Illa apurará los tiempos para cerrar un pacto sobre financiación con ERC y atar su investidura

Hasta el 25 de agosto. El PSC y ERC ya han iniciado formalmente la negociación para la investidura con la reunión de ambos equipos negociadores este martes en Barcelona. Ambos partidos tienen hasta finales de agosto para ponerse de acuerdo y evitar la repetición electoral, que tanto republicanos como socialistas quieren evitar a toda costa y que Carles Puigdemont busca como un escenario propicio para ser el próximo presidente de la Generalitat. Por el momento, Salvador Illa comunicará al presidente de la Mesa, Josep Rull, que no irá como candidato a la cita fijada el 25 de junio para el debate de investidura, por lo que el calendario empezará a contar después de esa fecha.

Tanto Illa como Puigdemont siguen posicionando sus fichas para ganar enteros presentarse a una futura investidura con todas las garantías de gobierno. Por el momento, el PSC juega ahora todas sus cartas con la mediación del Gobierno mediante y con el debate de la financiación singular como primer punto de desencuentro. Los socialistas ya han dado 'carpetazo' a que Cataluña salga del régimen común de financiación, lo que equipararía a la autonomía a tener un cupo como el vasco. Sin embargo, los republicanos capitaneados por Marta Rovira no ceden y reclaman este modelo financiero para Cataluña.

Hasta ahora, los socialistas se han limitado a plantear el despliegue del Estatut de 2006, tal y como habían fijado en su hoja de ruta electoral, con la creación del consorcio tributario. "No puede ser que el tercer territorio que más recursos aporta sea el decimocuarto en recibir", ha dicho más de una vez el líder del PSC, y también espetaba en su momento Pere Aragonés, y ha insistido en que esto "no es un privilegio, sino cuestión de justicia".

ERC no tiene suficiente con eso. Los republicanos ya han avisado de que sin concierto económico no van a ceder los votos, y que no quieren que el nuevo sistema de financiación sea un añadido al régimen común. Su propuesta pasa por que Catalunya recaude todos los impuestos, pague al Estado por los servicios que presta al país, y también traspase dinero a un fondo de solidaridad para las comunidades con menos recursos.

Esto podría lograrse con una reforma de la LOFCA, viable con la actual mayoría progresista en el Congreso pero donde el Ejecutivo tendría en contra a los principales barones territoriales de la oposición e incluso propios. La principal voz disidente ha sido la del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

De hecho, las principales CCAA ya han pedido formalmente una reunión con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para abordar la cuestión después de que haya explicitado que Cataluña debe ser tratada con singularidad en lo que respecta a la financiación. Como fuera, el PSOE y ERC se han emplazado a entenderse antes que abocar a Cataluña a una repetición electoral, que Marta Rovira quiere evitar a toda costa en plena pugna interna en el partido hasta el congreso extraordinario que tendrá lugar el próximo noviembre.

Ambos bandos parten alejados aunque, sin embargo, ya han tenido acuerdos importantes como los presupuestos catalanes, que finalmente fueron tumbados en la cámara catalana y precipitaron el adelanto electoral. Illa confía así ganar tiempo para llegar a un acuerdo sobre financiación antes de que acabe el verano y avanzar a Carles Puigdemont en el relevo del próximo Ejecutivo en Cataluña.