El expresidente catalán Pere Aragonés ha entregado este lunes su teléfono móvil al juez que investiga el espionaje con el software Pegasus, para que encargue un análisis forense del dispositivo que aclare si alguna vez fue infectado por el CNI sin aval judicial.
El juez requirió a Aragonés el teléfono atacado con Pegasus, tal y como planteaba a Fiscalía para determinar con exactitud el alcance del espionaje, aunque el presidente de la Generalitat se ha resistido a facilitarlo hasta hoy, según señalan a EFE fuentes jurídicas.
Con la pericial del móvil que va a encargar a la policía -previsiblemente a los Mossos d'Esquadra- el juez quiere saber las fechas en las que fue infectado el móvil de Aragonés, que el CNI reconoce haber espiado entre julio de 2019 y enero de 2020 con aval del Tribunal Supremo, ante el que adujo que tenía sospechas de que el dirigente republicano coordinaba las acciones de los CDR.
En su querella inicial, que también dirige contra el grupo israelí NSO que comercializa Pegasus, Aragonés detallaba tres ataques a su móvil los días 4, 5 y 13 de enero de 2020 -coincidiendo con la investidura de Pedro Sánchez-, detectados por el laboratorio Citizen Lab que destapó el espionaje masivo al independentismo.
No obstante, una pericial informática posterior que Aragonés aportó al juzgado concluye que el dirigente de ERC tuvo el móvil infectado con Pegasus entre julio de 2018 y marzo de 2020, más allá del período en el que el espionaje del CNI contaba con cobertura judicial.
El juez, que el pasado mes de enero tomó declaración como investigada a la exdirectora del CNI Paz Esteban, se centra ahora en averiguar si el espionaje a Aragonés contó en todo momento con aval judicial y quién está detrás de las supuesta infecciones que la acusación sitúa en fechas en las que el uso de Pegasus en el móvil del president aún no había sido autorizado por el Supremo.
El examen del dispositivo podrían efectuarlo los Mossos d'Esquadra, que ya confirmaron el espionaje del teléfono de los dirigentes de ERC Josep Maria Jové y Diana Riba, investigado en otro juzgado de Barcelona, y al exdiputado de la CUP Carles Riera.
