Las catorce "sillas de plata", como se denominan popularmente a los asientos asignados por el pago mínimo de 75.000 euros, en la Cámara de Comercio de Barcelona tienen sus días contados. La Generalitat hace suya una de las principales promesas de Eines de País, la candidatura de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), para tratar de eliminar estos asientos.
Si los recursos presentados no prosperan, todo apunta a que el nuevo presidente se elegirá el próximo 6 de junio. Antes, Eines de País ha propuesto a tres candidatos y una candidata para presidir la Cámara de Barcelona de forma bianual, dos años un hombre y otros dos una mujer. Eines de País consensúa este miércoles en asamblea el nombre de los candidatos, y el definitivo se escogerá la próxima semana. Entre los favoritos están Joan Canadell, Pere Barrios, Mónica Roca y Joan Font, presidente de la cadena Bon Preu, una de las más importantes de Cataluña.
El asunto no es nuevo. Ya se intentó en 2014, pero ante la situación política en Cataluña y el continuo bloqueo en el Parlament no se pudo hacer realidad. En esa ley se estipulaban cambios en esos polémicos asientos, destinados a catorce empresas que aportan más dinero, con un mínimo de 75.000 euros. Fuentes de la Cámara de Barcelona han afirmado a Vozpópuli que en las pasadas elecciones en esta institución tan solo hubo catorce candidaturas, aunque no han confirmado si se ha abonado más del mínimo requerido. Otras fuentes señalan que solo han destinado esos 75.000 euros al "no presentarse más competencia".
Un nuevo sistema de financiación para recuperar los 1,05 millones
La cuestión ahora es cómo se recuperarán estos ingresos. Se trata como mínimo de 1,05 millones de euros, un montante equivalente al 5% del total de la Cámara. Fuentes de la candidatura independentista han afirmado a Vozpópuli que darán a conocer "en breve un plan", aunque no han desgranado en qué consistirá. Hasta ahora todas las candidaturas esperan a ver cuál será la decisión final que se adopte.
Desde la ANC señalan que se estudian diversas alternativas, como un sistema de pago por servicio. Eso sí, serán servicios que sean "útiles a las empresas".
Los independentistas tienen claro que "comprar sillas no es democrático. Este sistema no es propio del siglo XXI". En cuanto a la pérdida de ingresos no han mostrado preocupación debido a la buena salud financiera de la que goza ahora la Cámara de Barcelona. "Hay que levantar las alfombras todavía para poder anunciar el plan", han considerado. Tampoco descartan imponer cuotas a los 423.000 afiliados, un número muy elevado y suficientemente alto como para poder nutrir de ingresos a la institución. Eso sí, han advertido que "de entrada" no se obligaría a pagar cuotas. "Hay varias alternativas y líneas de negocio. Tenemos sobre la mesa varias ideas", han continuado, sin concretar ni detallar en qué consisten. "Hay que ver antes dónde estamos realmente", puntualizan.
Anteriormente, las empresas tenían que abonar una cuota obligatoria a la Cámara de Barcelona, en función del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) o del Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF) en el caso de los autónomos. "Había embargos entonces si no se abonaba la cuota", han asegurado fuentes empresariales a este medio. Este sistema fue suprimido y se abre la puerta ahora a "cuotas voluntarias" o al pago por determinados servicios, según señalan fuentes de la ANC.
La Consejería de Empresa, dirigida por Àngels Chacón, ha defendido la necesidad de reducir el número de estas sillas. "Al mínimo", ha considerado, por lo que podrían llegar a ser cero. Por ley, la Cámara de Comercio debe designar al menos un 10% de asientos a las patronales -seis asientos- y que dos tercio de la Cámara sea escogido en las urnas, otros cuarenta asientos, dejando el máximo destinado a asientos de pago. Una situación "arcaica", han apuntado fuentes de Eines de País.
El mandato de todas las sillas expira a los cuatro años, pero podría acabar antes si la Generalitat aprueba finalmente la nueva ley. Se acabaría así con una normativa que data de hace casi 20 años y que eliminaría también el mandato de cuatro años. "La ley entraría en vigor cuando lo apruebe el parlamento, es un procedimiento independiente de los mandatos camerales", han apuntado fuentes de la Cámara de Barcelona. "La ley puede fijar una "vacatio Legis" -tiempo entre la aprobación en el Parlamento y la entrada en vigor de la normativa-. Por ejemplo en 2002 se fijó una vacatio legis de seis meses. Cuatro años sería muy insólito", han explicado.
Pero todo esto puede derrumbarse si prospera el recurso de alzada presentado por la candidatura de Ramon Masià contra el sistema de votación, y no por los resultados. En total, se emitieron 22.993 votos en las elecciones a las trece cámaras catalanas y tan solo se anularon 679 porque procedían de la misma dirección IP. Los votos fueron anulados y en el recuento definitivo apenas varió una vocalía, sin afectar al resultado final.
"Hubo muchas irregularidades en el proceso", señalan fuentes de Masià, quienes aseguran que los recursos seguirán adelante, sin descartar que llegue a los tribunales. "Hay carencias muy importantes, y el sistema electrónico no ofrecía garantías suficientes, como la doble identificación".
