Ha llovido sobre mojado en la última batalla de la guerra entre el taxi y las VTC. Para entender el problema de la ordenación en el transporte urbano hay que remontarse al vacío legal dejado en 2009 y que se ha mantenido hasta 2015, cuando el Gobierno impuso por decreto que la competencia de los VTC era Estatal.
Tras un varapalo judicial a los taxistas en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña llegó la modificación del Ejecutivo socialista a mediados de septiembre del pasado año permitió, permitiendo que cada autonomía pudiera regular sobre este sector. La medida ha puesto de manifiesto la falta de acción del Gobierno de Pedro Sánchez, pasando esta patata caliente a los gobiernos autonómicos y encendiendo una mecha en una guerra contra Uber, Cabify y el resto de compañías del sector.
Los taxistas llevaban hasta entonces años de protestas y huelgas, pero no ha sido hasta este pasado mes de enero cuando se ha comenzado una verdadera ofensiva para atajar el problema, aunque se trate de un parche, ya que un cambio en la normativa estatal podría tumbar los decretos autonómicos y encender de nuevo la mecha.
Seis licencias VTC por cada 30 taxis
En este duelo, tan solo Madrid se ha desentendido completamente, manteniendo la regulación que había y permitiendo la coexistencia de las VTC y los taxistas bajo el argumento de que sean los ciudadanos quienes escojan el medio de transporte.
Los taxistas en Barcelona, como ha sido siempre, llevaron la voz cantante para defender no solo los intereses de 12.591 licencias de Cataluña, sino de las 65.735 que hay en toda España, frente a las 13.171 VTC que hay en el país. La proporción es seis veces más de la aprobada por ley. Para ajustarse a la misma, deberían existir un máximo de 2.191 licencias VTC en toda España.
Según los datos oficiales del Ministerio de Fomento, dirigido por José Luis Ábalos, en Madrid operan un total de 15.588 licencias de taxi, frente a las 6.632 licencias VTC, una ratio de 12 por cada 30, el doble que la media de España. En Cataluña, con 12.591 taxis, había 2.420 VTC, es decir, 6 por cada 30 taxis.
Cataluña, de los quince minutos a la expropiación
Tras el decreto de Ábalos, los gobiernos autonómicos emprendieron una batalla para acabar con el conflicto entre taxistas y VTC, pero tras meses de espera, los taxistas de Barcelona activaron una huelga indefinida, a un mes del Mobile World Congress (MWC). El resultado de este "chantaje" -según la patronal Unauto- y medida de presión -según los taxistas- fue el primer decreto que establece un tiempo de quince minutos de precontratación, con una sanción de 1.001 euros a quien se lo salte, así como la prohibición de la geolocalización.
La medida da la potestad a los Ayuntamientos y entes supramunicipales de establecer hasta 60 minutos de precontratación, un nuevo reglamento que está preparando el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). Como consecuencia a esta barrera en el mercado, las empresas propietarias de las licencias VTC han anunciado Expedientes de Regulación de Empleo, con más de 3.000 empleados afectados. Sin embargo, la Consejería de Territorio, con Damiá Calvet al frente, pretende solucionar el problema de estas licencias inoperativas mediante la vía de la expropiación.
La Generalitat explora ahora la vía de la "expropiación" de VTC a las empresas con el pretexto de hacerlas operativas para otras empresas. Unauto VTC ha pedido amparo a la Vicepresidencia del Ejecutivo catalán, en manos de Pere Aragonés, para evitar que Damiá Calvet cumpla con esta amenaza, que supondría el fin de su negocio en Cataluña.
La patronal se ha escudado en la reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que estima que las VTC no realizan ninguna "competencia desleal".
El plan de Calvet costaría 1.000 millones de euros a todos los catalanes por la compra de estas licencias, según los cálculos de Unauto VTC, convirtiendo a Cataluña en el "único lugar del mundo donde las aplicaciones que van a llegar a Cataluña operen con un tiempo mínimo de espera".
Pedimos amparo a la Vicepresidencia de la Generalitat y a Consejería de Empresa ante las descabelladas amenazas de Calvet de expropiar autorizaciones
Este tiempo de precontratación fue una de las exigencias del taxi para levantar la huelga y extinguir las VTC que operan en las plataformas de Uber y Cabify. En este sentido, han pedido "amparo" a Aragonés y a la Consejería de Empresa para parar los pies a Calvet y sus "descabelladas amenazas" de expropiación.
Madrid, distancia mínima de 300 metros
Los taxistas de Madrid se sumaron a la huelga de Barcelona. La esperanza estaba puesta en el pacto conseguido por los compañeros de la Ciudad Condal, liderados por Alberto Álvarez 'Tito'. Tras paralizar la entrada a Fitur, acampar en la Castellana y llegar a hacer una huelga de hambre, los taxistas madrileños votaron a favor de poner fin a un paro tras 16 jornadas ininterrumpidas sin obtener ningún compromiso por parte del Gobierno de Ángel Garrido.
Estos autónomos dejaron de ingresar de media unos 220 euros diarios, es decir, unos 3.520 euros de media durante toda la huelga, un montante que podría haber sido mayor debido a la celebración de la mayor feria del Turismo en España, Fitur. La suma de todo el sector podría haber alcanzado los 37 millones de euros.
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, se ha alegrado de que los taxistas hayan "reflexionado" y decidido abandonar la huelga y ha asegurado que nunca debieron haber dejado de trabajar, lamentando que hayan estado "mal guiados por unos pocos". El presidente autonómico se ha opuesto a eliminar a las VTC y ha afirmado que la competencia es "buena para que todo el sector mejore".
