Arquitectos, personal de limpieza, músicos... son algunos de los profesionales públicos que se han visto afectados como interinos en el proceso para estabilizar su plaza al exigirles la Administración un cierto nivel de catalán con el que no contaban en el Ayuntamiento de Barcelona. Uno de los afectados, el caso de un clarinetista sevillano con casi 30 años de trayectoria en la Banda Municipal de Barcelona que recoge El Mundo, presentó una demanda hace meses anteponiéndose a la situación irregular que le iba a afectar por pedirle un C1 de catalán y para parapetarse contra un despido improcedente, como asegura a Vozpópuli 'Hablamos Español', la entidad que le asesora.

Su proceso judicial sigue a la espera de dictamen pero el Ayuntamiento de Barcelona que gobierna el PSC le despide este viernes, tanto a él como a por lo menos 12 interinos más del total las 3.056 persones admitidas en el proceso para cubrir las 1.597 plazas convocadas en el marco de la Ley 20/21 para regularizar las plazas de interinos.

Esta ley recoge la obligatoriedad de tener el nivel de catalán exigido o conseguirlo con una prueba de catalán obligatoria. Sin estos requisitos, la trayectoria de cualquier interino, por mucho que sea larga, no es suficiente para mantener la plaza. Joaquín ha sido el único que ha dado la cara pero los otros damnificados también están trabajando sus reclamaciones aunque de manera discreta para evitar señalamiento y conflicto. "Esta situación es de completo abuso, en el caso de Joaquín el procedimiento está en marcha, pero el Ayuntamiento le despide antes de una resolución", la presidenta de la plataforma, Gloria Lago.

Este proceso de regulación es una directriz estatal para estas plazas pero las Comunidades Autónomas con lenguas cooficiales deciden el grado de exigencia lingüística a la hora de ser funcionario público. No se le pide el mismo nivel a todos, depende de cada caso, pero deben pasar el trámite burocrático para acreditar el nivel de catalán que se les exige, ya sea por oposición o en plaza de interino. Lago explica que esta situación ha dejado desamparadas a muchas personas que querían acceder a puestos de trabajo en la Administración con casos que se encuentran "hundidos en la miseria" por la inestabilidad laboral que les genera obtener el puesto al que aspiran.

Uno de ellos, un arquitecto que vive en una localidad cercana a Barcelona, que se encuentra en tratamiento por depresión. En total, la plataforma ya asesora legalmente a unas 30 personas afectadas, ya sea por trabajas lingüísticas de cara a la oposición o, como el caso de Joaquín, por haber sido despedidos. El caso de Barcelona, sin embargo, es especialmente sangrante y único al despedir de la Administración. Como explica el presidente de Convivencia Cívica Catalana, Ángel Escolano, para cesar en una plaza de interino solo puede ser por renuncia de la propia persona, porque esa plaza quede cubierta por oposición o porque se amortice.

Este viernes de todas formas esta treintena de personas se ha quedado sin su puesto de trabajo en el Ayuntamiento de Barcelona, muchas de ellas con edades cercanas a la jubilación, sin que se tengan en cuenta sus años de labor. Se trata de otro agravio laboral que origina la barrera lingüística requerida para los trabajadores en Cataluña, y que no solo afecta en el ámbito de ayuntamientos en toda Cataluña sino que se extiende al acceso a plazas en universidades, profesores en colegios y en la atención sanitaria, donde se agudiza el acoso por el uso del catalán.

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