Si los sindicatos sanitarios en Cataluña ya se han echado a la calle por los recortes que afectarán a la atención sanitaria este verano por la falta de presupuestos, la escasez de crédito ya va más allá de la Sanidad y afecta de lleno a otros sectores esenciales para la ciudadanía como la vivienda. El presupuesto prorrogado es el único con el que cuenta el Govern para hacer frente los gastos de los departamentos del Ejecutivo catalán después de que no salieran adelante las cuentas públicas pactadas entre ERC y el PSC, que destinaban un presupuesto de 43.600 millones de euros, 2.400 más que los pasados.

Su naufragio en el Parlament por el voto en contra de los comunes en marzo después de que el Govern no se comprometiera a interrumpir el proyecto de Hard Rock es lo que terminó precipitando el adelanto electoral y ha sido la antesala de lo que ahora está ocurriendo: compromisos que no se cumplen, proyectos pactados que no se ejecutan y necesidad de aprobar partidas extras.

En lo que se refiere a vivienda, la temática que está entre las principales preocupaciones de los ciudadanos según el último CIS y que es especialmente acuciante en las grandes ciudades españoles, la Generalitat se comprometió a estrenar 4.000 viviendas de alquiler social dentro de un paquete de 10.000 que se esperaba construir entre 2023 y 2026. En este marco, en enero la consellera de Territori de la Generalitat, Ester Capella, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, firmaron un convenio de colaboración para la promoción y construcción de un mínimo de 1.700 viviendas sociales en Barcelona.

Con este pacto, el consistorio se comprometía a ceder al Instituto Catalán de Suelo (Incasòl) los derechos de varios solares durante 75 años mientras que Incasòl invertiría 221 millones de euros en la construcción de las viviendas. Sin embargo este compromiso no se ha cumplido. La primera fase pasaba por la construcción de 637 viviendas situadas en 11 parcelas con una inversión de 82,81 millones de euros, pero la Generalitat paralizó este proyecto y ni siquiera ha sacado el concurso, que debía haber salido en abril por la falta de presupuesto.

Este hecho ha provocado, de hecho, la dimisión de la directora de Incasòl, Maria Sisternas i Tusell. En un comunicado sucinto, la Generalitat comunicó el 21 de junio que había aceptado su cese y que había sido relevada por el arquitecto Agustí Serra i Monté. Lejos de ser un relevo habitual, la portavoz del Govern, Patricia Plaja, ha expresado en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu de este martes que se trata de una resolución por falta de entendimiento y que es el resultado de tener los resultado de los presupuestos prorrogados. "No es posible recuperar este plan, no es posible ni contratar a las 16 personas necesarias ni está garantizado el dinero por el escenario presupuestario", ha expresado Plaja.

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