Publicado: 08/07/2024 15:37
Actualizado: 08/07/2024 18:15
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha estimado el recurso de la investigada en la causa de 'Tsunami Democràtic' Marta Molina y ha declarado la invalidez de todas las diligencias que el juez instructor Manuel García Castellón acordó con posterioridad al 29 de julio de 2021, fecha en la que dictó un auto de prórroga de la investigación.
En un auto, recogido por Europa Press, el tribunal da la razón a la recurrente al considerar que la prórroga fue extemporánea y ordena al magistrado que dicte la resolución establecida en el artículo 779 de la Ley de enjuiciamiento Criminal, según el cual el instructor debe decidir si continúa con la causa o dicta el sobreseimiento y para ello, se tendrá que basar solamente en las diligencias acordadas antes del 29 de julio de 2021.
La Sala da la razón a la recurrente cuando señala que la prórroga que dispone el auto de 30 de julio de 2021 del juez instructor es "extemporánea". Esto afectaría a las imputaciones por terrorrismo del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y de la secretaria general de ERC, Marta Rovira.
Una contradicción
El juzgado consideraba que el plazo de instrucción no llegó a expirar por el auto de 30 de julio de 2021 en el que acordó la prórroga y le "dio continuidad sin que se produjese interrupción alguna".
Sin embargo, para la Sala de lo Penal este razonamiento del instructor resulta contradictorio. "No cabe sostener sin detrimento de la congruencia, que un plazo finaliza el 29 de julio de 2021 y también que no ha finalizado el día 30 siguiente.
Aunque ambos hechos, la expiración y su prórroga sean cercanos -están separados por menos de 24 horas- es palmario que lo primero se había producido cuando se acordó lo segundo", dice.
Por todo ello, el tribunal concluye que la proximidad temporal de expiración de plazo y prórroga no indica continuidad en la instrucción, sino precisamente lo contrario: la solución de esa continuidad.
Junts critica la "insolvencia" del juez
El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha criticado la "insolvencia" del el juez Manuel García Castellón, tras la invalidación del las diligencias de la causa de 'Tsunami Democràtic' con posterioridad al 29 de julio de 2021.
"Es el colofón del delirio y la insolvencia de este juez y de esta causa de persecución del independentismo por parte de 'La Toga Nostra", ha sostenido este lunes en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.
Esta decisión afecta también a la exposición razonada elevada por el instructor de la Audiencia Nacional al Tribunal Supremo en noviembre de 2023 para que abriera causa penal por terrorismo contra Puigdemont, porque estaba aforado ante dicho órgano judicial por su condición de eurodiputado.
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Achacar a los jueces los errores de los juzgados es una muestra de ignorancia supina en el mejor de los casos. Todo el que haya tenido contacto con el funcionamiento de la Administración de Justicia sabe que pese a los pomposos nombres de "gestores" y "tramitadores", no pasan de ser meros administrativos de tercera aunque, eso sí, glorificados por la púrpura de la Justicia y por las condiciones de las que disfrutan, empezando por los jugosos sueldos y siguiendo por gabelas como moscosos, incentivos varios y similares. Esta situación se ha agravado a partir de la designación de los antiguos secretarios judiciales, hoy letrados de la AJ (otro pomposo nombre) como responsables del funcionamiento de la oficina judicial, un puesto para el que no están preparados y en muchos casos desempeñan a regañadientes. Para remate, todo adolece del mal que se extiende por el conjunto de la función pública española bajo la forma de acceso a la misma mediante oposiciones trucadas por los sindicatos y por los partidos a través de éstos.
Esto demuestra que el funcionamiento de la Justicia es torpe, demasiado torpe para lo que luego se exige, por parte de la Administración, a los ciudadanos. Pero eso no quita que lo que dicen los (presuntos) delincuentes independentistas no sea de una zafiedad subida de tono. Precisamente se demuestra que los jueces aplican la ley sin mirar las consecuencias que conlleva, se limitan a hacer su trabajo. Mejor o peor, pero con ánimo de limitarse a aplicar el Estado de Derecho..
No hay "toga nostra" de ningún tipo, lo que hay es políticos que se cree impune y le ofende que un juez lle recuerde que tiene que cumplir la ley vigente.
Imagino que este asunto será recurrible ante el Supremo…
¿Qué demonios han pactado los inútiles del PP con el gobierno respecto al Poder Judicial? Tienen que dimitir todos.