"Acciones judiciales y extrajudiciales" contra España Global por el informe que desmonta las tesis independentistas y pone en tela de juicio los repetidos mantras de los políticos afines a la ruptura con el resto de España.
El informe "perjudica fuertemente la imagen de Cataluña" y "vulnera la presunción de inocencia", según ha asegurado la portavoz del Gobierno autonómico Meritxell Budó, en la posterior rueda de prensa tras el consejo ejecutivo semanal de la Generalitat.
"Se ha autorizado la interposición de un requerimiento previo a la vía contencioso" y "pondrá en conocimiento de la Fiscalía" este informe "por si puede ser constitutivo de alguna infracción penal", ha afirmado la portavoz que protagonizó la polémica de vetar preguntas en castellano en estas ruedas de prensa.
El informe de España Global, institución dirigida por Irene Lozano, muestra las falsedades repetidas por los independentistas y las contrarresta con las "verdades" sobre la situación política en Cataluña. El informe se dio a conocer a embajadores y periodistas extranjeros para contrarrestar la actividad de las 'embajaditas catalanas' y ganar así un mayor apoyo en la batalla del relato.
En ese estudio se dijo que es "falso" que el movimiento independentista fuera pacífico. "Como en todos los movimientos, se producen formas de actuar diferentes. Ha habido sectores que se han radicalizado y se han implicado en actos violentos. Ejemplo de ello fue el asedio tumultuario a la Consejería de Economía el 20 de septiembre del 2017", señalaba como verdadero.
Tampoco identificaba a los líderes del 'procés' como "presos políticos". "En España, obviamente, no hay presos políticos. Ningún político catalán ha sido procesado por sus ideas", explicaba el informe, asegurando que todos los "líderes independentistas se expresan libremente en los medios, algunos lo hacen incluso desde la prisión". Al tiempo que recuerda: "Las personas procesadas lo están por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal español y están siendo juzgadas con todas las garantías". También tipifica como falso que la ONU haya reconocido el derecho de autodeterminación a los pueblos, ya que solo estipula ese caso para "pueblos oprimidos o colonias" y Cataluña ni está oprimida ni es una colonia. "Tiene instituciones propias, su sociedad es bilingüe y forma parte de un Estado de derecho como el español que está entre las 20 democracias plenas del mundo", apuntaba.
La Generalitat se centra en la valoración sobre el 1-O explicada en el informe. En concreto, el texto apunta que es falso que durante la jornada del referéndum de autodeterminación, la actuación de la policía provocó más de mil heridos. "Sin entrar a valorar el número de personas que sufrieron contusiones de algún tipo en esa jornada, hay que destacar que sólo tres personas fueron ingresadas en hospitales por algún tipo de lesión directamente derivada de cargas policiales. Cuarenta y ocho horas más tarde, sólo quedaba una persona hospitalizada", recordaba.
Incluye numerosas opiniones subjetivas sobre los hechos del 1 de octubre
También detectaba como falso que el referéndum fuera impuesto por "mandato democrático en favor de la independencia de Cataluña". "No fue un referéndum democrático. No tuvo las mínimas garantías democráticas, conforme a instituciones como la Comisión de Venecia, ni en su origen, ni en el proceso de votación en sí. No hubo censo, ni campaña por el no ni neutralidad de los medios públicos catalanes; sí hubo múltiples irregularidades y no fue observado por ninguna institución internacional (OSCE, Consejo de Europa, UE). Fue anulado por el Tribunal Constitucional", explicaba.
El informe "incluye numerosas opiniones subjetivas sobre los hechos del 1 de octubre", ha asegurado Budó, quien ha criticado que se haya hecho público ya que supuestamente "vulnera la directiva europea sobre la presunción de inocencia y además puede suponer una interferencia en el poder judicial, ya que criminaliza el movimiento independentista a pocas semanas de la sentencia del Tribunal Supremo". "Se daña la imagen de Cataluña en el exterior hay que denunciarlo y utilizaremos los mecanismos legales para hacerlo", ha aseverado.
