La aplicación de la Ley de Amnistía a 46 agentes encausados por su actuación en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 ha generado dos reacciones claramente diferenciadas en el seno de la Policía Nacional, según ha podido comprobar Vozpópuli a partir de fuentes internas: los que celebran "el fin de una pesadilla" con motivo del extenso procedimiento judicial en el que estaban inmersos, y aquellos que optaban por luchar desde los banquillos por su inocencia.
El anuncio ha causado cierta "sorpresa" en la Policía Nacional; no por la postura del juez, sino por que los agentes implicados no tenían prevista para estas fechas una decisión de esta envergadura. En concreto, el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona ha acordado en un auto la amnistía de 46 agentes que estaban encausados por su actuación en los disturbios que tuvieron lugar durante el referéndum ilegal celebrado en Cataluña.
El magistrado considera que los delitos que se atribuían a los 46 agentes de la Policía Nacional, relacionados con lesiones y contra la integridad moral, encajan en la Ley de Amnistía, y que la actuación de los uniformados no excedió "el umbral de gravedad" para quedar excluida.
El juez sostiene en el auto que "la amnistía debe ser aplicada a los investigados en el presente procedimiento, ya que las actuaciones investigadas fueron de escasa duración individual, enmarcadas en un objetivo policial definido y que no continuaron una vez conseguido el mismo sin que se prolongaran en el tiempo más allá de la propia maniobra policial de entrada y salida de los distintos colegios electorales".
División en la Policía
La decisión judicial, más allá de la sorpresa que ha causado en la Policía, también ha generado cierta división; especialmente entre aquellos agentes que estaban sentados en el banquillo y que se enfrentaban a un arduo procedimiento judicial, marcado por la intensa exposición mediática y el debate político que se había generado en su entorno.
Algunos de los agentes de la Policía Nacional implicados han "respirado tranquilos" una vez han conocido el contenido del auto del juez. Fuentes próximas a este colectivo, consultadas por Vozpópuli, admiten el "desasosiego" que este tipo de situaciones generan en el encausado: "Aunque estén convencidos de su inocencia, nunca es agradable sentarse en el banquillo de los acusados", detallan estas fuentes.
Por eso, no dudan en calificar la decisión como "el fin de una pesadilla": "Había cierta incertidumbre por la presión política. También generaba muchas molestias por los desplazamientos, citaciones y demás fechas judiciales, que afectaba no sólo a los policías, también a sus familiares".
Otros, no obstante, han recibido la noticia con desazón. Optaban por "llegar hasta el final" en el procedimiento para demostrar su "inocencia" en sala judicial: "La aplicación de la amnistía no les va a dar ahora esa oportunidad y no podrán limpiar su nombre donde ellos querían, que era ante el juez", señalan estas fuentes policiales.
Del mismo modo, consideran que la aplicación de la ley les "equipara con los delincuentes", en referencia a los líderes políticos que fueron condenados por el Tribunal Supremo por una batería de delitos relacionados con la promoción del referéndum del 1 de octubre; una sentencia que a su vez produjo nuevas algaradas en Cataluña, con el consecuente despliegue policial.
"Chivos expiatorios"
Por su parte, el sindicato Jupol ha valorado la decisión del titular del Juzgado de Instrucción Nº7 de Barcelona de aplicar la Ley de Amnistía a los 46 agentes de la Policía Nacional imputados por los sucesos durante el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña.
"Desde el primer momento hemos mantenido nuestra postura contraria a la citada Ley de Amnistía, ya que con la misma se procedía a igualar a los policías nacionales con los promotores de un intento de golpe de Estado en Cataluña y con los responsables de actos de terrorismo callejero y graves disturbios en las calles de Cataluña".
No obstante, el sindicato manifiesta su "comprensión" a la postura de muchos de los policías encausados en este proceso de querer poner fin a un "excesivamente largo procedimiento judicial": "Una postura que ha sido impulsada para varios de los agentes imputados por los servicios jurídicos de JUPOL ejercidos a través del abogado Javier Aranda del despacho de abogados Aranda, Melgar & Tasies Advocats".
En este sentido, el sindicato defiende "la honorabilidad y la inocencia" de todos los policías que participaron en los operativos del 1-O en Cataluña, que "actuaron en cumplimiento de las órdenes legítimas de sus superiores", en cumplimiento de un mandato judicial y con "el único objetivo de mantener el orden público y garantizar la seguridad ciudadana".
El sindicato recuerda que los policías nacionales fueron objeto de una campaña de acoso y difamación por parte de los sectores independentistas, que los convirtieron en "chivos expiatorios de la violencia" que ellos mismos generaron.
