente en el club en 1990 tras la reunificación.
Como la decisión puede ser finalmente política ante el choque de informes jurídicos que proliferarán como hongos, la Comisión Europea se ha limitado a subrayar que si Cataluña llegara a independizarse de España, quedaría automáticamente fuera de la UE y, en caso de considerarlo oportuno, tendría que solicitar de nuevo su adhesión como lo hicieron cualquiera de los 27 estados que hoy componen el Club antes de poder integrarse en el mismo.
La mayoría de las embajadas europeas han visto con nula simpatía el proceso soberanista en Cataluña
La dificultad que entraña la inexistencia en el Tratado de la Unión de una hoja de ruta para gestionar un proceso secesionista como el que pilota Artur Mas en Cataluña y la premisa de que cualquier iniciativa de esta naturaleza debe guiarse por el derecho internacional, ha movilizado al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo. Su equipo ha contactado ya con más de una veintena de cancillerías europeas para explicarles los objetivos del Gobierno catalán y, según fuentes solventes, “el proceso no provoca simpatía en ninguna de ellas, y menos en una situación tan compleja como la actual en la que ningún Estado miembro quiere dificultades añadidas”. Estas mismas fuentes acentúan la importancia que tiene el que la mayoría de estas embajadas hayan coincidido en que, en el supuesto improbable de que Cataluña llegara algún día a ser independiente, tendría que iniciar a partir de cero cualquier intento de adhesión a la UE, como el Parlamento europeo va a comunicarle en breve a Escocia, pendiente todavía de un referéndum comprometido para el año que viene.
El Gobierno sabe también que la Generalitat y su presidente se están moviendo para cambiar este clima de opinión en la UE presentando su anhelo de independencia como consecuencia de “una violación de los derechos fundamentales” de Cataluña. A esta táctica responde, por ejemplo, la carta remitida a finales del año pasado a la comisaria de Justicia, Viviane Reding, por varios eurodiputados españoles de CiU, ERC e Iniciativa, en la que agitan una supuesta amenaza de intervención en Cataluña por parte del Ejército en el caso de que llegue a buen puerto el proceso soberanista. En esta misiva, firmada también por una eurodiputada socialista que luego dimitió como secretaria general de su delegación, y en otras iniciativas de los mismos grupos, se habla también de vuelos de aviones militares a baja altura sobre varios municipios catalanes, en una panoplia de argumentos que, a juicio del Gobierno, solo buscan demostrar que se están vulnerando los derechos fundamentales y, por tanto, Cataluña tiene motivos sobrados para ir hacia la independencia.
En el Ejecutivo se sospecha que la Generalitat busca probar que Cataluña padece "una violación de los derechos fundamentales"
Dentro de esta misma estratagema se inscribe la campaña lanzada por CiU contra el cierre de algunas oficinas de representación en el extranjero y también los frecuentes viajes de Artur Mas por Europa, el último para participar en Amsterdam en una cumbre de gobernantes liberalsocialdemócratas, donde ha hecho propaganda para que el ‘derecho a decidir’ gane adeptos en las plazas principales.
