La familia Sumarroca ha presentado una querella al Tribunal Supremo español por considerarse víctima de la 'Operación Catalunya', según ha avanzado la Vanguardia. Los empresarios, que se presentan como víctimas, están siendo investigados desde hace años en la Audiencia española por el presunto pago de comisiones irregulares a la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, pero también por la presunta entrega a CDC de la comisión del 3%. La querella se presenta tras las filtraciones a varios medios de las grabaciones del ex comisario de policía José Manuel Villarejo, que demostrarían que existía una conjura entre altos cargos del Estado para desprestigiar el movimiento independentista catalán.
Según la Vanguardia, la querella, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, se dirige contra la actual senadora del PP, Alicia Sánchez Camacho ; el ex-ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz ; el entonces número dos del ministro, Francisco Martínez; la ex-secretaria general del PP, Maria Dolores de Cospedal; el propio Villarejo y el ex-número dos de la policía española, Eugenio Pino. A todos ellos les piden que se les investigue por los delitos de organización criminal, revelación de secretos, malversación de caudales públicos y falsedad documental.
En el texto de la querella, los demandantes relatan que fueron víctimas de los responsables de las llamadas cloacas del estado por los vínculos que tenían con la familia Pujol. Acusan a Sánchez Camacho de haber facilitado una lista negra a Villarejo en una reunión el 6 de noviembre del 2012, cuando era presidenta del PP catalán, que contenía nombres de personas que debían ser investigadas y perseguidas por los vínculos con el independentismo. En esa lista, señalan los querellantes, figuraba la familia Sumarroca, que cuenta con uno de los principales grupos constructores de Cataluña adjudicatarios de obra pública y ha estado históricamente vinculada a los Pujol, con quienes han compartido negocios, amistad y afinidades políticas desde la creación de Convergencia Democràtica (CDC).
El la querella, los perjudicados hacen especial hincapié en la condición de aforada de Sánchez-Camacho Pérez como razón de la denuncia. Apuntan que la expresidenta del PP en la autonomía "en el momento de la interposición de la presente querella ostenta la condición de Diputada del Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea de Madrid y Senadora por designación autonómica del Grupo Parlamentario Popular".
Según la familia querellada, la única estrategia consistía en crear pruebas falsas para perjudicar y desprestigiar a los señalados, considerados todos cercanos al movimiento independentista. En dicha lista, según defienden, figuraban toda clase de personalidades secesionistas, desde líderes sociales a empresarios y cargos políticos.
