La CUP es una formación que tiene a gala defender políticas de naturaleza radical. Sin embargo, dado su declive electoral y su consiguiente pérdida de relevancia en el tablero catalán, el partido está tratando de abrirse a pactos que le permitan estar presentes en las instituciones. Sin por ello abandonar su retórica extremista y el activismo en las calles. Es lo que los anticapitalistas acordaron en su congreso del pasado septiembre, conocido como el "proceso de Garbí", del que emergió un nuevo líder en sintonía con su nueva propuesta: Non Casadevall. Y es que el actual secretario general de la CUP combina la habitual retórica incendiaria con un perfil biográfico inédito: fue profesor de Religión católica en Instituto de Secundaría.

En este sentido, la formación ha estado lanzando guiños al PSC de Illa para que cuente con ella en la negociación de los presupuestos —sobre los cuales los socialistas ya han admitido que no están listos para ser aprobados antes del 1 de enero del año que viene—. Y ayer por la mañana insistió en ello, manteniendo que el PSC "presuponía fatal" si contaban con que la CUP no estaría dispuesta a negociar las cuentas. "Nosotros no somos el 'no'. Nosotros somos los que traemos propuestas que después otros actores políticos se cuelgan como medallas", reivindicó Casadevall. El PSC retomó el guante, y al mediodía el diario 'Nació Digital' revelaba que la 'consellera' de Economía, Alícia Romero, había telefoneado a los antisistema para reunirse este jueves y abordar los presupuestos.

A cambio de avalar las cuentas, la CUP ha adelantado que propondrá soluciones "reales" y de "sentido común". Y ha especificado que sus prioridades son tres: la vivienda, porque la "gente necesita una casa"; una "transformación industrial" para que los catalanes "puedan trabajar", y la "defensa de la lengua catalana", que vive un "retroceso muy grave" —una gravedad tan solo refrendada por las encuestas de 'lobbies' como Plataforma per la Llengua, que centran sus estudios en el entorno metropolitano y ponen el acento en el uso del catalán, no en el conocimiento—. Precisamente, las exigencias sobre este último punto las dio a conocer la formación la semana pasada durante la comisión de Política Lingüística del Parlament.

"Sanciones y a la calle"

Allí, el 'conseller' en la materia, Francesc Xavier Vila, atendió las quejas de los partidos secesionistas sobre las presuntas vulneraciones lingüísticas que, según las entidades nacionalistas, se están produciendo en el ámbito de la Sanidad. Plataforma per la Llengua ha registrado más de 200 de estos incidentes, siendo el caso más mediático el que aconteció hace un mes en el Hospital Dexeus. Según relatamos en 'Vozpópuli', una paciente acudió este centro médico tras sufrir lagunas mentales y exigió que solo la atendiese personal catalanohablante —un comportamiento que fue calificado por los profesionales del centro como "grotesco y xenófobo"—. No obstante, Junts, ERC y la CUP consideraron su reclamación legítima —que fue atendida mediante un intérprete— y pidieron medidas contra el médico que la atendió en español.

Durante la comisión, el diputado de la CUP Dani Castellà vindicó actuar frente a los facultativos que atiendan en castellano a sus pacientes sin miramientos. "La respuesta ha de ser clara y contunde: sanciones y a la calle", le exigió al 'conseller' socialista. Para Castellà, casos como el citado forman parte de un problema de "discriminación lingüística estructural" en el Estado español y se encuentran ligados a la" ideología supremacista castellana" y del "redactado discriminatorio" de la Constitución. Además, puso como ejemplo de ataques lingüísticos frases como "Hable la lengua común" o "¿Quiere hablar en catalán o que su hijo se cure?". El 'conseller', por su parte, reconoció que la atención sanitaria en catalán no está "garantizada", una situación que el Ejecutivo se ha propuesto mejorar. Para ello, se ha puesto en marcha un plan departamental con 33 medidas, que incluye un "calendario de capacitación lingüística del personal sanitario".

De entre las exigencias de la CUP para avalar los presupuestos, es posible que las de índole lingüístico encuentren un mayor eco en el PSC. No en balde, el Ejecutivo socialista ha sido el primero en crear una 'conselleria' específica sobre la cuestión, manteniendo las tesis del nacionalismo lingüístico y llevando la ofensiva contra el castellano aún más lejos que sus predecesores. Por ejemplo, anunciando que extenderá el veto a la lengua común en el patio y las extraescolares o que desobedecerá la sentencia del 25% en español sea cual sea el fallo al respecto del TC.

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