ERC ha registrado una iniciativa en el Congreso pidiendo al Gobierno apoyo económico e institucional del Estado para organizar en 2027 en Cataluña tanto el mundial de Piragüismo como el campeonato del mundo de Atletismo, sedes que se decidirán este año 2023. En la proposición no de ley, que llevarán a votación en la Comisión de Cultura y Deportes del Congreso, la formación independentista reclama en concreto que el Gobierno se comprometa a "apoyar económicamente" las "posibles candidaturas" de los municipios de La Seu y Sort (Lleida) para el mundial de Piragüismo de 2027 y de la ciudad de Barcelona para organizar el campeonato mundial de atletismo de ese año.
A tal fin, exigen que se firme un convenio entre la Generalitat, los municipios afectados y la Administración General del Estado para "financiar las inversiones necesarias en el territorio para garantizar el éxito de dichas candidaturas", y reclaman al Gobierno que garantice "el 100% de la ejecución presupuestaria de las inversiones destinadas a estos territorios", como la incluida en los Presupuestos de 2023 para la N-260.
Los ayuntamientos no pueden solo
Según explica en la iniciativa, recogida por Europa Press, en este año de 2023 se van a desarrollar los procesos de elección de sedes de estas competiciones y los municipios catalanes ya han empezado a preparar sus candidaturas, pero ERC asume que "es evidente que los Ayuntamientos solos no pueden hacer frente a todas las inversiones necesarias para garantizar que estas candidaturas sean exitosas".
"Es necesario el compromiso de todas las administraciones, también el de la Administración General del Estado, para llevar a cabo estos proyectos sin que esto supongo hipotecar a las administraciones locales, las cuales tienen un margen de actuación, desgraciadamente, demasiado pequeño", sostiene.
Además, Esquerra recuerda que los municipios de la Seu d'Urgell y Sort ya organizaron una competición mundial de piragüismo en 2019 y que aún tienen pendiente de recibir 150.000 euros en ayudas comprometidas para aquella cita, por lo que también exigen al Gobierno que los pague "en un plazo no superior a treinta días desde la aprobación" de la iniciativa.
