Pere Aragonés desentierra el embrión de su Hacienda propia centralizando el pago de todos los impuestos de las sociedades, consorcios y entidades públicas que dependen del Ejecutivo autonómico. El vicepresidente de la Generalitat ha pedido el estudio para conocer el impacto que tendría centralizar estos tributos justo un año después del fin del 155, por el que fue suprimido esta intención.
Desde el Plan 2000 de Pujol, los independentistas catalanes tienen como objetivo tener bajo su custodia "la caja y la llave de la caja". Es decir, recaudar, gestionar y controlar todos los impuestos que se pagan en Cataluña, una forma de poder amenazar al Estado de nuevo para romper la unidad tributaria. El caso más extremo es si la Generalitat se negara a abonar los impuestos pagados por empresas y entidades públicas. Para evitarlo, los sucesivos Gobiernos de España siempre han impedido hacer realidad esta estructura.
Desde la Consejería de Economía niegan la mayor. "No se trata de ningún embrión de una Hacienda pública propia", han asegurado a Vozpópuli. "Se trata de recortar gastos, poner un criterio único con el fin de reducir la litigiosidad del Estado", han añadido. Las fuentes consultadas hacen referencia expresa al espinoso asunto del IVA a TV3 y Catalunya Radio, un duro golpe dado por el entonces ministro de Hacienda Cristóbal Montoro en pleno 155. La Agencia Tributaria reclamó 167 millones de euros por las deducciones del IVA realizadas durante los ejercicios 2015, 2016 y 2017. En 2018, la televisión pública catalana entró en pérdidas, también por la caída de empresas de publicidad. Vicent Sanchís, director de la matriz de ambas empresas, acusaba a Montoro de querer "liquidar" a ambas empresas.
Tras la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa se puso fin hace doce meses al 155 de la Constitución, y es ahora cuando Aragonés retoma la centralización del pago de impuestos tras tres años de prórroga presupuestaria. Para el vicepresidente catalán, el embrión de la Agencia Tributaria propia fue suprimido de "forma arbitraria". Íñigo Méndez de Vigo, entonces ministro de Educación con Mariano Rajoy, había asegurado que se trataba de una "estructura de Estado", un término utilizado por los nacionalistas catalanes al referirse a medidas, infraestructuras o entes clave para conseguir la independencia.
Las mismas fuentes de la Consejería aseguran que se trata de "unificar" todo el pago de impuestos y los "criterios jurídicos" para "facilitar los trámites" y reducir así las demandas del Estado. La Generalitat asegura que a este plan se pueden sumar entes públicos ajenos a su competencia, como Ayuntamientos y Diputaciones, pero "tendrían que decidirlo por separado".
Con este sistema, la Agencia Tributaria de Cataluña gestionará los impuestos propios, cedidos y estatales. Esta iniciativa forma parte de la estrategia de que esta agencia sea el embrión de una hacienda propia. En total, están llamadas 182 corporaciones, consorcios, entes y entidades de la Generalitat a pagar los tributos directamente a la ATC. Todas ellas deberán presentar las correspondientes retenciones del impuesto de la renta (IRPF), el pago del impuesto de sociedades y las cotizaciones sociales de sus empleados en vez de hacer el pago en la Agencia Tributaria Española y en la Tesorería General de la Seguridad Social.
El Gobierno ha acordado encargar a la Secretaría de Hacienda la definición de un modelo de política fiscal corporativa de la Generalidad. Con esta iniciativa, la administración catalana quiere recuperar la esencia del plan de centralización de los pagos de los tributos de titularidad estatal (IRPF, IVA e impuesto de Sociedades) la llamada 'tramitadora'. El Gobierno aprobó este proyecto el 25 de abril de 2017, pero el BOE el dejó sin efecto el 18 de diciembre del mismo año, con la aplicación del artículo 155 por parte del Gobierno español.
Un sistema "ineficiente"
Además de recaudación, gestión y control de tributos, Aragonés aseguró que la ATC será una herramienta "generadora de una cartera de servicios para pagar mejores los impuestos de otras administraciones".
El sistema actual es "ineficiente", según las fuentes de Economía preguntas por este medio, motivo por el que se encarga este informe, donde se espera que se den cifras de la recaudación agregada de todos los entes acogidos a este sistema. El objetivo es dejarlo todo atado antes de junio de 2020 para obtener una "visión global de la fiscalidad del sector público".
"También se generarán economías de escala, fomentando la coordinación, homogeneización de criterios, protocolos, instrumentos y la gestión del conocimiento en materia fiscal. Esta política incrementará la transparencia en materia fiscal y en el fomento del cumplimiento cooperativo", aseguraba Aragonés.
