Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras y los otros 31 sancionados tendrán que recurrir al dinero 'público' catalán para avalar sus multas en el plazo exigido. Los ex cargos del Govern a quienes el Tribunal de Cuentas exige entregar de forma cautelar 5,4 millones de euros por el presunto uso irregular de fondos públicos para las denominadas 'embajadas catalanas' presentarán la documentación que avala la prestación de estas cantidades antes 00.00, momento en el que termina el plazo dado por el órgano contable para no ser embargados, y lo harán recurriendo al Instituto Catalán de Finanzas (ICF) .
El conseller de Economía, Jaume Giró, anunció este mismo miércoles de que la Generalitat tiraría de ICF para cubrir las cantidades tras no haber encontrado ninguna entidad financiera que haya aceptado avalar el fondo impulsado inicial por la Generalitat para cubrirlas.
Así lo han señalado a Europa Press fuentes próximas a los 34 afectados, entre los que se encuentran los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont y el exvicepresidente Oriol Junqueras. Los abogados de todos ellos trabajan en la firma de los avales afianzados con el ICF para poder presentarlos antes de la medianoche.
Una vez se entregue la documentación, el Tribunal de Cuentas tendrá que valorar si ésta es suficiente para considerar afianzadas las cantidades reclamadas, que se exigen de forma preventiva para el caso de que sea declarada la responsabilidad contable de los cargos independentistas cuando sean juzgados.
Con independencia de la presentación de estos avales, el expresident Carles Puigdemont ha recurrido la decisión del Tribunal de Cuentas de no ampliar el plazo fijado para este miércoles. Solicita a este órgano que reconsidere su postura y amplíe el plazo para la entrega de las cantidades.
Tal y como establece la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, si las defensas no abonan la caución correspondiente, se procederá al embargo de bienes de los implicados hasta cubrir las cantidades que se les reclaman cautelarmente.
Según el acta de liquidación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press, el Tribunal de Cuentas reclama a 34 ex cargos cantidades individuales por conceptos concretos que aprobaron cuando estaban en sus respectivos puestos en el Govern.
La mayor suma se le atribuye al ex secretario del Diplocat Albert Royo, a quien se le responsabiliza de 3,6 millones; le siguen la ex interventora de la Generalitat Mireia Vidal, por 3,1 millones; el ex conseller de Presidencia Francesc Homs, por 2,9 millones; el ex presidente Artur Mas por 2,8 millones; y el ex conseller de Economía Andreu Mas-Colell por 2,7 millones.
En el caso de Raül Romeva, uno de los nueve indultados por el Gobierno, la cifra alcanza los 2,1 millones de euros; Junqueras --también beneficiado por la medida de gracia-- figura con una responsabilidad contable de 1,9 millones, al igual que Puigdemont.
Aunque se les reclama a cada uno cantidades individuales, todos ellos deben responder al total de 5,4 millones de forma solidaria.
Una vez que se hayan abonado las fianzas y resuelto los recursos se dará traslado de la pieza y demás actuaciones al representante de la entidad del sector público perjudicada -en este caso la Generalitat-- y las demás acusaciones --Sociedad Civil Catalana y la Asociación de Abogados Catalanes-- para que dentro del plazo común de 20 días presenten demanda.
Si no se llega a presentar, se conferirá traslado al Ministerio Fiscal, por el mismo plazo, para que la formule si así lo considera oportuno; en caso de que tampoco presentase escrito, el órgano de la jurisdicción contable a cargo del litigio ordenará de oficio el archivo de los autos.
En el caso de que sí haya demanda y una vez finalizada esta instrucción, continuará el procedimiento en el Departamento Segundo de Enjuiciamiento, en manos de la juez Margarita Mariscal de Gante, al que por turno le correspondió este asunto.