La Comunidad de Madrid ha pactado con el Ayuntamiento durante la huelga que las VTC pudieran contratarse siempre y cuando hubiera una distancia mínima de 300 metros entre el coche y el cliente. Los taxistas, con la mirada puesta en Cataluña, aceptaron a regañadientes la oferta, más cuando un grupo numeroso exigía un tiempo de precontratación, sin que se haya cedido a sus pretensiones.
Valencia calca el decreto catalán
Valencia ha copiado casi al pie de la letra el decreto de las VTC en Cataluña, que obligó a Uber, Cabify y otras empresas a cerrar el negocio en la región.
El decreto valenciano establece una espera de quince minutos para poder ofrecer el servicio, mientras que queda prohibida la geolocalización. Una nueva normativa, propuesta a los taxistas, que pondría en apuros a las empresas de VTC, como Uber y Cabify, que operan en la Comunidad. Entre otras cuestiones, los vehículos VTC tendrán una antigüedad inferior a los diez años.
El Gobierno de Ximo Puig sigue así la estela de Cataluña, al contrario que Madrid, cuya huelga de taxistas sigue en su decimosexto día. Esta normativa valenciana de momento es un borrador, y cuenta con el beneplácito de los taxistas.
Los quince minutos de precontratación serán exigibles y se articulará una vigilancia para evitar que se incumplan. Como ocurre en Cataluña, la Generalitat valenciana exigirá este tiempo de espera entre la solicitud del servicio y hasta el inicio del mismo.
Los municipios tendrán la potestad para ampliar los tiempos de precontratación si así lo estiman necesario. En Barcelona, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), presidida por Ada Colau, impondrá 60 minutos de precontratación, aunque esta medida será impugnada por la autoridad de Competencia de Cataluña, según ha asegurado el organismo a Vozpópuli.
El objetivo de este nuevo decreto es imponer una regulación, diferenciando a VTC y taxi, para que puedan convivir, exactamente el mismo argumento esgrimido por la Generalitat de Cataluña. Valencia ha hecho hincapié en la captación de clientes, con la prohibición a las VTC de circular vacíos por la ciudad para poder recoger pasajeros.
País Vasco da portazo a las VTC
El Gobierno vasco ha negociado con taxistas y VTC un borrador de un decreto para regular a las VTC en el que se impone la hora de precontratación en toda la región. Ni Uber ni Cabify operan, pero si tenían planes para ello éstos no son materialmente posibles.
El borrador del Decreto, al que ha tenido acceso Vozpópuli, establece una nueva regulación y dista en varios puntos de la propuesta realizada por el Gobierno de Íñigo Urkullu el pasado mes de diciembre debido a una extralimitación de sus competencias, como fijar los precios.
"El contrato de arrendamiento de vehículos con conductor deberá haber sido cumplimentado previamente a que se inicie la prestación del servicio contratado, debiendo transcurrir una hora desde la solicitud de los servicios", reza el texto. Si el conductor para en la vía pública por razones ajenas al servicio, como un café, no podrá coger ningún cliente hasta pasado una hora.
Al contrario que en Madrid y Cataluña, la batalla entre taxistas y VTC en el País Vasco se ha realizado sin anuncios de ningún tipo, sin protestas y en consenso con todas las partes afectadas. Todo ello sin que se cumpla la ley 1/30. País Vasco tiene un total de 2.136 licencias de taxi y 107 VTC, 1,5 veces más de la norma.
El Ejecutivo vasco establece que las VTC están vinculadas a un coche y no al conductor, diferenciando así ambos sectores, un argumento esgrimido por la Generalitat de Cataluña. La licencia de taxis se conceden a personas físicas, mientras que las VTC están vinculadas al vehículo.
Para poder contratar una VTC, debe "transcurrir una hora desde la solicitud de los servicios. Se llevará a bordo del vehículo la documentación acreditativa de dicha contratación", recoge el borrador, y "únicamente podrán circular si se justifica que están prestando un servicio previamente contratado". Ninguna VTC en el País Vasco podrá circular por la vía pública en busca de clientes, ni propiciar la captación de viajeros que no hubiesen contratado previamente el servicio, según se indica en el documento.
Baleares, un problema en temporada alta
El Gobierno de Baleares concederá licencias temporales de VTC para atajar el problema de movilidad que se repite en la temporada alta. Se trata de "licencias insulares" y que solo tendrán su negocio en Mallorca, con una temporalidad de tan solo "seis meses" y competirán con los taxis y las licencias VTC de Mallorca, según han asegurado fuentes del Ejecutivo autonómico a Vozpópuli.
El problema en Baleares es que faltan vehículos en la temporada estival, ya que no se llega a cubrir la demanda. En toda la Comunidad conviven 2.478 taxistas con 214 VTC, sin que los datos de Fomento distingan entre islas del archipiélago.
Otra de las medidas que estudia el Gobierno de Francina Armengol es imponer una hora de precontratación a las VTC para regular su actividad. No obstante, se trata de momento de un globo sonda sin que se haya fijado una fecha definitiva para su aprobación.
Galicia, sin tiempo de precontratación
La Junta de Alberto Núñez Feijóo ha impuesto el distintivo autonómico a las VTC, tal y como recoge el decreto de Ábalos, para identificar con mayor facilidad a los vehículos con licencias VTC que operan en Galicia.
Con esta bandera se evita así que haya piratería en el sector, mientras que se evitará que puedan circular buscando clientes por las calles. El distintivo se tendrá que colocar en la parte izquierda de la luna trasera del vehículo, al tiempo que tendrán también la matrícula de color azul, al igual que los taxis.
El Gobierno gallego ha pedido a Fomento un nuevo y "claro" marco regulatorio para toda España, para garantizar una "competencia leal" y defender los derechos de los usuarios de este tipo de transporte.
