ERC y Junts diseñan una ofensiva contra los jueces para una aplicación "inmediata" de la amnistía

La aprobación de la ley de la amnistía este jueves llega en plena recta final de la campaña para las elecciones europeas. ERC y Junts ya han redoblado su presión sobre el Ejecutivo español estas últimas semanas, con la exigencia a Pedro Sánchez para que despliegue su diplomacia y que el catalán sea lengua oficial de la UE, uno de los puntos esenciales de la hoja de ruta en Bruselas de ambos partidos secesionistas. Ahora, el pulso de los posconvergentes y los republicanos por la defensa del catalanismo se libra con la amnistía, y ambos buscan colgarse la 'medalla' de su tramitación.

La candidata de ERC, Diana Riba, encara las horas más bajas del partido en el 9-J tras el varapalo de las urnas en las elecciones catalanas. Los republicanos han elevado el tono en la defensa de la autodeterminación en su programa y han sacado pecho por haber 'luchado' la amnistía frente a Junts, por lo que ya avisan que exigirán una aplicación "inmediata" una vez entre en vigor en el Congreso de los diputados. Riba ha amenazado a los jueces para que no pongan más impedimentos para aplicar la amnistía al tratarse de una "necesidad democrática" y que deben respaldar al Congreso.

Una de las artífices de la negociación de la ley por la parte republicana ha sido Marta Vilaret como vicesecretaria general de Derechos, Libertades y Lucha Antirepresiva y miembro del equipo jurídico. Encarriló la negociación con el PSOE al presentar las enmiendas conjuntas con Junts. Una labor que por cierto fue gracias a la intermediación de Jordi Turull por la parte de Junts y de Marta Rovira por la parte de ERC. Vilaret ya avisó en el momento en el que se inició el trámite de la ley al Senado que el grupo ya se preparaba para la "batalla" legal para ir "caso por caso".

"No se acabará la batalla una vez acabe el proceso legislativo porque después tendremos que batallar en cada uno de los tribunales que tendrán que decidir cómo se aplica la ley, sobre todo en los más mediáticos, como el Supremo, la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña... Pero aquí no termina el proceso", aseguraba entonces Vilaret, y en los corrillos con los periodistas en la sede de ERC en marzo ya advertía la preocupación por armarse a nivel legal para llegar hasta el final con la aplicación frente al poder judicial. En la misma línea han sido las afirmaciones de Raquel Sans, portavoz de ERC y que está siendo uno de los nombres más sonados en el 'relevo de mandos' en ERC. Sans volvió a hablar de "batalla" y señaló a los magistrados: "Los jueces volverán a hacer política".

Pendientes del TJUE

Vilaret ha tenido a Joan Ridao y a Joan Queralt como máximos artífices en la sombra y ha estado en plena coordinación con los abogados de los encausados y republicanos pendientes de la amnistía, como Josep María Jové (que es uno de los miembros que lidera las negociaciones postelectorales en el Parlament), el actual director del Puerto de Barcelona, Lluís Salvadó, o el Rubén Wagensberg. El planteamiento en la ofensiva contra la "derecha jurídica española" que impida la aplicación inmediata de la ley es deslegitimar al TJUE y a la Comisión como órganos competentes para analizar si en la Carta Magna tiene cabida la amnistía, que es a lo que ha apuntado Ridao en todo momento. Solo podría, según buscan defender, interponer un expediente de infracción al Estado español si se demuestra que los hechos amnistiados no respetan la normativa de la UE sobre corrupción y malversación o incluso tampoco la independencia del poder judicial.

Así, tanto ERC y Junts van a agotar todos los recursos en Europa para defender la constitucionalidad de la aplicación de la amnistía, en previsión a que los jueces presenten cuestiones prejudiciales y que suspendan los procedimientos. La clave para los republicanos es que el TJUE no admita estas cuestiones para no dilatar la aplicación de la amnistía a los procesados. Por el momento, tanto los postconvergentes como los republicanos ya presionan al ministro de Justicia, Félix Bolaños, y a Bruselas para que actúen en contra la la 'guía antiamnistía' que ha enviado un grupo de jueces a través del CGPJ para no aplicar la ley. Carles Puigdemont y Toni Comín enviaron una carta al comisario de Justicia de la Comisión este martes para que intervenga ante este "grave" hecho y el senador de ERC, Joan Queralt le ha pedido a Bolaños que explique cómo el Ejecutivo va a garantizar la aplicación de la norma ante un poder judicial dedicado a perseguir al movimiento independentista.

419 activistas amnistiados

El sindicato Alerta Solidaria calcula que la ley de amnistía, que previsiblemente se aprobará el jueves en el Congreso de Diputados, puede afectar al menos a 419 activistas y manifestantes independentistas, un tercio del total de los inicialmente investigados. El resto, o ya han sido absueltos, o sus causas se han archivado. En este cómputo sólo hay personas de la sociedad civil, y no se contabilizan políticos o miembros de la administración o aquellos que han sido investigados por trabajar bajo directivos de la Generalitat, ayuntamientos o sus responsables. Solo se ha añadido la excepción de los investigados por la Audiencia Nacional del 'caso Tsunami Democrático', ya que hay activistas que nada tienen que ver con la acción de ninguna administración.

En concreto, Alerta Solidaria pudo contabilizar a 1.168 personas objetos de diligencias penales relacionadas con el 'procés'. De éstas, el 51%, 597, han visto cómo se archivaban las causas, mientras que en el 49% restante, 571, se han sacado adelante los procedimientos. De las 571 personas con causas abiertas, 143 (25%) están todavía en proceso de instrucción, un 22% (127) están esperando juicio, 12 (2%) esperan sentencia. Del resto, que ya tienen sentencia, el 27% del total, 152, fueron absueltas de todos los cargos, mientras que 137, un 24% del total, tienen sentencia con condena total o parcial. Por eso, Alerta Solidaria considera que de las 571 personas con causas abiertas, si se restan las 152 con sentencia absolutoria, hay 419 personas que pueden ser amnistiadas, lo que supone un 35% del total de investigados inicialmente.