El pasado jueves, la Generalitat remitió una carta al grupo público Correos en la que le pedía que asumiera el envío de más de cinco millones de cartas en Cataluña antes del 9 de noviembre. Como es lógico, ocultaba su contenido, pero fuentes del Gobierno y también nacionalistas dan por hecho que en ellas el equipo de Artur Mas intentaba incluir la papeleta de voto y toda la información relativa al lugar concreto de votación que correspondería a cada ciudadano, con el fin de facilitárselo a la totalidad del censo en esta comunidad, formado por 5,4 millones de personas, según los datos suministrados por los organizadores de la consulta soberanista.
La Generalitat pretendía enviar a través de Correos la papeleta de voto y la información sobre las mesas de votación
La respuesta de Correos tardó menos de 24 horas en llegar al Ejecutivo catalán. Desde este grupo empresarial público se contestó a la Generalitat que era inviable aceptar este encargo “por razones operativas”, ya que no se podían cumplir los plazos de entrega, previstos por el equipo de Artur Mas, como es lógico, para antes del domingo 9 de noviembre. Para que estos plazos concretos pudieran satisfacerse, Correos tendría que haber dispuesto de las cartas antes de este lunes.
De esta forma tan sutil, el Gobierno ha impedido que la Generalitat distribuya más de cinco millones de papeletas de voto utilizando los servicios de una compañía pública que depende del Estado. Formalmente, Correos no hubiera tenido que conocer el contenido de los envíos, ya que la correspondencia es inviolable. Cosa bien distinta, explican fuentes gubernamentales, es que la decisión que tome este martes el Tribunal Constitucional, previsiblemente suspendiendo el referéndum alternativo del domingo en Cataluña, le hubiera tenido que obligar a paralizar ‘in extremis’ este envío masivo de correspondencia.
Fuentes del sector informan, por otra parte, que en España no hay en estos momentos ninguna compañía privada con capacidad para poder asumir este encargo en tan corto espacio de tiempo.
El Gobierno catalán duda de que la consulta pueda celebrarse
Sobre los motivos que han llevado a la Generalitat a intentar el uso del grupo Correos para que prospere este envío masivo de papeletas de voto, pesa la versión de que Artur Mas y su equipo temen que el domingo no sea posible finalmente celebrar una consulta a la que, sobre el papel, están llamados 5,4 millones de ciudadanos, sin contar con el millón largo de extranjeros que podría también acercarse a las urnas en caso de que éstas no sean retiradas, orden judicial mediante, por los agentes de los Mossos d´Esquadra.
Después de conocer la decisión de Correos, aunque sin mencionar en ningún momento el cruce de cartas mantenido con la compañía, la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, admitió públicamente este lunes que “no se puede garantizar al cien por cien” que el próximo domingo estén los colegios abiertos y las urnas preparadas para aquellos que quieran votar. Lo previsto es que Artur Mas reaccione este martes al fallo del Constitucional y anuncie si continúa su huida hacia adelante, arriesgándose a incurrir en un fraude de ley o en otros delitos mayores.
La ley de Consultas contempló el voto por correo
El pasado septiembre, antes de que la ley de Consultas fuera aprobada por el Parlamento catalán, algunos integrantes del frente soberanista pusieron sobre la mesa la posibilidad de canalizar el referéndum a través del voto por correo. La propuesta figuró, incluso, en la ponencia formada en la Cámara autonómica para que a la votación en urna pudiera sumarse esta posibilidad, el voto electrónico y el voto a depósito. Al final, solo se salvó esta última opción y se desestimaron las demás por obligar a un operativo que no podía ser controlado desde la Generalitat.
En el Gobierno se afirma que hubiera sido una irresponsabilidad dejar a los independentistas manipular al Estado del que reniegan
En el manual de instrucciones distribuido por el Gobierno catalán para explicar cómo se votará el domingo, se advierte de que el voto por correo no está previsto para esta consulta y que la única forma de votar anticipadamente es por depósito administrativo. Esta votación consiste en la entrega personal del voto en un sobre cerrado a los funcionarios designados para ello en los días previos al 9-N. La Generalitat no ha previsto ninguna modalidad o procedimiento de votación para poder hacerlo en el resto del Estado español. Por lo tanto, la única posibilidad es votar el domingo en la mesa de consulta que corresponda a cada ciudadano, información que la Generalitat pretendía suministrar también a los afectados a través del grupo Correos.
“Hubiera sido una irresponsabilidad y una incoherencia inadmisible poner a una empresa estatal como Correos al servicio del independentismo cuando son los propios promotores de la consulta los que reniegan del propio Estado”, explican fuentes del Gobierno para justificar la forma en que se está procediendo desde la compañía.
