Trabajadoras de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona han desbaratado operativos para erradicar el top manta en Barcelona. Así lo han comprobado agentes de incógnito 'in situ' durante dos operativos que debían llevarse a cabo en Colón y Plaza Cataluña.
Las mujeres, de nacionalidad española, alertaban a los manteros de estos dispositivos policiales y emprendían la huida. De esta forma, cuando los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana llegaban al lugar ya no había nadie. Los agentes de incógnito van pedir a ambas mujeres que se identificaran y se excusaron en que eran asistentes sociales del Ayuntamiento de Barcelona y que estaban en la zona haciendo un trabajo psicosocial con los manteros.
Este presunto proceder de las trabajadoras de asuntos sociales es un delito tipificado en el Código Penal por "infracciones como la venta de productos falsificados que van contra la propiedad industrial e intelectual". Así lo ha denunciado el sindicato Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), mayoritario en la en las administraciones públicas.
"Es un presunto delito y estas personas están colaborando, en su figura de colaborador necesario, en la comisión del delito además de incurrir, presuntamente, en una infracción penal de obstrucción a la Justicia", ha continuado el sindicato.
El CSIF ha denunciado que Ada Colau, en su convivencia con los manteros, "avisa a estos cuando hay planificada alguna intervención policial en la lucha contra la venta ilegal".
No es la primera denuncia en este sentido. El pasado mes de agosto políticos y un sindicato policial denunciaron los mismos hechos cuando se dio el chivatazo hasta en diez operativos policiales. No obstante, no había pruebas tan contundentes como las de ahora. Sin embargo, sí se pidió a la Fiscalía una actuación a tenor de las grabaciones de los agentes.
Filtraciones y "fuga de información" a los manteros
El sindicato llevaba tiempo intuyendo que en determinadas operaciones policiales sobre el "top manta" se había filtrado información para "prevenir a los manteros", mostrando así el fracaso de las operaciones policiales.
Este hecho, calificado de "gravísimo" por el CSIF, pone de manifiesto que la "alcaldesa (Ada Colau) pone trabas al trabajo policial". "Esto implica la clara convivencia del Ayuntamiento con los manteros y la venta ilegal", que perjudica gravemente a los comerciantes.
"El Ayuntamiento convive y, presuntamente, tapa un hecho delictivo", ha denunciado el CSIF. "Si es así, comete un delito de obstrucción a la Justicia y un posible delito de participación activa y de apoyo a estos hechos delictivos", han considerado.
La madre de Rodrigo Lanza lleva la defensa de los manteros
A su vez, CSIF denuncia que la asociación iridio, subvencionada por el Ayuntamiento de Barcelona y dirigida por la madre de Rodrigo Lanza, condenado en 2006 por dejar a un policía parapléjico y que mató en 2017 en Víctor Laínez en Zaragoza, es la que lleva la defensa jurídica de los manteros en las intervenciones de la policía.
"Estamos ante "el papelón de Ada Colau" que ante las próximas elecciones municipales quiere hacer ver que lucha contra las ilegalidades a Barcelona pero colabora con el "top manta" y a su vez pone en riesgo la integridad de la su policía y de la policía de la Generalitat, Mossos, en el ejercicio de sus funciones", ha denunciado este sindicato, al tiempo que recuerda que "Ada Colau pidió a la Generalitat su colaboración para realizar intervenciones en Barcelona por la falta de efectivos y para descender la criminalidad en la ciudad".
Colau no defiende a los agentes heridos
"Es una falta de respeto institucional", han asegurado. El Ayuntamiento, a través de esta asociación, defiende a los manteros pero se niega a presentarse como acusación particular cuando un agente resulta lesionado por un mantero.
"Los impuestos de los ciudadanos, gestionados por Ada Colau, son para colaborar con el "top manta" en la defensa de estos y avisándoles cuando la policía intervendrá", denuncian desde CSIF.
CSIF insta a la Fiscalía que actúe de oficio y abra diligencias de investigación ante estos hechos y exija responsabilidades políticas y penales. De no ser así, CSIF estudia presentar formalmente requerimiento ante Fiscalía para que lleve a cabo las investigaciones y acciones oportunas.
