Grupos de funcionarios de prisiones bloquean desde primera hora de la mañana de este viernes los accesos a las cárceles catalanas en protesta por el asesinato de una cocinera de la prisión de Mas d'Enric, en El Catllar (Tarragona) y para pedir mayores medidas de seguridad y el cese de la cúpula penitenciaria.
Además de este centro, los funcionarios también bloquean los accesos a las dos prisiones de Brians y los de Quatre Camins, Lledoners y Ponent, según fuentes sindicales.
Frente a la carretera de acceso a la cárcel de Brians, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), los trabajadores han amontonado neumáticos y les han prendido fuego.
Los funcionarios solo han permitido el acceso a las prisiones de los agentes de los Mossos que esta mañana debían hacer el relevo de sus compañeros para garantizar la seguridad en los centros.
Las protestas se están produciendo después de que el pasado miércoles un preso matara a cuchilladas a una cocinera de la prisión de Mas d'Enric y luego se suicidara.
Durante la protesta, se leyó un manifiesto en el que los funcionarios denunciaron el incremento "sin freno" de las agresiones en las prisiones catalanas.
Este jueves, dos centenares de personas convocadas por los sindicatos de prisiones se manifestaron en Barcelona, una protesta en la que cortaron el tráfico y que derivó en cargas policiales.
Incremento "sin freno" de las agresiones en las cárceles
Durante la protesta, se leyó un manifiesto en el que los funcionarios denunciaron el incremento "sin freno", en número y gravedad, de las agresiones en las prisiones catalanas.
Previamente, los manifestantes, que llevaban las manos pintadas de rojo, las estamparon contra la fachada de cristal de la conselleria de Justicia y pidieron la dimisión inmediata de la consellera, Gemma Ubasart, al grito de "consellera asesina", y del secretario de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima, Amand Calderó.
Los sindicatos reclaman más recursos y sistemas de protección para frenar las agresiones, como por ejemplo el uso de los aerosoles como medida protectora, que según han explicado está previsto dentro del reglamento penitenciario, pero se les sigue negando.
