El Consell de la República experimenta sus últimos estertores en Bélgica. Después de que el 'expresident' Carles Puigdemont huyese a Bélgica para instalarse en una mansión en Waterloo, intentó mantener el protagonismo con un singular artefacto político. Se trató del llamado Consell de la República, una suerte de Generalitat paralela fuera de nuestras fronteras encargada de sentar las bases de una futura Cataluña separada de España. Este "Govern en el exilio" —así lo llamaba TV3 y los secesionistas muy cafeteros— llegó a tener 100.000 donantes. Pero sus sucesivos escándalos y el renovado papel de Puigdemont en la política española han terminado convertir el organismo en otro juguete roto del nacionalismo.
Sin ir más lejos, este jueves, eclipsado por la tragedia de Valencia, se hizo público el informe final de la auditoría externa sobre los gastos a cuenta de la entidad de su vicepresidente de Consell: el también fugado Toni Comín. Y dictamina que éstos, que ascendieron a 15.000 euros, no se encuentran "justificados en el marco del exilio" al disponer Comín en ese momento de "ingresos propios" como eurodiputado. En concreto, Comín destinó fondos del Consell para pagar una multa de tráfico de 363 euros; el alquiler de un automóvil y de un apartamento durante 15 días (por 2.562 y 1.997 euros, respectivamente); impuestos por valor de 4.608 euros y retiradas de efectivo por un total de 6.000 euros.
Quince días antes, y pese a que fue el diario nacionalista 'El Món' el que destapó el caso, el Consell cerró filas en torno a Comín alegando que los indicios se habían hecho públicos tras un "ataque informático" perpetrado por "piratas, probablemente a sueldo de las cloacas del Estado". Una defensa que el rotativo no dudó en calificar como "hilarante".
Pero el descrédito de la entidad también se ha ido gestando desde 2018 por su progresiva falta de democracia interna. Una carencia que estalló el verano pasado, cuando parte de sus miembros publicaron una carta denunciando que Puigdemont disolviese "por sorpresa" la Asamblea de Representantes del Consell —una suerte de Parlamento interno— para hacerse con todo el poder. La maniobra despertó tal indignación que fue descrita en la misiva como contraria a los "valores de la República" y, por tanto, "prepotente y española".
Por lo demás, la endeblez del organismo, incapaz de garantizar su propia seguridad, tampoco ha sido de ayuda. Y es que, tras las revelaciones sobre los gastos irregulares de Comín el mes pasado, el correo oficial del Consell fue pirateado y difundió un e-mail falso en el que la mano derecha de Puigdemont presentaba su dimisión. "Estamos intentando recuperar el control del sistema", publicaron poco después en X, en un mensaje involuntariamente ilustrativo de la situación que atraviesa la entidad.
Todo ello ha provocado un goteo de bajas que han minado aún más la financiación de este declinante "Govern paralelo" —un varapalo especialmente duro para Comín, que al no poder acceder a su escaño como eurodiputado por no haber jurado la Constitución carece de ingresos—. Pero, sobre todo, la creciente indiferencia de Puigdemont hacia el organismo le ha asestado el golpe de gracia.
Por una parte, el abandono del líder de Junts lo ha motivado el fracaso de la vía internacional para resucitar el 'procés', agravado además por la pérdida de los escaños convergentes en Bruselas —en los últimos comicios europeos, Junts se dejó medio millón de votos—. Por otro, el rol estelar en la política española que ha adquirido tras respaldar la investidura de Pedro Sánchez —cuya supervivencia parlamentaria depende de sus siete votos— le ha alejado anímicamente de Waterloo y acercado a la Carrera de San Jerónimo. También al parlamento catalán, donde su ascendiente se ha visto reforzado al convertirse en líder oficial de Junts en congreso celebrado en octubre. Solo le queda un peldaño por superar: que se le aplique la amnistía pactada con Sánchez.
