Anna Simó tiene una larga trayectoria dentro de las instituciones catalanas. Fue diputadas en cuatro legislaturas, desde 2006 hasta los años del estallido del 'procés' bajo el mando de Quim Torra donde ostentó el cargo de secretaria primera de la Mesa del Parlament codo a codo con Carme Forcadell. Fue procesada por haber avalado desde la Mesa la tramitación de la Ley del Referéndum y fue sentenciada por desobediencia, una sentencia a la que se le volvió a condenar a finales del mes pasado donde se le inhabilitaba con 4 meses a ejercer cualquier cargo público electivo, aunque el fallo matizaba que para el cumplimiento es "de abono el tiempo sufrido de privación de concurrir a procesos electorales". Es decir, detallaba que la pena ya había sido cumplida por el tiempo transcurrido.

Con su salida del Parlament, ostentó hasta junio de 2021 el cargo de Presidenta del Consejo Escolar de Cataluña, un punto en su currículum del que se ha valido Aragonès en la rueda de prensa para justificar el nombramiento. Se refirió a ella como una persona de confianza que conoce "los sectores educativos" y tiene "una mirada transversal".

El nombramiento a dedo de Aragonès busca así un perfil con carrera de fondo en ERC que siga la hoja de ruta del exconseller Josep Gonzàlez-Cambray aunque de manera conciliadora puesto que la relación del exconseller con los sindicatos educativos estaba muy deteriorada. De hecho, nada más saberse el relevo, los sindicatos de funcionarios escolares han celebrado su salida por ver en él una figura sin voluntad negociadora después de multitud de polémicas, como la remodelación del calendario escolar.

De esta forma, con la llegada de Simó, Aragonés se asegura un nuevo inicio en la cartera con la trayectoria de la consellera en el sector y su conocimiento de las entidades educativas aunque también garantiza al frente de la comunidad docente a una persona que consolide "los cambios educativos en Cataluña", que pasan por, entre otros asuntos, desarrollar las políticas lingüísticas implementadas hasta ahora. Simó además tiene experiencia en el ámbito: es licenciada en Filología Catalana y tiene un posgrado en Planificación Lingüística, además trabajó en el Consorcio para la Normalización Lingüística en los 90.

Cargos electivos y el recurso del Supremo

La semana pasada la Fiscalía Superior de Catalunya anunció que presentaría un recurso de casación ante el Supremo por una infracción contra la sentencia de finales de mayo que volvía a condenar a los miembros de la Mesa en 2017. Se trataba de un nuevo fallo que rebajaba la pena de inhabilitación respecto a la primera condena, que fue luego anulada por el Supremo, de 20 a 4 meses por el atenuante de dilaciones indebidas. La condena por tanto no es firme y no se puede ejecutar hasta la resolución del Alto Tribunal.

Hasta entonces, Simó tomará la conselleria aunque no haya sentencia firme, algo que puede cambiar su realidad en cuanto la haya. Fuentes de Esquerra afirman a Vozpópuli que ese escenario no es "previsible" aunque "puede pasar". "Damos esa condena por cumplida, lo único que puede pasar es que el Supremo haga una rectificación y que le den más tiempo pero partimos de la base que ella ya ha cumplido. Puede pasar que le pongan más años que inicialmente pero no partimos con esa previsión", añaden.

Además, según recoge el texto del fallo, la pena se aplica a cargos públicos electivos. No es el caso de Simó, que ha sido un nombramiento directo por el president de la Generalitat en relevo a Cambray y no ha pasado por las urnas. Un caso muy diferente al de Laura Borràs, como puntualizan fuentes de la Junta Electoral.

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