El Departament d'Educació de la Generalitat y los sindicatos CCOO y UGT han firmado este jueves un acuerdo en el que se especifica el cobro del plus de antigüedad a los seis años y no a los nueve y la reducción de dos horas lectivas a los mayores de 55 años de forma paulatina. El acuerdo incluye también la equiparación salarial de los profesores de formación profesional (FP) con los profesores de secundaria y ha comunicado que es un pacto que beneficia a 43.000 docentes, aunque está condicionado a la aprobación de los presupuestos del Govern, que siguen encallados.
El pacto deja fuera el reconocimiento de la deuda generada por cobrar los sexenios a los nueve años y, aunque los sindicatos firmante se han mostrado satisfechos, los sindicatos con mayor representación de docentes no han firmado el texto. Como aduce la USTEC, la firma de este jueves con la consellera Simó responde a un ultimátum de la administración y a la negociación mantenida al margen de la unidad sindical con CCOO y UGT que representan sólo al 20% del personal docente no universitario de Catalunya. Su portavoz, Iolanda Segura, ha declarado ante los medios que es un pacto que no da margen de seguir negociando con el conjunto de la mesa sectorial y que rebaja la última propuesta de acuerdo ofrecida por el anterior conseller, Cambray.
"No es un acuerdo de reversión de recortes. El gobierno incumple así la promesa de revertir todos los recortes en la presente legislatura. Deja fuera el reconocimiento de la deuda contraída por los estadios y cierra la puerta a seguirle negociando con las organizaciones sindicales", concluyen tajantes. Además, el comunicado, que también firman otras plataformas sindicales educativas como la CGT, Profesors de Secundaria y FEUSOC, alerta del riesgo de que las mejoras estén supeditadas a la aprobación de las cuentas públicas de 2024. Algo que "no compromete a la administración en su cumplimiento".
Exigencia de más presupuesto
El sindicato sigue reclamando el aumento del presupuesto para educación a un 6%, como también han expresado expertos educativos tras el golpe del informe PISA, aunque denuncian que la consellera sigue negándose a incorporar la reducción de ratios en las aulas, el aumento de plantilla o la recuperación del poder adquisitivo. El colectivo está cada vez más en guerra con el Departament después de que la creación de un grupo de expertos para atajar los malos resultados del informe PISA en la Comunidad Autónoma les haya dejado fuera. Un grupo de expertos que estaba previsto que diera conclusiones en febrero pero que la consellera declaró que se atrasaban a marzo en la sesión de control de ayer miércoles.
