La Generalitat mantiene el pulso frente a la decisión de Tribunal Supremo de anular el proyecto lingüístico de dos escuelas en Barcelona y Abrera tras desestimar los recursos y no tira la toalla para 'amparar' a los otros 22 centros que deben aplicar el 25% del castellano. El Ejecutivo catalán se mantiene firme para implantar el modelo de inmersión lingüística ya que cree que, con el nuevo marco normativo, las escuelas que apliquen el 25% del castellano el próximo curso deben dejar de hacerlo porque el decreto del catalán, aprobado en el Parlament en mayo, no atiende a porcentajes.

Así, el Govern considera que no se pueden paralizar los proyectos lingüísticos de las dos escuelas señaladas por el Supremo ni de otros centros públicos, incluso cuando algunas familias afectadas ya han declarado que la sentencia debe aplicarse. Para refrendar su postura, la secretaria de Educación del Govern, Patrícia Gomà, declaró en RAC1 este miércoles que la sentencia del Alto Tribunal llega tarde:  "el Supremo se ha limitado a no admitir los recursos que había interpuesto la Generalitat. Estamos en un momento posterior en el que se ha aprobado un nuevo marco normativo y, por tanto, son inaplicables las sentencias que se habían dictado en este momento anterior".

Un total de 22 centros que aplican el 25%

El Govern está estudiando con detalle los métodos legales para que la obligación del 25% del castellano quede sin efecto en aquellas escuelas en las que por orden judicial debe aplicarse por la solicitud de algún particular. Por ahora, se ha lanzado a eludir la exigencia del Supremo en aquellos centros que aplican el mínimo del castellano como medida cautelar: un total de 10 de los 22 centros totales. En este sentido, Gomà ha declarado que con la llegada del nuevo curso escolar esperan no "aplicar el porcentaje en la mayoría de aulas". El Ejecutivo catalán ya ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que queden sin efecto con el argumento de que el marco vigente no aplica porcentajes y no hay una sentencia firme que obligue a garantizar el castellano.

El Departamento de Educación del Govern da por hecho así que en septiembre esas escuelas no aplicarán el 25% por mucho que la Justicia les haya instado a ello y estudia cómo eludir el fallo en las otras 12 escuelas donde aplican el mínimo del castellano bajo sentencia. Como ha declarado la representante del Govern, los servicios jurídicos de la Generalitat están estudiando cuál es la manera procesal más oportuna para que las sentencias sean inaplicables.

Plataformas en defensa del castellano ya se han pronunciado. "Ninguna escuela puede tomar esa decisión sin aval del TSJC", aseguraron desde la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), que lleva todos estos meses asesorando a las familias para que el 25% se aplique en los centros de sus hijos. Avisan que la trama judicial se va a alargar ya que la Generalitat podría incurrir en desobediencia cuando el TSJC se pronuncie en septiembre.

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