Hace ya tiempo que el Gobierno catalán de CiU ni se inmuta ante las sentencias del Tribunal Constitucional, al que considera un “órgano político” a las órdenes del PP. Digamos que no entra en desacato, pero ignora sus sentencias. Tras conocer este miércoles que el Alto Tribunal suspende de forma automática la ley exterior catalana, ante el recurso presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy, desde el Ejecutivo de la Generalitat se ha asegurado a Vozpópuli “que se mantendrán tanto las embajadas como las oficinas de promoción económica para proyectar a Cataluña en el mundo”.
Desde la Generalitat se ha asegurado “que se mantendrán tanto las embajadas como las oficinas de promoción económica para proyectar a Cataluña en el mundo”
Sólo los partidos de la oposición catalana del PP y Ciudadanos consideran que el Gobierno de Mas utiliza estas oficinas para trasladar su mensaje independentista y realizar acciones exteriores al margen de la acción conjunta de España como nación, que lleva a cabo el Ministerio de Exteriores. En la sesión de control al Govern de este miércoles en el Parlamento catalán, el conseller de Presidencia e ideólogo de tejer la acción exterior de Cataluña, Francesc Homs, ha defendido que lo único que hace la ley es desarrollar "competencias propias" de la Generalitat reguladas por el Estatuto de Autonomía catalán, y ha acusado al Gobierno de cometer un error al no querer aceptar que la administración catalana tiene atribuciones en acción exterior.
Tras la sentencia de Constitucional, ahora deberán pronunciarse sobre la constitucionalidad o no de la ley que regula, entre otras cosas, las delegaciones catalanas en el exterior y tanto el Gobierno catalán como el Parlament disponen de un plazo de 15 días para presentar alegaciones. La ley, ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional al ser admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno contra esta norma aprobada el pasado 4 de diciembre y publicada a finales de diciembre del año pasado tal y como publicó entonces en exclusiva Vozpópuli.
Esta suspensión es automática cuando la reclama el Ejecutivo. Tras conocer la decisión, el portavoz del Govern, Francesc Homs, ha defendido la legalidad de la norma catalana y ha recordado que el Consell de Garanties Estatutàries falló por unanimidad que respeta el Estatut yla Constitución. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, argumentó el recurso porque el Gobierno entiende que la ley autonómica vulnera la Constitución; en particular, el artículo 149.1, que dice que el Estado tiene competencia exclusiva en relaciones internacionales, y el 97, que estipula que es al Gobierno de la Nación a quien corresponde dirigir la política exterior.
La Generalitat quiere multiplicar sus “embajadas”
El Gobierno de la Generalitat catalana tiene como objetivo multiplicar por diez el número de delegaciones en el extranjero "en los próximos meses y años", según ha reiterado en los últimos tres meses el secretario de Asuntos Exteriores de la Generalitat, Roger Albinyana. "La intención es que en los próximos meses y años llegaremos a abrir 50 delegaciones en todo el mundo". Este año Artur Mas ha nombrado a los nuevos delegados del Govern en Italia, Luca Bellizzi, y Austria, Adam Casals, quienes se han comprometido a internacionalizar el proceso soberanista catalán, y que percibirán por sus servicios unos 78.000 euros al mes, tal y como ya informó este diario en enero pasado.
Homs ha defendido que lo único que hace la ley es desarrollar "competencias propias" de la Generalitat reguladas por el Estatuto de Autonomía catalán
La Generalitat tiene cinco "embajadas" en el mundo (Washington, Londres, París, Berlín y Bruselas), a las que ha añadido dos a partir de ahora: Roma y Viena. Incluyendo ambas embajadas, el total de gastos que supondría pagar a los representantes de las siete delegaciones repercutiría en el bolsillo de las arcas dela Generalitat con más de 600.000 euros.
La apertura de estas dos nuevas delegaciones forma parte del proceso para reforzar la acción exterior del Ejecutivo de Artur Mas, que ya ha conseguido entre otras cosas ‘colarle’ al Ejecutivo de Rajoy una ley que califica a Cataluña como “país”, tal y como publicó Vozpópuli, y que matiza en el Boletín Oficial del Estado la relación entre Rajoy y Mas, ya que denomina a Cataluña “como país” con plenitud de derechos a la hora de pronunciarse en el mundo, aunque establece la colaboración dentro de la red exterior del Gobierno.
Este proceso busca además apuntalar las "estructuras de Estado", según el Ejecutivo catalán, una cuestión que encaja en los pactos de CiU con ERC para alargar la legislatura hasta el 27 de septiembre.
