Josep Ramón Bosch, la persona de consenso tras la renuncia por sorpresa de la candidatura de Rafael Arenas, vuelve a presidir Societat Civil Catalana con el objetivo de relanzar y regenerar la entidad en un periodo muy corto de tiempo. Será una presidencia de transición con el objetivo de integrar todas las corrientes constitucionalistas dentro de la entidad, y todo en un plazo máximo de medio año.
Bosch obtuvo más del 70% de los votos en la junta celebrada este fin de semana en Barcelona. La condición impuesta para estar en el cargo es el tiempo, de tres a seis meses. Se ha evitado así una guerra entre candidatos y una crisis con consecuencias desastrosas para el buen nombre de la entidad.
La junta directiva había destituido a José Rosiñol antes de Navidad y todo apuntaba que sería Rafael Arenas el elegido para sucederle en el cargo. No obstante y a última hora, Arenas declinaba presentarse. Josep Ramón Bosch, fuera de la entidad entonces y tras ganar una batalla judicial por derecho al honor, mostraba sus credenciales bajo una condición: una presidencia corta, de como máximo seis meses para tratar de alcanzar un acuerdo de máximos entre todas las corrientes ideológicas internas en SCC.
La crisis en SCC se espera cerrar con Bosch
La nueva junta, compuesta por cuatro personas, se abrirá después a integrar a miembros de todas estas sensibilidades, con el objetivo de regenerar y relanzar SCC. El cisma dentro de SCC se incrementó por la llamada de Rosiñol a negociar con la Asamblea Nacional Catalana (ANC), provocando malestar entre los socios de la entidad. Un posicionamiento político que abrió la brecha, más cuando desde sectores de la entidad se pide al Gobierno de España una nueva aplicación del 155 en Cataluña ante la deriva separatista de Quim Torra.
Rosiñol seguía la pauta marcada por el PSC, partido que juega a la llamada "tercera vía", la de la negociación con quienes han hundido la economía catalana. De hecho, los socialistas rechazan ahora aplicar un nuevo 155 y muestran su intención de encontrar una solución por la vía de la negociación.
Todas las corrientes políticas constitucionalistas
Junto a Bosch se sentarán Álex Ramos, Manuel Miró y Xavier Marín en la presidencia de la junta de SCC. La nueva presidencia de SCC tendrá así como objetivo combatir el independentismo de forma más activa, más ante el 'feo' de Rosiñol de no aparecer en el atril en la manifestación del pasado 12 de octubre. El nuevo objetivo de Bosch es mantener el espíritu fundacional de SCC: trasversal y representativa de todos los catalanes que defienden la unidad de España.
El objetivo de Arenas era integrar también al colectivo "S'ha acabat", que ensalzan la aplicación del 155. "El 155 fue la respuesta jurídica pero también política: los españoles, soberanos, nos hicimos allí presentes", señalaban estos jóvenes, en contra de las ideas de los socialistas catalanes. "Lo hizo nuestro Gobierno pero antes lo había hecho ya ese millón de catalanes que por dos veces dijo basta en Barcelona", han matizado.
Arenas, por su parte, dejaba escrito en las redes sociales su agradecimiento a los miembros de su candidatura, una lista realizada con consenso y llegaba a tener apoyo del propio Bosch. No obstante, a raíz de la presentación de la candidatura de Rosiñol, Arenas tomaba la decisión de retirarse en esta lucha. "No era mi voluntad entrar en una confrontación, sino tan solo ofrecerme como ayuda para SCC en un momento difícil y siempre que hubiera consenso en relación a mi presidencia", ha sostenido.
Arenas se deshace en elogios
"Para ello comprometí a algunas personas que creo que representan los mejores valores del constitucionalismo en Cataluña", ha señalado, al tiempo que se ha deshecho en elogios hacia Ana Losada, quien ha conseguido lo que ningún gobierno español hasta ahora: que en algunos colegios catalanes se cumpla la ley y se impartan un mínimo de materias en castellano; hacia Isabel Fernández y Nuria Plaza, decisivas en la elaboracion de los informes sobre calidad democrática realizados en los últimos años por Societat Civil Catalana, así como en el informe sobre el impacto en las escuelas de la jornada del 1 de octubre de 2017; Irene Álvarez, secretaria de SCC hasta ayer; y Jorge Calero, Catedrático de Economía en la Universidad de Barcelona y uno de los impulsores del colectivo "Universitaris per la Convivència".
