Los eurodiputados de JxCat, Carles Puigdemont, Antoni Comín y Clara Ponsatí, abren este lunes en Barcelona una "oficina europarlamentaria" para "atender a los electores" a través de un equipo de colaboradores que trabajará físicamente en el local.
La oficina, situada en la calle Bonaire, en el Born, y abierta de lunes a viernes, pretende servir para que "cualquier ciudadano" pueda acudir a plantear sus "propuestas, ideas, quejas o inquietudes sobre el funcionamiento de la política europea" o de Cataluña, han informado los eurodiputados de JxCat en Twitter.
Según aseguran Puigdemont, Comín y Ponsatí, el edificio donde se aloja la oficina fue "el último que quedó en pie en el barrio de la Ribera que Felipe VI hizo demoler después de 1714", por lo que es "un símbolo más de resistencia y lucha por la libertad".
El local acogerá periódicamente "actos de pequeño formato en conexión Barcelona-Bruselas" y retransmisiones de actos que se organicen en el Parlamento Europeo, además de encuentros telemáticos con los tres eurodiputados, huidos a Bélgica desde otoño de 2017.
Puigdemont, Comín y Ponsatí subrayan que, como eurodiputados, disponen de "la financiación y la capacidad para abrir una oficina" en Cataluña, pero aún no la pueden visitar "libremente".
En "muchos países europeos", señalan, los europarlamentarios "tienen una oficina de atención a los electores situada en el territorio donde han sido escogidos. De esta manera, el contacto entre político y ciudadano puede ser constante durante todo el mandato. Nosotros vivimos en el exilio, pero no podemos permitir que la represión nos impida acercarnos y escuchar" a los ciudadanos.
No pueden visitar la oficina
Puigdemont, Comín y Ponsatí subrayan que, como eurodiputados, disponen de "la financiación y la capacidad para abrir una oficina" en Cataluña, pero aún no la pueden visitar "libremente" debido a las órdenes de detención del Tribunal Supremo, lo cual representa a su entender "una gran contradicción".
"Si hoy podemos abrir esta oficina es gracias al hecho de que el derecho europeo tiene prevalencia sobre el derecho español", apuntan los eurodiputados de JxCat, que acusan al Estado español de "violar decenas de directivas y normas europeas cada año".
Los proveedores de teléfono, energía y seguro son "empresas catalanas, sin ningún vínculo con el Íbex-35" porque "el camino hacia la independencia también es un camino de desconexión de los grandes poderes económicos del Estado español".
"Debilitarlos es fortalecernos", agregan en una serie de quince tuits desde su cuenta conjunta de eurodiputados "Junts i Lliures per Europa".
Piden, además, a las empresas con las que trabajen que les facturen "en catalán, como marca el código de consumo".
